Volvió La Cámpora: aumenta la tensión con el Gobierno por el manejo de la crisis y el vínculo con el "círculo rojo"
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Si una lección aprendió Cristina Kirchner en las elecciones fue la necesidad de reconvertir la "chapa" K en un amplio Frente de Todos. Eso le permitió destrabar la interna peronista y ubicar a Alberto Fernández a la cabeza de un esquema de poder multifácetico, con la suficiente flexibilidad política para afrontar un escenario inédito. No le fue mal al Presidente: en plena pandemia global, acható la famosa curva y aumentó su imagen. Esto permitió incluso acelerar el abandono del aislamiento.
Hasta que el plan empezó a mostrar fallas con el fuerte incremento de los contagios registrado en los últimos días. Aunque el propio Fernández identificó el desborde en las villas porteñas, le pisan los talones el conurbano y Chaco -dos de los principales bolsones de pobreza gobernados por el oficialismo.
Así y todo, la cuestión sanitaria no sería el único motivo de preocupación ni el principal. Por estas horas, las miradas están puestas en la economía. Allí, el avance de la crisis arrasó prácticamente todos los indicadores.
En marzo, la industria, con la mitad de su capacidad en uso y el empleo en caída libre, volvió en a niveles de 2001, dejando atrás la "pesadilla" macrista. Abril tampoco fue bueno: patentamientos, producción de vehículos, despachos de cemento, recaudación de IVA interno, producción de acero, todos tuvieron caídas brutales. Y los datos de mayo serían peores.
En ese escenario frágil, los "errores" del Ejecutivo empezaron a pasarle factura a la alianza gobernante y desataron fuertes tironeos internos protagonizados por la agrupación La Cámpora.
La grieta quedó expuesta en varios frentes, pero fue más notorio en el Congreso, justamente donde el brazo político de Cristina tiene más influencia. Allí, el kirchnerismo aprobó las facultades para que el jefe de Gabinete pudiera reasignar a medida el presupuesto y ratificó la batería de 20 DNU dictados desde el inicio de la pandemia.
Pero también intentó corregir lo que dentro y fuera de su agrupación observan como un favoritismo en ciertas áreas hacia los "grupos económicos". El presidente del bloque oficialista en Diputados, Máximo Kirchner, se puso al frente de esa misión la semana pasada al cuestionar durante la primera sesión al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, por haber homologado una rebaja salarial del 25% en la alimenticia Mondelez. Y denunció que la empresa suspendió su actividad, luego de stockearse.
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La embestida tuvo su respuesta. El lunes pasado, Moroni convocó una audiencia de la que participó por primera vez la comisión interna y en la que la empresa se comprometió a reanudar la producción el 15 de junio a partir de las 22. En el acta a la que accedió iProfesional quedó por escrito que "todos los trabajadores regresarán a la Planta Victoria, a excepción de quienes se encuentren licenciados".
Esto implica que Mondelez no podrá convocar al personal suspendido "en forma gradual", como había convenido previamente con el gremio de la Alimentación, liderado por Rodolfo Daer. Salvo por esos cambios, la cartera laboral autorizó la continuidad de las suspensiones hasta entonces, un esquema que significa en algunos sueldos una pérdida de más de $20.000 al excluir el pago de premios y las horas extras los sábados. El temor de la oposición sindical es que haya nuevas sorpresas antes de esa fecha.
La reacción del líder de La Cámpora entusiasmó a todo el arco progresista de la bancada oficialista. "Es justa la crítica al Ministerio de Trabajo, no puede actuar cumpliendo trámites burocráticos y asumiendo una mirada imparcial, tiene que arbitrar para proteger el derecho de los más débiles", dijo a iProfesional el titular de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky.
La CGT, en cambio, recibió la crítica de Máximo como un tiro por elevación al pacto sellado con la UIA para fijar rebajas de hasta el 25% al personal suspendido. Ocurre que el acuerdo en Mondelez se ampara en dicho entendimiento y lleva la firma del hermano del cotitular de la central obrera, Hector Daer.
El desplante, en realidad, tendría un objetivo mucho más acotado: evitar las reducciones salariales en actividades habilitadas para funcionar, como es el caso de la multinacional alimenticia, la gráfica Morvillo o la planta de Techint en Lanús.
El contraataque kirchnerista
En un clima agitado por la pérdida de 145.000 empleos privados desde el año pasado, la pulseada se trasladó a la provincia de Buenos Aires, donde la conflictividad laboral viene escalando palmo a palmo con el retorno de la actividad.
Esta semana, el gobierno de Axel Kicillof emitió dos resoluciones que pueden ser leídas como un distanciamiento de la política laboral de Moroni y, a la vez, como un gesto de endurecimiento frente a la decisión de Paolo Rocca de avanzar en nuevas cesantías, un día antes de la prórroga del decreto 329 que prohibe despidos y suspensiones unilaterales.
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En respuesta, la Provincia agilizó los procedimientos de crisis preventivo (PPCE) para forzar la negociación de cualquier reducción de personal o de la jornada laboral, y consideró una "infracción grave" la violación del DNU antidespidos, habilitando multas de hasta 2.000 salarios mínimos por trabajador, equivalente a $3,3 millones.
En realidad, las dos medidas ya estaban vigentes. Pero refuerzan el mensaje de que la cartera laboral ya no responde a un exgerente de Techint, como en la gestión anterior. Por caso, la delegación de Bahía Blanca quedó a cargo desde este lunes de Federico Galeano, titular del sindicato de seguridad privada.
El otro foco de tensión que se abrió es por el manejo de los subsidios para pagar la mitad de los sueldos en las empresas en crisis. El Gobierno ya lo abonó a casi a 2,5 millones de personas en más de 247.000 firmas. Pero el lunes endureció las restricciones al prohibir a todos los beneficiarios la compra de acciones propias, la distribución de utilidades, la adquisición de bonos para fugar dólares u operaciones con paraísos fiscales.
El conflicto estalló el fin de semana cuando trascendió que el Estado pagó el sueldo a grandes grupos de la talla de Techint y Clarín, incluido sus CEOs. Fue en ese marco que la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos amenazó con presentar un proyecto para que los subsidios sean a cambio de participación en el capital de esas compañías. Y propuso priorizar a las empresas que no reduzcan salarios ni fugen divisas.
En medio de la escalada del dólar paralelo de los últimos días, fuentes de la AFIP reconocieron a iProfesional que detectaron casos de empresas que luego de recibir los fondos de la ANSES realizaron operaciones en el mercado paralelo. Las nuevas trabas justamente restringen esos movimientos a las grandes empresas hasta por dos años. El fisco habilitó además la posibilidad de devolver los fondos, en caso de que una empresa quiera darse de baja.
"Son pelotudos, piden asistencia y después mueven guita, va a haber más restricciones", señalaron desde el organismo encabezado por Mercedes Marcó Del Pont. La artífice del cepo cambiario durante la gestión de Cristina Kirchner maneja ahora los datos de miles de empresas y se convirtió en un dolor de cabeza para algunos desde que se conoció el informe de AFIP sobre 950 cuentas en el exterior no declaradas por u$s2.600 millones, revelado por Alejandro Bercovich en el diario BAE.
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En el "círculo rojo" tampoco pasó desapercibido el informe del Banco Central solicitado por el Presidente que expuso la fuga de u$s86.000 millones durante el macrismo y se dio a conocer el día en que el blue alcanzó los$138."Si las empresas sacan el dinero para invertirlo en otro país no es un problema, dejen a los sindicatos que se preocupen por la fuga o la participación en ganancia", respondió en declaraciones radiales el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja.
Los industriales también están molestos por la extensión del decreto antidespidos sin haber sido consultados y ahora ponen en duda la continuidad del pacto con la CGT. En la central fabril preferirían un subsidio al desempleo, como en Estados Unidos, en lugar del "cepo" oficial a las cesantías. Y se espantan con la propuesta de que el Estado participe de los paquetes accionarios del sector privado.
"Es una línea que responde a Cristina, diferente a la del Presidente, no sé si para tensar la cuerda", explicó un directivo de la UIA. Quizás por ese motivo la cúpula de la entidad se apresuró hace unas semanas a mantener una reunión virtual con Sergio Massa. En dicho contacto, le informaron que el 81% de las empresas manufactureras no pudo cobrar cheques durante abril, y que un 60% encuentra dificultades para el pago de sueldos.
Mientras el Gobierno negocia con los acreedores una extensión de los plazos para pagar, los empresarios buscan a su modo lo mismo mediante la resurrección de la Ley de Quiebras del 2002, que suspendió las ejecuciones por seis meses. Temen una ola de convocatoria de acreedores para el segundo semestre, una vez levantada la feria judicial.
Massa representa un bálsamo para los empresarios. Después de todo, el titular de la Cámara de Diputados es el que menos entusiasmo demuestra en el avance del impuesto a las grandes fortunas, aunque en la bancada oficialista aseguran que "no lo va a boicotear".
Alberto hace equilibrio
Luego de que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio se opusieran la semana pasada a tratar el debate sobre el gravamen, el Presidente envió una nueva señal ayer y le dio luz verde al demorado proyecto durante una reunión que mantuvo en Olivos con Máximo Kirchner y el titular de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller. "El proyecto se está trabajando", confirmaron a este medio cerca del jefe del bloque del Frente de Todos.
La idea es gravar a 12.000 personas físicas con una "contribución extraordinaria" sobre Bienes Personales, con el objeto de recaudar u$s3.500 millones. Una versión, por cierto, mucho más moderada respecto de aquellas iniciativas oficialistas que proponían incluir también la facturación de las compañías y los ingresos.
El tributo tendría además otras finalidades. Por un lado, compensar el impacto fiscal de los proyectos legislativos que implican gastos o bien exenciones impositivas, como la Ley de Economía del Conocimiento. Y, por otra parte, se busca calmar las señales internas de descontento.
Dentro de La Cámpora observan que el Gobierno avanzó con rapidez en otorgar fondos a los gigantes empresarios y fijar un barril subsidiado en u$s45, mientras los jubilados recibirán en junio una suba inferior a la prevista en la fórmula suspendida y más de 3 millones de personas aguardan aún el primer bono familiar de $10.000. Por eso, el kirchnerismo espera más señales de Cristina.