Temor al "efecto contagio": Alberto busca recuperar la imagen de gobernabilidad ante las protestas policiales
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A esta altura, la protesta de la policía bonaerense ya dejó de ser el tema central de las preocupaciones del Gobierno, para pasar a ser sustituida por una mucho más grave y urgente: revertir cuanto antes la sensación de pérdida de autoridad y evitar el temido efecto contagio sobre otras reparticiones del Estado.
El mensaje de Alberto Fernández fue sugestivo. Ante la iniciativa de militantes kirchneristas por concentrarse en Olivos para respaldar al Gobierno, el Presidente instó a no agravar las cosas: "Los problemas debemos afrontarlos y resolverlos en paz y con sensatez. A quienes quieren venir a acompañarme, los abrazo y les pido que no olviden que estamos en pandemia. No potenciemos el riesgo".
Claro que Alberto se estaba refiriendo al riesgo sanitario de toda concentración humana –como las que se criticaron a la oposición en los últimos "banderazos"- en el contexto del agravamiento de la pandemia. Pero también había en sus palabras otros mensajes entrelíneas.
Primero, el riesgo obvio de un enfrentamiento entre civiles y el personal policial, una situación con un potencial de violencia inmanejable, y que por otra parte no haría más que llevar a que lo que empezó como un reclamo salarial pudiera derivar en una crisis política de proporciones.
Y, además, incidentes en la puerta de la residencia presidencial, televisados en vivo para todo el país, podría acelerar la irritación de los sectores que ya están enojados con el Gobierno y que aguardan el momento adecuado para expresar sus propias reivindicaciones sectoriales.
Por cierto que no le hicieron ningún favor los militantes que llegaron hasta Olivos con un discurso de "resistencia" ante lo que consideran un intento de golpe de Estado. Pero en definitiva fue una concentración pequeña, dado que Juan Grabois, el convocante original de la manifestación, se alineó con el pedido presidencial.
Objetivo: reasignación de recursos
Lo extraño es que las acusaciones desde el kirchnerismo, deseoso de ver signos de conspiración, se dieron en una jornada en la cual casi todos los líderes del espacio opositor expresaron su repudio a la forma intimidatoria en que los policías llevaron su reclamo a la quinta presidencial.
Es probable que el de ayer haya sido el peor día para Alberto Fernández desde que asumió el cargo. En la mañana, acompañado por el gobernador Axel Kicillof en un acto en la cervecería Quilmes –un intento, por ahora poco convincente, de transmitir una reactivación industrial- se vio al mandatario exaltado, nervioso y dando señales de estar sobrepasado por la situación de tensión.
"Las necesidades que vive Buenos Aires no se resuelven escondidos en patrulleros tocando sirenas, se resuelven hablando frontalmente", dijo Alberto, en un frase que mereció repudio tanto de los policías en conflicto como de dirigentes opositores.
Pero acaso la parte más sustancial de la alocución presidencial haya sido la que menos se comentó: una vez más, Alberto diagnosticó que los problemas de la provincia que gobierna Kicillof tienen su origen en el recorte de recursos financieros ocurrido cuando se alteró el cálculo de la coparticipación".
Esas palabras, dichas luego de que la provincia recibió un refuerzo de $30.000 millones en forma de un fondo especial más $15.000 millones como crédito, y justo en un momento en el que se está por definir el presupuesto 2021, no son inocuas.
Lo que el Presidente está transmitiendo es un diagnóstico: que lo que está ocurriendo en Argentina es la consecuencia de recursos mal repartidos en el país. Y que él, un presidente peronista, siente que su mandato es corregir esa injusticia.
Como adelantó iProfesional, la forma de solucionar ese problema implicaría la toma de recursos de la Ciudad de Buenos Aires, que sufrirá el recorte de un punto de coparticipación, fondos con el cual se conformará un fondo de emergencia para auxiliar a la provincia.
Ya hace algunos meses, el Presidente, al anunciar un plan de obras, se había quejado de que la crisis era consecuencia de que Argentina, a la hora de repartir el dinero, no lo hace como un país federal sino como unitario, porque "el Estado acumula y distribuye con cierta discrecionalidad", en vez de darle "a cada uno lo que corresponda".
"Uno se pregunta por la provincia de Buenos Aires, que produce el 41% del PBI, que tiene una densidad demográfica impresionante y ha crecido como ninguna provincia en los últimos 30 años, por qué le toca lo que le toca", dijo el mandatario.
Anoche, en su conferencia desde Olivos, recordó que la provincia desde los años ’80 cedió ocho puntos porcentuales de la coparticipación sin que ello haya cumplido el objetivo de mejorar la situación de las provincias del norte, que habían sido beneficiadas.
Es la línea argumental que venía esbozando Cristina Kirchner desde que Axel Kicillof asumió en la provincia: que si hay problemas en el conurbano es porque alguien se queda con los recursos que le corresponderían si hubiese justicia en el reparto.
En un comentado discurso en La Matanza, la ex presidente apuntó claramente contra el gobierno porteño, porque en la Ciudad, "hasta los árboles tienen luz y agua, te rompen la vereda y ponen baldosas más brillantes; mientras, en el conurbano tenemos a los bonaerenses chapateando en agua y barro".
Las señales son claras, en el sentido de que para el Gobierno es una prioridad tomar recursos de las cajas más importantes del país, empezando por la de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo pronto, los funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta ya asumieron que son candidatos a perder ingresos por coparticipación, luego de haber sido beneficiados en la gestión anterior.
Alberto Fernández recurrió a cifras elocuentes como para resguardarse de críticas por discriminación política a la Ciudad: explicó que hoy el gasto en seguridad de la Provincia es de $6.702 por habitante, mientras que en la Ciudad esa relación es de $16.901 por cada porteño.
El efecto contagio y la obligación de mantener la gobernabilidad
Pero el tema no termina en la provincia de Buenos Aires. Toda la clase política tuvo presente el fantasma de lo ocurrido a fines de 2013, cuando una huelga policial iniciada en Córdoba generó un efecto contagio en otras provincias, que derivó en una crisis nacional, con saqueos, caos, represión y muertos.
Y de hecho, ayer, en previsión de posibles problemas, hubo gobernadores que se adelantaron a reclamos y anunciaron mejoras en la remuneración policial. Ocurrió en Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Chaco y Chubut y Río Negro, ante las primeras señales de que se podían replicar los gestos de rebelión policial.
Pero esa es apenas la punta del iceberg. Porque, como ocurrió en otras ocasiones, el otorgamiento de mejoras a los uniformados trae una consecuencia inexorable: la aparición de una extensa lista de sectores vinculados al Estado que también tienen sus reclamos postergados.
Ya hay señales en ese sentido, por caso en el ámbito de los funcionarios de la salud, en los judiciales, los docentes y en la administración central.
Esto implica un desafío extremadamente complejo para el Gobierno, que sin explicitarlo había tomado al salario estatal como una variable de ajuste, dada la virtual suspensión de las paritarias, que implicó un congelamiento salarial en un entorno inflacionario. Es decir, una licuación en términos reales.
Ahora, una eventual seguidilla de aumentos para el sector estatal no solamente pondrá en riesgo el objetivo de reducir drásticamente el rojo fiscal, sino que además implicará un factor adicional de irritación para el sector privado que, en plena pandemia, sostiene con sus impuestos al aparato estatal.
La oposición ya tomó nota de esa situación. Ayer, uno de los referentes de Juntos por el Cambio, Mario Negri, planteó que la solución a los problemas no podría implicar una suba del gasto sino un restablecimiento de prioridades. Además, criticó el hecho de que el Presidente haya rechazado la invitación a una mesa de diálogo con la oposición.
Pero Alberto dio señales de tener en claro cuál es su prioridad en este momento: restablecer el principio de autoridad, dar una imagen de serenidad –se lo vio más medido en la alocución de la noche, en comparación con la de la mañana- y, sobre todo, recuperar la sensación de gobernabilidad.
Como todo mandatario peronista, Alberto sabe que la sociedad tiene la expectativa de que muestre la capacidad de mantener el control del conflicto social.
El peronismo es, en el imaginario político argentino, el partido cuyo principal activo es el garante de la gobernabilidad. Y, en consecuencia, se le perdonan fallas en otros ámbitos pero no es la cuestión crucial de mantener la paz en medio de la permanente puja distributiva argentina.