Fuerte malestar en la industria del software por incertidumbre frente a exportaciones protegidas por ley

“Coincidimos con el presidente con que es una medida muy mala y también que se toma en una coyuntura muy difícil. La preocupación es que estas medidas que se toman con carácter transitorio en un contexto difícil terminen siendo permanentes. Rechazamos, además, la eliminación del Ministerio de Ciencia y Tecnología”.

Con estas palabras dio su primera impresión Aníbal Carmona, presidente de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI), una de las industrias a las que este Gobierno le gusta aplaudir pero que en esta coyuntura no dudó en aplicarle también un tributo.

Aunque hay dudas sobre hasta dónde llegará su implementación teniendo en cuenta que el sector exportador informático, por ley, cuenta con estabilidad fiscal hasta diciembre de 2019.

“Entendemos que los que están incluidos en la ley de promoción del software tienen estabilidad. Pero tendremos que esperar el detalle de los anuncios que se dieron”, expresó el ejecutivo.

Se trata de unas 400 empresas incluidas en esta regulación, efectiva desde el año 2005, que tienen actividad netamente exportadora. Ese grupo exporta el 40% del software que unas 5.000 empresas argentinas producen cada año.

En 2017 las exportaciones de software y servicios informáticos alcanzaron los $28.560 millones sobre un mercado que movió en total $64.494 millones. En dólares se trató de casi u$s1.700 millones. Y la previsión para el cierre de 2018 era superar los u$s2.000 millones en ventas externas, de acuerdo a los datos del Observatorio Permanente de Software y Servicios Informáticos (OPSSI).

Cuando se dieron a conocer estos números, en abril pasado, antes del inicio de la corrida cambiaria que afectó a la Argentina, ya se advertía que las ventas totales medidas en dólares estadounidenses cayeron un 11,1% en 2014 y un 20,2% en 2016, producto de la devaluación de finales de 2015, mientras que en pesos habían crecido significativamente en 33,7% y 27,2% respectivamente.

De ahí la preocupación de un sector que, en ese momento, presentó el Plan Estratégico Federal, tendiente no sólo a incrementar las exportaciones sino también el nivel de empleo. Hasta finales de 2017, la industria contaba con una fuerza laboral que superaba a las 96.000 personas y se preparaba para quebrar la barrera de los 100.000 profesionales para el cierre de 2018, aún con las dificultades que encuentra esta industria para conseguir los perfiles que busca.

“La puesta en marcha del Plan Estratégico Federal supone hacer un enorme esfuerzo. Y estas medidas suponen una modificación de las reglas existentes”, advirtió Carmona.

Al 31 de agosto, la industria del software tenía la expectativa de crecimiento en torno al 15,6% en exportaciones pero en virtud de la situación actual esa previsión ya se ubica en torno a 8,7%. Se prevé que habrá un resentimiento en la actividad y también en las exportaciones. Los primeros números calculados minutos después del anuncio del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, permitían especular que podría tratarse de una reducción en materia de ingresos por ventas externas en torno a los $800 millones.

Lo que sí cayó muy mal en el sector fue la eliminación del ministerio de Ciencia y Tecnología, que a partir de ahora pasará a ser una secretaría.

Carmona no dudó en mostrar el malestar que significó esta determinación. Recordó que, cuando asumió Mauricio Macri a la presidencia, el mismo jefe de Estado aplaudió el rango ministerial de la ciencia y la tecnología y hasta mantuvo a Lino Barañao al frente de esa cartera –ahora continuará comandando la secretaría-.

“Macri dijo en ese momento que ahí se construía el futuro del país. Para la industria esta es una noticia que recibimos con dolor e impotencia porque la ciencia y la tecnología son una inversión, no un gasto, especialmente en una situación como la que estamos atravesando”, enfatizó el ejecutivo.

La ley de promoción del software, que fue impulsada en la época en que Roberto Lavagna era ministro de Economía, tenía como objetivos promover las exportaciones y generar empleos de calidad. Ambas premisas se cumplieron desde entonces a partir de una serie de beneficios fiscales que, se extenderían por 10 años en una primera etapa y que, ahora, están vigentes hasta el 21 de diciembre de 2019.

Por esa razón, en el sector están atentos a los detalles de las medidas que se anunciaron para sacar los números finales sobre el impacto que esto provocará en una industria que, sin dudas, creó empleos de calidad y fue capaz de darle al país parte de las divisas que hoy le está faltando.