Kicillof, en su hora más dura, intenta desactivar la explosiva crisis policial e insinúa que hay una conspiración política
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Los tiempos se aceleran. El deterioro del clima social y político se está dando mucho más rápido de lo previsto y ya no se manifiesta apenas en encuestas de opinión pública ni en comentarios de las redes sociales, sino de formas mucho más contundentes, como la presencia de policías en conflicto, que reclaman a voz en cuello mejoras salariales en la mismísima puerta de la casa de Axel Kicillof.
El reclamo sindical de los policías es el hecho que sintetiza todos los problemas de la coyuntura nacional –la crisis económica, el aumento de la violencia, el agravamiento de la pandemia-, que encuentran, como siempre, su lugar de mayor intensidad y amplitud en el conurbano bonaerense.
Los funcionarios dejaron entrever su sorpresa por cómo había escalado la protesta, que no se limitó a piquetes en La Plata sino que incluyó actos de protesta en partidos del conurbano, como Almirante Brown, Varela, Berazategui, Caseros, Pilar, Adrogué, Malvinas Argentinas. Y también se hizo sentir con actos de ciudades importantes toda la provincia, incluyendo Mar del Plata, Bahía Blanca, Pehuajó, Azul, Junín, Necochea, Olavarría y Bragado.
Pero pese a la sorpresa de la gestión Kicillof, ya se venía hablando de una especie de sublevación. Por caso, Florencia Arietto, ex asesora de seguridad en los tiempos de Patricia Bullrich, había adelantado días atrás en una entrevista televisiva que tenía la información de una movilización policial por reclamos salariales.
El gobierno provincial tuvo que salir de apuro a confirmar que está previsto un incremento salarial –las versiones indicaban 30%- para los uniformados.
"Era algo que ya estaba previsto, ya estaba planeado, pero por las circunstancias del día de ayer nos parece pertinente ratificarlo para dar mayor certeza", dijo Carlos Bianco, jefe de gabinete de la provincia, en lo que pareció un intento por marcar la falta de justificación de las protestas.
Sin embargo, del lado de los policías la percepción no fue la misma. Más bien, la sensación que transmitieron fue que el anuncio del plan de seguridad trajo más irritación que alivio. En un acto junto al presidente, la plana mayor de la provincia había adelantado el viernes que se incorporarían 10.000 nuevos policías para Buenos Aires, además de una serie de mejoras tecnológicas como las "paradas inteligentes". Y que, en definitiva, el plan implicaría una inversión de $38.000 millones.
El plan obedeció a una necesidad del Gobierno por dar respuesta a las demandas de mayor seguridad frente a la ola de delincuencia, y también a dar una imagen de firmeza política ante el descontrol de las ocupaciones de terrenos. De hecho, el discurso de Alberto Fernández tuvo frases sugestivas, que no parecieron dirigidas a los típicos "motochorros" sino más bien a la delincuencia organizada de "los que quieren ser más vivos que el Estado".
Pero el anuncio tuvo un efecto colateral inesperado: aceleró el malestar policial. Con bajos sueldos –incluso en la comparación con uniformados de otras fuerzas como la Federal y la Metropolitana- y en la primera línea de fuego contra la delincuencia, los policías bonaerenses interpretaron que en ese anuncio no se contemplaba su situación.
Los uniformados de la provincia sintieron más que colegas de otros distritos el impacto de la cuarentena, ya que es una práctica extendida el servicio en horas extra para eventos deportivos o de espectáculos, que quedaron suspendidos por las medidas de restricción de actividades.
Además, con 11.000 contagiados la policía es el segundo rubro más afectado por la pandemia, detrás del personal de salud. Implica el 13% del total de gente contagiada en situación laboral, según un informe de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.
En definitiva, con menores ingresos, riesgos permanentes por el delito y la pandemia -y ahora además con la posibilidad de ser llamados a intervenir en conflictos sociales potencialmente masivos, como la ocupación ilegal de terrenos- los policías se encontraron con el anuncio de que habrá $38.000 millones para reforzar la seguridad. Era el "timing" perfecto para plantear las reivindicaciones.
Desconfianza creciente en un ambiente enrarecido
Lo cierto es que ni siquiera con la confirmación oficial de que había un aumento salarial a punto de definirse se desactivaron las manifestaciones, que continuaron durante toda la jornada del martes. Lo cual no hizo más que reavivar las especulaciones políticas en el sentido de que el enojo trascendía la cuestión salarial e incluye otros "pases de facturas".
El Gobierno, tanto a nivel nacional como provincial, se focalizó en bajar el tono político de la protesta policial, que explotó en los debates de las redes sociales.
"No podría afirmar que son cuestiones políticas. Los reclamos son muy acotados, muy puntuales y creo que se producen también porque hay estrés y mucha demanda", dijo la ministro de Seguridad, Sabina Frederic, quien intentó mostrarse comprensiva al afirmar que los policías "vienen de cinco meses de haber puesto el cuerpo en los controles permanentemente y son bastante invisibilizados".
Aun así, dejó un recordatorio para los organizadores de la protesta, en el sentido de que los miembros de fuerzas del orden no tienen derecho a la sindicalización, por lo cual "esas protestas están por fuera del régimen disciplinario y son injustificados porque generan estado de alarma en la población".
Pero más allá de las palabras de Frederic, lo cierto es que fue inevitable que aparecieran las suspicacias en el sentido de un aprovechamiento político de la situación.
Fue así que la ministro de gobierno de la provincia, Teresa García, fustigó a Cristian Ritondo, el ex ministro de seguridad durante la gestión Vidal, por haber dicho: "Si a estos les estalla un episodio de esta magnitud a los nueve meses de gobierno no quiero imaginar qué pasará más adelante".
García calificó al ex funcionario como "poco serio e imprudente" por descalificar la capacidad de la gestión Kicillof para resolver los problemas de la provincia. Y contraatacó: "El propio Ritondo, el procurador Julio Conte Grand y la ex gobernadora María Eugenia Vidal fueron los responsables de apremios, aprietes y escándalos que hoy salen a la luz en el marco de la causa de las escuchas".
También se comentó la forma en que la ex asesora Arietto estaba enterada de una protesta en ciernes que era ignorada por los funcionarios. La ex asesora de Bullrich habló sobre malestar en las bases policiales, quejas por falta de conducción y la percepción de "un discurso antipolicía" en el Gobierno. Pero eso no fue todo, sino que luego la ex funcionaria publicó mensajes de apoyo a la protesta.
El clima político enrarecido que se está creando, y que incluye la convocatoria a un nuevo "banderazo" para el próximo domingo, ha puesto en alerta al kirchnerismo, que empezó a ver señales de intentos destituyentes por parte de la oposición.
Contribuyó a ello una sugestiva frase de Elisa Carrió que, entrevistada por TN, quien en un supuesto intento de transmitir confianza en el futuro del país invitó a reflexionar "no el por qué sino el para qué de la pandemia". Una frase que se interpretó como la insinuación de que la enfermedad podría traer como efecto colateral una erosión más rápida de lo previsto del gobierno peronista.
El propio Kicillof dejó entrever su desconfianza por la situación generada, al señalar que si bien el reclamo policial era justo, percibía "una mano negra" de la política.
Kicillof en su laberinto
En ese clima, el Gobierno, empezando por Kicillof, está atravesando el test más duro desde el inicio de la gestión. El gobernador bonaerense debe enfrentar la realidad de las ocupaciones masivas de terrenos, instigadas por las mafias del sector inmobiliario informal pero protagonizadas por indigentes reales.
Y, ante la disyuntiva de si privilegiar la "mano dura" o la visión comprensiva del fenómeno social, decidió dejar en manos de la justicia la decisión de fondo. Una primera respuesta llegó con el fallo sobre el desalojo del predio de Guernica, donde se realizó la mayor ocupación.
Pero la gestión del desalojo le corresponde al gobernador, justo en un momento de tensión con la policía. Ayer, al tiempo que se conocía esta decisión judicial, se hacían sentir los reclamos para que Sergio Berni, el máximo exponente del "kirchnerismo de mano dura" se hiciera presente en el conflicto.
Luis Tonil, presidente de la defensoría policial de la provincia, dijo en una entrevista radial que el gobierno de Kicillof había equivocado el accionar al tratar la protesta como un conato de huelga, cuando había sido protagonizada por personal en franco de servicio y que, por lo tanto, no está expuesta a sanciones. El representante policial se quejó de la falta de disposición al diálogo por parte de Berni, a diferencia de su antecesor Ritondo.
Este tipo de contradicciones están lejos de terminar. Más bien al contrario, aparecen señales preocupantes sobre posibles enfrentamientos entre civiles. Por caso, en La Matanza se produjo la ocupación de viviendas de un programa social, casi terminadas y que ya estaban adjudicadas. En definitiva, indigentes sin hogar ocuparon casas asignadas a otros pobladores de bajos ingresos que habían logrado recibir la cobertura estatal. Una situación potencialmente explosiva.
En ese contexto, el Gobierno apela a soluciones desesperadas, como por ejemplo el proyecto para reubicar a los ocupantes de terrenos en predios fiscales en el ámbito rural, y mantener la cesión en comodato para evitar la tentación de "la reventa a latifundistas".
Claro que para el atribulado Kicillof son propuestas de larguísimo plazo. El gobernador tiene que definir ahora qué hacer, por ejemplo, con el predio del ferrocarril en Victoria, donde un asentamiento irregular se expandió con una nueva toma de terrenos y, ante la situación de inseguridad, hubo que suspender el tránsito del tren.
Debe, además, tener una previsión sobre qué hacer si Berni no logra manejar la situación policial y si, eventualmente, se debe convocar a las fuerzas federales ya no sólo para prestar servicios sino eventualmente para disuadir a otros uniformados para abandonar la protesta.
Y, como ruido de fondo, el avance imparable de la pandemia, en coincidencia con un conato de rebelión por parte de los municipios que quieren abrir las actividades productivas, como ya ocurrió con Tandil.
En ese contexto de urgencias, el único consuelo de Kicillof es que, a diferencia de lo que le pasaba a Daniel Scioli con Cristina Kirchner, él contará con trato preferencial a la hora del reparto de recursos. Por lo pronto, la ampliación presupuestaria de este año le garantizó un fondo especial de $50.000 millones más una línea crediticia por otros $15.000 millones. Y tendrá la posibilidad de asegurarse más recursos para el año próximo con el presupuesto que se discute desde la próxima semana.
Sin embargo, ni siquiera ese refuerzo a la billetera parece ser suficiente como para aliviar los problemas de un gobernador al que el reloj le empezó a correr mucho más rápido de lo previsto.