El detrás de escena de los nuevos controles de precios: baja inversión y pelea por trasladarse costos
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Tres situaciones ocurridas en los últimos días marcan la síntesis de la dificultad que tiene el Gobierno para reactivar la economía:
-Por un lado, el titular del Banco Central, Miguel Pesce, se quejó de que en Argentina hay una abundancia de dólares, pero que en vez de canalizarse hacia el sistema bancario y la producción, esos aproximadamente u$s130.000 millones duermen bajo el colchón.
-Además, Alberto Fernández, en videoconferencia hizo una apelación a 18 grandes fondos de inversión de diversas procedencias -había empresarios rusos, chinos, estadounidenses, indios y hasta de países que habitualmente no aparecen ligados a Argentina, como Kuwait, Azerbaiján, Tailandia y Omán. A todos se les explicó que el país ofrece grandes oportunidades en proyectos de infraestructura y que no serían tratados de manera diferente que los empresarios locales.
-Al mismo tiempo, las relaciones entre el Gobierno y los empresarios argentinos llego a uno de sus puntos más tensos con las nuevas medidas intervencionistas. Después de las dificultades en el acceso a dólares para pagar créditos, después del anuncio de que recibirán un mayor castigo impositivo por el impuesto a las Ganancias, la última iniciativa oficial fue el muy criticado sistema Sipre, en el que se debe informar sobre los stocks, cantidades vendidas y precios.
En definitiva, todo esto apunta hacia un mismo lugar: el nivel de inversión sigue siendo demasiado bajo como para sostener a la economía sin que se produzcan tensiones inflacionarias.
Y, para peor, parece agravarse la "puja distributiva" intrasectorial en la que cada parte de la cadena productiva intenta trasladarle costos a otra. Las acusaciones cruzadas, ya sea de desabastecimiento o sobreprecios en los insumos, así como las quejas por parte de quienes tienen precios regulados mientras compran insumos a precio de mercado, forman el cóctel en el que se terminaron de definir estas medidas.
En definitiva, lo que queda en evidencia es la dificultad para lograr uno de los principales objetivos que se había fijado el Gobierno: el de la autoregulación siguiendo esquemas como el del aceite, donde se logró un acuerdo en el que los exportadores subsidian parcialmente a los industrializadores que abastecen el mercado interno.
Baja inversión y críticas a "medidas viejas"
Lo cierto es que al optimismo que el Gobierno exhibe sobre la capacidad de recuperación de la economía se contrapone un manifiesto escepticismo del mercado. Mientras Guzmán habla de un crecimiento del 7%, la encuesta Focus marca un 5,8% y el documento de previsiones de la OCDE un 4,6% para este año, seguido de un modesto 2,1% para el año próximo.
En términos de inversión, el Gobierno confía en que, después del desplome del 25% sufrido el año pasado, este año habrá un incremento de 18%.
Aun así, medido en términos de tasa de inversión sobre el PBI, nadie espera números muy impactantes. Por caso, el economista Pablo Besmedrisnik, director de Invenomica, que se dedica a analizar los factores que inciden sobre la tasa de inversión, que en el peor momento de la cuarentena alcanzó un mínimo histórico de 9,5% sobre el PBI.
Estima que se podría llegar a un 12%, una tasa mediocre comparada incluso con el resto de la región e incluso con los mejores años de la última década argentina, en que se llegó a 19%.
Y ese descontento empresarial llegó a su paroxismo con el reciente anuncio del Sipre, el sistema de contralores ideado por el ministro de desarrollo productivo, Matías Kulfas, y la secretaria de comercio, Paula Español, con el cual el Gobierno espera resolver problemas de faltantes o sobreprecios de insumos en las cadenas sectoriales y, de esa forma, contener los precios.
La ola de críticas e ironías que despertó esta iniciativa es extensa y daría como para que un inversor extranjero repensara el significado de la promesa de Alberto Fernández, en el sentido de que no recibirá un trato diferente al de los empresarios locales.
"Una nueva carga burocrática que se suma a los más de 160 impuestos que la industria ya tiene", lo sintetizó Daniel Funes de Rioja, uno de los popes de la Unión Industrial. Y agregó que el nuevo sistema no aportará ninguna información que hoy ya no esté en poder de los organismos del Estado.
Por su parte, con su característico estilo directo, Carlos Melconian calificó las medidas como "más marihuana para los fans". Desde su visión, se trata de un intento por tapar las dificultades que tendrá el Gobierno para cumplir la meta inflacionaria, para lo cual se buscará alguna excusa de orden político.
"Todo lo disfrazan. Que va a haber represión inflacionaria, que las compañías más grandes tienen que informar, toda esa sanata que no sirve para nada va a estar a la orden del día", se despachó en declaraciones radiales.
Hubo también una larga lista de veteranos de gobiernos anteriores, que compararon estos controles con los intentos fallidos por contener la inflación en las décadas de los años ’70 y ’80.
Y hasta quienes, como el profesor Martín Krause, compararon estas regulaciones con políticas aplicadas en el socialismo de la Unión Soviética por parte del Gosplan, el organismo encargado de hacer la planificación económica.
"¿Cómo hacía el Gosplan para planificar precios y cantidades de todos los productos del comercio y la industria? Con el llamado "método de balances materiales". Para un cierto período elaboraba un balance de "materiales" o insumos, es decir cuánto se produciría ese año siguiendo la fórmula: producción – exportaciones + importaciones +- cambios en stocks. Luego tenían que administrar la escasez de ciertos insumos en tales industrias o "alentar" esfuerzos para mayor producción del insumo faltante", explica Krause.
Y relata cómo fue que siempre estos planes terminaron siendo irrealistas, dado que la información recabada nunca es suficiente: "Terminó habiendo todo tipo de desajustes, escaseces y falsificación de estadísticas, pero siempre, por supuesto, todo en favor de la Revolución. Los mercados negros florecían con productos sujetos a controles de precios y cantidades, que los mismos empleados se robaban de las empresas estatales".
La pelea por trasladar costos
Sin embargo, todo debe ser dicho, hay sectores que se mostraron conformes con las iniciativas gubernamentales. Por caso, un comunicado de Industriales Pymes Argentinos (IPA), celebró la protección que recibirá ese sector "a través de la administración del comercio exterior y de incentivos para la producción nacional".
Su titular, Daniel Rosato, justificó la acción oficial: "Sabemos de demoras puntuales en el abastecimiento, pero que se soluciona con la intervención directa de los funcionarios que conocen la realidad de las pymes". También coincidió con la necesidad de controles de precios "en toda la cadena de producción y distribución".
En realidad, todas estas situaciones dejan al desnudo cómo, en medio de ese océano de regulaciones, el entramado empresarial se está transformando en un escenario de batalla en el que todos tratan de trasladarle costos a otro. De hecho, los funcionarios idearon el esquema luego de escuchar, en las mesas sectoriales, las quejas sobre proveedores que acumulan stocks o que especulan con futuros incrementos de precios.
Viene pasando desde fines del año pasado, cuando los ganaderos se quejaron del incremento del precio del maíz y sobrevino el cierre exportador. Luego pasó lo mismo con las harinas y panificados, cuando hubo una cadena de acusaciones cruzadas porque había sectores que no tenían permiso para subir sus precios mientras la materia prima -el trigo- volaba en el mercado internacional.
También hubo conflictos en el transporte, donde una organización fleteros expresó su enojo mediante mediante cortes de ruta: se quejaban, por caso, que en pocos meses hubo tres aumentos del gasoil, además de un encarecimiento de 30% en los seguros, de 45% en las patentes, de 55% en los peajes, mientras los fletes están congelados.
Y, sobre todo, dejaban en claro la sensación de injusticia entre los sectores cuyo precio está regulado y los que están libres: dicen que mientras ellos no pueden trasladar sus mayores costos logísticos, hay proveedores de insumos, como los neumáticos, que más que duplicó su precio.
Ahora es el sector lácteo el que está en crisis, tanto a nivel de los tambos como industrial, algo que puede parecer extraño cuando a nivel internacional se está registrando una suba de precios. Pero todos los jugadores locales se quejan de los bajos precios que reciben mientras el maíz tuvo un 100% de suba.
En definitiva, la avanzada regulatoria del Gobierno deja en claro lo difícil que le resulta a los funcionarios lograr en simultáneo el "desacople" de precios internacionales, la actualización de costos energéticos y logísticos y, además, una inflación decreciente.
Como trasfondo de este debate, un dato terminó de coronar las dificultades de las autoridades: el índice de la inflación mayorista de febrero: 6,1%, el índice más alto registrado en un año y medio, y que no permite buenos augurios para la meta de Martín Guzmán.