Bajo ataque político, Rodríguez Larreta se prepara para dar la batalla por los recursos fiscales
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Al mejor estilo de Frank Underwood, el irresistible villano de "House of Cards", el Gobierno argentino está aplicando la vieja técnica de canjear votos en el Congreso a cambio de libertar partidas presupuestales para la obra pública.
Es, a esta altura, una práctica que no solo no avergüenza a los políticos argentinos sino que se la asume con la naturalidad de las cosas inevitables. A fin de cuentas, tampoco es un patrimonio exclusivo del peronismo, porque negociaciones parecidas fueron hechas durante la gestión macrista.
Lo cierto es que tanto la ampliación presupuestaria de 2020 como el debate que se viene en pocos días para sancionar la ley de presupuesto 2021, se han convertido en escenario de "trading".
Claro que hay buenos motivos para mejorar las partidas a las provincias: en medio de la crisis económica, la obra pública es vista como el motor de la reactivación. Con algo de exageración, los funcionarios denominaron a esa ayuda como "mini Plan Marshall".
Se incrementó en $1,85 billones el monto original destinado al gasto, para totalizar $7,4 billones en el año. Un tercio está destinado a financiar los subsidios de la pandemia, pero también hay una suba de $125.000 millones en gasto de capital.
Pero esa ampliación fue apenas el aperitivo. El plato fuerte será la discusión presupuestaria para 2021, donde hay mucho dinero en juego y el Gobierno quiere asegurarse de obtener a cambio apoyos cruciales para sacar adelante algunos de sus proyectos más polémicos, como la reforma judicial.
Los límites a la seducción de la billetera
Es así que el "operativo seducción" con la billetera fiscal ya empezó, y los funcionarios extreman su imaginación para conseguir nuevos recursos tributarios por la vía de ampliar la base de recaudación, según adelantó la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
Puede fallar, claro. Lo sabe mejor que nadie Alberto Fernández, que ya entendió el límite que encuentran los gobernadores provinciales: no pueden mandatar a sus legisladores para votar algo que tiene el repudio de su base de apoyo social. Pasó con la estatización de Vicentin, que parecía un trámite fácil en el Congreso y se transformó en una pesadilla política.
Y todavía está en duda si será el mismo caso con la reforma judicial. Por lo pronto, todo apunta a que el Gobierno no contará con el crucial apoyo de Córdoba, dado el mensaje directísimo que recibieron Juan Schiaretti y los cuatro diputados de su bloque, cuyas caras aparecieron en carteles durante la jornada de protesta del 17 de agosto, junto con la leyenda "no den quórum".
Por eso, como también sabía Frank Underwood, hay momentos en los que las negociaciones de pasillo en las que se intercambiaran obras públicas por gobernabilidad no son suficientes. Se necesitaban gestos políticos que apuntaran a restañar viejos resentimientos.
El villano perfecto
De manera que, para que la estrategia de guiños a las provincias fuera completa, además de dar mejoras económicas era necesario alguien a quien castigar. Y es ahí donde aparece Horacio Rodríguez Larreta como blanco perfecto.
En medio de una crisis nacional, el porteño atraviesa con relativa facilidad la restricción económica –a pesar de haber otorgado eximiciones impositivas a sectores en crisis. Y su imagen está en alza no solamente en la Ciudad sino también en otras zonas del país, al punto que tiene 64% de aprobación en Córdoba y 70% en el conurbano bonaerense –superando en cinco puntos a Axel Kicillof-.
Alberto Fernández entendió la situación. Tiene una multitud de víctimas a las cuales hacer una reparación y tiene un "villano". Que, además, es un eventual competidor suyo en el plano nacional. Todo encaja para que el Presidente tenga el incentivo de avanzar contra el jefe de gobierno porteño.
Es por eso que todas las miradas apuntan a la apetecible "caja" de la Ciudad. Ya sea por la vía presupuestaria o por modificaciones en la coparticipación impositiva, los objetivos son inequívocos: desviar parte de esos recursos hacia otras provincias.
Para este año, el presupuesto de la Ciudad se estimó en $480.000 millones, y antes de la pandemia la proyección era de equilibrio financiero con déficit cero. La cifra es elocuente: llevado al tipo de cambio oficial, son unos 6.000 millones de dólares, un monto que ya no solo es alto para los parámetros argentinos sino que tranquilamente supera en volumen al de varias naciones pequeñas.
El diagnóstico es claro: para quienes cultivan la filosofía de la "suma cero" –según la cual para que alguien gane es imprescindible que otro pierda-, a esta altura la Ciudad es un impedimento para el desarrollo de otras áreas.
Nadie lo expresó con más elocuencia que Cristina Kirchner, quien tempranamente dio la señal sobre uno de sus objetivos políticos para la nueva etapa: al asistir al acto de asunción del intendente Fernando Espinoza en La Matanza, planteó las deficiencias de infraestructura de ese populoso partido del conurbano como la cara B del brillo porteño.
"Hay una asignación de recursos muy desigual, profundamente injusta e inequitativa. Desde hace tiempo, la Capital concentró riquezas postergando al resto de la periferia", había dicho la vicepresidenta, semanas después de una severa inundación de La Matanza, y por la cual la entonces gobernadora María Eugenia Vidal había acusado de ineficiencia en la gestión a Verónica Magario, que no había usado los recursos puestos a su disposición.
Pero Cristina Kirchner dejó en claro la línea discursiva: si hay problemas en el conurbano es porque alguien se queda con los recursos que le corresponderían si hubiese justicia en el reparto.
Así, apuntó claramente contra el gobierno porteño, porque en la Ciudad, "hasta los árboles tienen luz y agua, te rompen la vereda y ponen baldosas más brillantes; mientras, en el conurbano tenemos a los bonaerenses chapateando en agua y barro".
Ya desde ese momento se empezó a especular con un recorte drástico en la cuota de la Ciudad a la hora del reparto de la masa tributaria. Se hablaba de al menos un punto menos de coparticipación, lo cual implicaría unos $35.000 millones disponibles para reforzar otras zonas del país.
El argumento era la ampliación presupuestaria injusta con la que Mauricio Macri había premiado a Rodríguez Larreta. Macri había traspasado fondos que antes Cristina le había retaceado a él, y que correspondían para financiar el funcionamiento de la policía de la Ciudad.
Fue así que, por decreto, se subió de 1,4 a 3,5 el porcentaje de coparticipación para la Ciudad. Un monto lo suficientemente grande como para el jefe de Gobierno porteño tuviera su raid de inauguraciones de grandes obras, como los nuevos pasos a nivel y la autopista subterránea de Puerto Madero.
Pero hubo acusaciones de costos "inflados" en esa financiación del presupuesto policial. Más del doble de lo correspondiente, según el cálculo que hizo el entonces diputado Kicillof.
Rodríguez Larreta, ya resignado a perder privilegios, puso su esfuerzo en acotar el recorte y, a base de negociación política, evitó el ahogo fiscal en el inicio de la gestión. Pero todo indica que esa paz financiera está llegando a su fin.
Una fibra sensible
Los discursos de Alberto Fernández llevan implícito un mensaje potente para el interior del país: no se trata apenas de reasignaciones presupuestarias, sino de algo más profundo. La admisión de la "culpa" por vivir en una ciudad "opulenta" deja en claro que para el Presidente se trata de un punto de inflexión para reparar injusticias históricas.
No por casualidad, las ocasiones elegidas para tirar sus dardos contra los privilegios de Buenos Aires son los actos junto a gobernadores, en los que plantea cambios estructurales que darán a las provincias mayor autonomía.
Un ejemplo de ello fue la estatización de la hidrovía, una iniciativa polémica, que para Alberto implica la posibilidad de una mejor gestión para las siete provincias litoraleñas involucradas, pero que es criticada por dejar a la discrecionalidad de los gobernadores la posibilidad de usar el "peaje" fluvial como fuente de financiamiento.
En todo caso, las reacciones de las provincias dejan en claro que el discurso de Alberto toca una fibra sensible. Las declaraciones políticas y los editoriales periodísticos del interior apuntan a que no alcanza con ajustes en la coparticipación sino que se debe cambiar las prioridades de la inversión nacional.
Por caso, se apunta a que el área metropolitana se lleva el 83% del subsidio al transporte frente al 17% del resto del país.
Rodríguez Larreta, entre el celo fiscal y la muñeca política
Rodríguez Larreta ya se hizo a la idea del embate presupuestario que le espera. Y mientras extrema su capacidad negociadora para acotar el daño, eligió un tono moderado a la hora de las declaraciones públicas.
Habló de "nivelar para arriba" cuando el Presidente habló sobre la opulencia de la Ciudad.
Y el vicejefe, Diego Santilli, planteó el problema con el mismo léxico peronista del Alberto: "La ciudad es muy solidaria, produce muchísimo más de lo que recibe por coparticipación. Y atiende en su sistema de salud pública a muchas personas que no son de la ciudad. Algo similar sucede con respecto a la educación pública", argumentó.
Esa vocación por no ir al choque –y diferenciarse así del ala dura de la oposición que se expresa en figuras como Patricia Bullrich- deja en claro que está naciendo el "larretismo" como proyecto político.
Pero claro, para atravesar los tres largos años hasta la elección presidencial hay que pasar el test ácido del ahogo financiero. Un tema en el que el kirchnerismo tiene la experiencia del hostigamiento a Daniel Scioli, que cada marzo tenía conflictos con los docentes y un año se quedó sin recursos para pagar los aguinaldos de empleados públicos.
¿Qué tan grave es la amenaza para Rodríguez Larreta? Hoy, en comparación con el resto del país, parecería haber un relativo desahogo. En el primer semestre del año la Ciudad recaudó $206.000 millones, un 43% del presupuesto del año, lo cual no está mal dado el impacto de la cuarentena en su fase más estricta y hace prever que el objetivo anual sería cumplible.
Como consecuencia de una ley de emergencia, el rubro destinado a remuneraciones del personal ejecutó un 15% menos de lo previsto originalmente. Y la oposición kirchnerista "acusa" a Rodríguez Larreta por su celo fiscal, algo que se refleja en el magro 39% ejecutado sobre los gastos previstos para el año.
El gran interrogante del ámbito político por estas horas es qué tan preparado está el jefe de gobierno porteño para soportar un embate en el frente financiero.
Por cierto, no es que todo vaya brillante en la Ciudad. Y, como en su momento le pasó a Scioli, también Rodríguez Larreta corre el riesgo de enfrentar el malhumor social si se viera obligado a subir la presión impositiva para compensar su menor porción de la torta nacional. Un tema donde el kirchnerismo ya se prepara para hacerle pagar un costo político.