El pasado y la condena de no poder eliminar contenido en Internet

Una persona había trabajado hace más de 10 años en la industria de los videos para adultos. Hace un tiempo decidió el retiro de todos los contenidos que circulan en internet, ya sean fotos o grabaciones en donde aparece. Las circunstancias del caso son las siguientes; si hace la búsqueda por su verdadero nombre y apellido no aparece ningún resultado indexado en los buscadores, como tampoco sus fotos o videos. En cambio, cuando se ingresa su nombre de fantasía el panorama cambia. Los mismos arrojan como resultado más de un centenar de entradas en un solo un buscador de internet.

El total del contenido que se pretende retirar es de aproximadamente 40 videos que se reproducen en más de veinte plataformas de contenidos para adultos. Es decir que los videos aunque pueden ser los mismos, se replican cada uno de ellos en una cantidad considerable. Esto dificulta la posibilidad de contactar en forma individual a cada servidor en donde están alojados para solicitar su eliminación en forma particular.

Cada uno de los mismos registra cientos de miles y en algunos casos millones de visitas. Las grabaciones y su comercialización han sido efectuados por intermedio de una productora, que pagó a la persona que protagonizó los videos un salario en el marco de una relación contractual celebrada libre, entre mayores de edad, voluntaria y legalmente entre las partes.

Esta situación pone en juego varias cuestiones jurídicas que relacionan derechos y obligaciones que chocan a la hora de resolver el reclamo. E incluso de forma más cruda, el caso pone de manifiesto la situación de las personas o compañías ante aquellos datos que se ingresan, se suben y se reproducen en la red.

Cuestiones de índole filosófica se plantean sobre el derecho que tenemos a eliminar nuestro pasado, sobre la disposición de su registro o sobre las acciones que, si bien libremente se han realizado, con el correr de los años se pueden repensar y pretender legítimamente que no circulen más. Como también abarca la discusión de hasta dónde llega el límite para la comercialización de los registros, su acceso masivo sobre las imágenes registradas, y si existe ese límite o es al infinito (literalmente) la cesión celebrada para las mismas.

Lucro para siempre

¿Tiene derecho a alguien que ha grabado estos videos y lo hizo conscientemente, en pretender su retiro luego de 10 años? Si las reproducciones de las mismas crecen cada vez más en vez de disminuir, ¿estaba ese hecho contemplado en la forma del contrato de hace una década atrás? Es válido el derecho de la productora a lucrar por la multiplicación de los mismos ¿incluso cuando no existían esas plataformas que hoy la reproducen? ¿Hasta dónde llega el alcance del contrato y los derechos que allí se reconocieron? Era posible prever el crecimiento de la industria en este ámbito una vez firmado y cedido los derechos de reproducción?

El alcance de las condiciones fijadas en cualquier contrato firmado hace más de una década no pudo contemplar el crecimiento y utilización de las redes interactivas y la consecuente difusión y reproducción de los contenidos.

Solo para ilustrar este crecimiento, el sitio de adultos más importante del mundo ha dado a conocer las cifras de 2019. Las mismas indican que se registraron cerca de 42 mil millones de visitas en el portal. Lo que dio un promedio de 115 millones de visitas por día, las búsquedas se incrementaron en 8.700 millones respecto del año anterior.

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El ranking lo encabeza Estados Unidos, seguido por Japón, Reino Unido, Canadá y Francia. La Argentina está en el puesto número 19. Son solo algunos de los datos que demuestran el volumen de tráfico que esto significa.

Una realidad que implica a millones de personas y que los derechos y obligaciones parecen tener que replantearse a la luz de ese crecimiento y de un derecho hoy difícil de ejecutar para eliminar los contenidos de esa industria.

Si bien el pasado nos acecha a todos de una u otra forma pareciera que para algunas personas en Internet ese pasado es un presente continuo.

(*) Profesor titular de Derecho de Nuevas Tecnologías UCES