Empresarios, en pie de guerra: amenazan con llevar a la Justicia el control de precios y stocks
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Las principales empresas de la alimentación van a reclamarle al Gobierno que deje sin efecto, de manera inmediata, la medida por las que se las obliga a brindar información sobre la producción, ventas, precios y stock de los productos que fabrican. En caso de que la secretaría de Comercio se niegue y mantenga la disposición, los empresarios recurrirán a una instancia judicial para hacer el reclamo.
La decisión se tomó durante la tarde del martes, durante una reunión virtual y aún así "caliente" entre los ejecutivos de las empresas alimenticias más grandes, que están aglutinadas en la poderosa Copal.
Los empresarios, que venían manteniendo un diálogo abierto con el Gobierno a través de las "mesas de coordinación", a través de las cuales se intentaba evitar "precios injustificados" y distorsiones a lo largo de la cadena productiva.
Pero ese diálogo pareció cortarse cuando el Gobierno lanzó un régimen informativo obligatorio para las compañías -el Sipre-, a través del cual las grandes empresas deberán informar mensualmente su producción, ventas, precios y stock.
La decisión que se tomó ayer martes es la siguiente: como primer paso, pedirle a Comercio que deje sin efecto la medida.
Si no logran una respuesta positivas, las principales empresas alimenticias del país irán a la Justicia en lo Contencioso Administrativa para intentar que un juez les dé la razón: básicamente plantearán que varios datos que les pide el Gobierno son confidenciales y hacen a la competencia entre las compañías y que, por otra parte, les insume costos adicionales que no están dispuestas a aceptar.
La cuestión ya fue adelantada por el titular de la Copal, Daniel Funes de Rioja, al propio ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en un encuentro reservado, en las últimas horas, según pudo saber iProfesional.
Qué deben hacer ahora las empresas
Según el Sipre (Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica), las empresas deberán informar mensualmente los precios de venta vigentes y cantidades vendidas de los productos que elaboran.
Incluye a los rubros de los alimentos -el más sensible a nivel político y social- pero también a los otros como: bebidas, perfumería, limpieza e higiene personal, insumos de uso difundido, electrodomésticos, muebles y alimentos para animales.
Por ahora, la queja formal proviene exclusivamente del sector de la alimentación.
Esa protesta en soledad generó malestar puertas adentro de la Copal. Los ejecutivos de las alimenticias preferirían que la Unión Industrial se solidarice en el reclamo. "No entendemos esa pasividad. Tendríamos que estar todos juntos en el reclamo", admitió un empresario, en diálogo con iProfesional.
La medida debe ponerse en marcha el jueves 1 de abril. Entre ese día y el 10, las compañías están obligadas a enviar la información al Gobierno. ¿Qué harán las alimenticias en caso de que Comercio no escuche el reclamo?
"Iremos a la Justicia. A partir de que no hagan lugar a nuestro reclamo tendremos 60 días para llevar el pedido a un juez", dice la fuente.
Por ahora no hay una decisión en conjunto respecto de qué harán a partir del mes que viene. Si van a rebelarse contra la medida y desobedecer la instrucción, que ya fue publicada en el Boletín Oficial y daría lugar a un reclamo legal por parte del Gobierno en caso de incumplimiento.
El rechazo empresario era esperado en el gabinete económico. De hecho, el propio Funes de Rioja había dado cuenta del "malestar" y la "mala señal" que el Gobierno enviaba al sector empresarial apenas se conoció la nueva medida de control.
Entre los funcionarios advertían, no obstante, que esa queja era puntual del sector de la alimentación, con quien el Gobierno viene manteniendo una relación tirante desde hace un año, cuando comenzó la pandemia y se impusieron un congelamiento y severos controles de precios.
Los empresarios de la alimentación reclamarán, a su vez, el final del programa de Precios Máximos, que tiene fecha de vencimiento el próximo día 31, pero que el Gobierno tiene decidido prorrogar una vez más.
Los ejecutivos vienen pidiendo la extinción de ese programa, que mantiene prácticamente sin variantes los precios de unos 70.000 productos desde hace un año.
A diferencia de lo que sucede con otros alimentos, como por ejemplo las carnes, las frutas, verduras y los lácteos, los precios de los productos envasados (arroz, fideos, harinas, azúcar) vienen corriendo por detrás de la inflación promedio. Justamente, por la imposición de los controles.
Por lo pronto, el Ministerio de Desarrollo Productivo publicó un instructivo de 27 páginas para que las empresas completen la información sobre sus productos.
Las compañías "deberán informar los precios, cantidades producidas y/o vendidas y stock disponible de la totalidad de sus productos", pidió el Gobierno mediante la norma.
El objetivo es "hacer más sencilla y transparente la cadena de comercialización de los productos en el mercado interno", dice la Disposición 4/2021 de la subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno del Ministerio conducido por Kulfas.
Con esta medida, aseguran los funcionarios, se busca "prevenir faltantes o escasez de insumos y productos finales y mejorar sus políticas para el mercado interno'', reza la disposición.
Entre las variables que las empresas deberán informar figuran: el tipo de producto (nuevo, vigente o discontinuado), código interno del producto, marca, modelo, presentación, unidad de medida, si el destino es industrial, de comercialización mayorista o minorista, precios de lista con y sin IVA, bonificaciones otorgadas, cantidades vendidas y stock disponible.
"Las empresas deberán informar mensualmente bajo declaración jurada los precios de venta vigentes y cantidades vendidas de los productos de los rubros de alimentos, bebidas, perfumería, limpieza e higiene personal, insumos de uso difundido, electrodomésticos, muebles y alimentos para animales", definió el gobierno.
A mediados de febrero, la Secretaría de Comercio Interior había imputado a grandes empresas de alimentos por "retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización".
También había intimado a las compañías que elaboran insumos para la construcción a garantizar el abastecimiento y aumentar su producción.
La tensión entre las partes tiene una nueva escalada ya asegurada.