El corte de gasoil con biodiésel permitió crear más de 9.300 empleos

Según los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Energí­a, entre enero y octubre de 2017 se destinaron al corte de gasoil más de 960.000 toneladas de biodiésel. 

En base a estas cifras, se estima que este derivado de la soja, que es amigable con el medioambiente, totalizó el año pasado ventas al corte por más de 1,1 millón de toneladas.

Lo interesante es más del 75% fue aportado í­ntegramente por casi 30 pequeñas y medianas empresas, todas de capitales nacionales.

Las mismas, amparadas en la Ley 26.093 -que si bien fue sancionada en el año 2006 su régimen entró en vigencia en el año 2010- operan en diferentes provincias, como Santiago del Estero, Entre Rí­os, San Luis, Neuquén, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires, generando un importante "efecto derrame" en esas economí­as.

En este contexto, el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB), Alejandro Abad, destacó a iProfesional que "a diferencia de empresas que se nuclean y buscan el amparo del Gobierno, en el caso del biodiésel fue un proceso que se dio al revés: todas las plantas se crearon como consecuencia de esta ley, en un momento en el que el Estado comenzó a considerar al este combustible como un producto de interés nacional, por su impacto positivo en la matriz energética".

Además, consignó el directivo, "el hecho de que todas estas plantas estén repartidas en diferentes provincias, fue consecuencia de que la propia normativa se encargó de incentivar la instalación de industrias en zonas poco desarrolladas y alejadas de los puertos, de modo de fomentar la generación de empleo".

A las limitaciones geográficas, según Abad, se sumó el hecho de que las Pymes que se crearon bajo el amparo de la Ley 26.093, se hicieron con limitaciones de tamaño.

"Para ponerlo en perspectiva, una empresa grande que exporta biodiésel al mundo está pegada al puerto y tiene capacidad para producir medio millón de toneladas al año. En cambio, las Pymes que nacieron gracias a la normativa que impulsó el Estado, tienen una capacidad máxima de 50.000 toneladas, que se manejan con un número similar de personal, y fueron instalándose en el interior de las provincias para cumplir con uno de los propósitos de la ley, que era y sigue siendo el de fomentar las economí­as regionales", agregó.

Desde CEPREB consideran al sector como un caso de éxito, porque bajo las reglas de juego con las que debieron comenzar a operar, las empresas lograron generar una cadena que, en total, hoy da empleo a más de 9.300 personas en diferentes provincias del paí­s.

"Estamos hablando de choferes de camiones, contratistas del sector metalmecánico, ingenieros, consultores... el efecto dinamizador de una planta instalada en una localidad es enorme", apuntó Abad.

El experto agregó un dato no menor: cuando se creó la ley, se pensó para que los pequeños productores sojeros pudieran darle mayor valor agregado a sus granos en la zona y no pierdan buena parte de su rentabilidad por el costo del flete que les representa el enví­o de la mercaderí­a a los principales polos de crushing, en general emplazados en la costa del Paraná.

En este contexto, desde CEPREB plantean que las empresas se crearon y se adaptaron a un marco normativo. Dicho marco, no sólo indicaba la escala productiva y ubicación geográfica, sino también la regulación de un precio por parte del Estado.

"Al estar todas las plantas alejadas de los puertos, con los consiguientes mayores costos logí­sticos, y al haberse construido con una capacidad máxima de 50.000 toneladas, cumpliendo con todo lo que indicaba la ley impulsada por el Estado, estas Pymes hoy producen y reinvierten en sus provincias gracias a que existe un precio fijado por el Gobierno", apuntó.

Lo interesante es que el precio del biodiésel, al explicar apenas el 10% del corte, representa una pequeña fracción del valor final en las bocas de expendio.

Esto implica que el hipotético sobreprecio que se estarí­a pagando por tener el biodiésel regulado frente a un escenario de libre competencia, se aplica sobre una baja proporción de "bio" en el combustible final.

A modo de conclusión, el directivo remarcó que ese mí­nimo costo extra -que prácticamente no altera la ecuación del precio final del gasoil en el surtidor- "es consecuencia de una ley que impulsó el Estado y que consideró de bien público al biodiésel Pyme, porque permite diversificar la matriz energética, dar valor agregado a las materias primas agrí­colas y regionalizar a la industria, llevándola a lugares en los que, sin incentivos, realmente no se hubiesen instalado", y todo ello contribuyendo además a la preservación del medio ambiente.