Cuál es la distribuidora de gas que más dinero invertirá en lo que resta del año
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Dentro de la nueva política tarifaria establecida por el Gobierno para los servicios de gas y electricidad, las empresas distribuidoras debieron presentar sus planes de inversión para este año. Lo hicieron en el marco de las negociaciones para reacomodar sus valores a la realidad económica actual, con un alto nivel de inflación mensual que todavía no baja de los dos dígitos y para poder acercar el atraso de las facturas al constante aumento de costos que vinieron sufriendo durante, por lo menos, los últimos 15 años.
En ese contexto, además de autorizarse los nuevos cuadros tarifarios del precio del gas y luego de las correspondientes audiencias públicas, la Secretaría de Energía de la Nación y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), negociaron con las distribuidoras de todo el país los planes de inversión que deberán llevar a cabo durante todo el 2024 para sostener la calidad del servicio que ofrecen a sus clientes.
Lo hicieron un par de meses después de que los organismos públicos informaran de manera adicional otro tipo de medidas para garantizar un suministro de gas sostenible y equitativo para todos los usuarios, evitar el desabastecimiento y asegurar la viabilidad económica del sector energético. Uno de esas normas, que informó Energía es la de haber fijado los nuevos valores de producción de gas que se trasladarán a los usuarios. Dicho traslado se realizará para los clientes residenciales N1 (altos ingresos) y los sectores productivos (comercios e industrias) de forma estacional: del 1 al 30 de abril; del 1 de mayo al 30 de septiembre, y del 1 de octubre al 31 de diciembre próximo.
Ya el año pasado, durante la gestión del gobierno kirchnerista, cuando las relaciones entre las autoridades nacionales y las empresas pasaban por una fuerte crisis, el ENARGAS habría inciado la llamada etapa conclusiva del procedimiento de Revisión Tarifaria Integral (RTI) con el objetivo de llegar a convenios definitivos de renegociación con las licenciatarias del servicio público de Distribución y Transporte de gas natural, según los términos dispuestos por los decretos 1020/20 y 815/22.
Intento fallido
En tal sentido, las 11 compañías licenciatarias del mercado regulado de gas natural fueron convocadas por la entidad nacional para presentar un plan de inversiones obligatorias (PIO) que deberán realizar en los próximos cinco años (hasta diciembre de 2028) para atender sus redes de distribución y transporte.
En ese momento, el inventor del organismo, Osvaldo Pitrau, les había pedido a las empresas los programas de desembolso de dinero, dado el contexto inflacionario y la proximidad del cierre de un ciclo de gobierno en el país, algo que las distribuidoras finalmente no hicieron precisamente porque apostaban a un cambio de gestión y porque advertían sobre la dificultad de conseguir presupuestos de varios de los elementos dentro de los planes de inversión, como la renovación de medidores y la flota de vehículos hasta la contratación de software, equipamiento informático y válvulas automáticas, entre decenas de componentes.
El problema también pasaba porque las inversiones no iban a ser incluidas en el llamado Plan de Readecuación de Tarifas Integral (RTI), sino que el objetivo de las autoridades que dependían del ex presidente Alberto Fernández pretendían avanzar sobre una serie de puntos regulatorios para dejar todo listo desde lo administrativo para efectuar un aumento de las tarifas residenciales de gas a partir del 1° de enero 2024.
Se pretendía además allanar el terreno para implementar el Índice de Gas que actualizaría de manera automática las tarifas mes a mes, que luego fue descartado por las autoridades K pero que fue reflotado por la nueva gestión libertaria.
La idea del anterior gobierno era readecuar la estructura tarifaria del segmento regulado y fijar nuevos cuadros para el período 2023-2028, obligando a las distribuidoras a presentar dichos planes de inversión por anticipado para debatir los aumentos tarifarios.
La mayor damnificada
Mientras el anterior gobierno en el 2022 otorgó un pequeño incremento tarifario del 20% que de nada servía para que las distribuidoras de gas pudieran enfrentar sus graves situaciones financieras y el "eterno" congelamiento de las facturas, Metrogas, la distribuidora más grande de Sudamérica, con 2,4 millones de usuarios y propiedad de YPF, informó que las inversiones aumentaron durante la administración de Mauricio Macri.
Durante las audiencias públicas llevadas a cabo en ese momento, la empresa mostró que el promedio de desembolsos creció de u$s27,5 millones (en el período de entre 2002 y 2016) a u$s76,7 millones, entre 2017 y 2019. Luego volvieron a descender con el congelamiento tarifario a u$s40,6 millones, entre 2020 y 2021. El objetivo de la empresa fue, de alguna manera, desmentir el el argumento oficial de que los aumentos de tarifas del período 2015-2019 no repercutieron en mayores inversiones.
Metrogas aseguró que durante esos períodos realizó inversiones por montos superiores a lo que sus ingresos tarifarios le permitían, sin repartir dinero a sus accionistas y destinando todos los recursos a la operación del sistema, mantener y mejorar la eficiencia, cosa que en los años de congelamiento tarifario no pudo hacer al mismo nivel, por ende, tendió a un paulatino deterioro de los activos.
La distribuidora manifestó que acumulaba una deuda con YPF y con Ieasa (exEnarsa, empresa del Estado) de $11.737 millones al 30 de septiembre de 2021, pasivo que se generó durante los meses de agosto a septiembre de 2019 y de junio a agosto de 2020, cuando no le pagó la compra de gas que había hecho para abastecer a sus clientes.
Lo mismo hicieron el resto de las distribuidoras que, como no les alcanzaban los ingresos de las tarifas, se financiaban con empresas controladas por el Estado, como YPF, Ieasa y Cammesa (la compañía encargada de los despachos de energía eléctrica) que, de hecho debían subsistir con aportes del Tesoro.
La cámara que agrupa a todas las distribuidoras, Adigas, directamente publicó un gráfico donde señaló que la inversión promedio de todas las empresas entre 2016 y 2019 fue de $213 millones al año, muy superior a los $70 millones que se invirtieron en promedio por año entre 2002 y 2015, y los $84 millones promedios de los últimos dos años.
Negociaciones exitosas
Ahora, la misma entidad empresaria acaba de publicar un cuadro con el monto de inversiones particular y general que llevarán a cabo las distribuidoras durante este año y luego de haber recibido los fuertes incrementos tarifarios aplicados por el gobierno libertario que comenzaron a regir este mes de abril y que serán retocados mes a mes en función de la evolución de la inflación y de los gastos.
El monto total asciende a los $75.000 millones y, según Adigas, "permitirán mejorar la infraestructura de la red gasífera, en materia de confiabilidad y la seguridad y se podrán materializar como consecuencia de la reciente actualización tarifaria".
En realidad, el dinero se distribuirá en los próixmos ocho meses que le quedan a este año por un monto exacto de $74.110 millones.
"Las obras, posibles gracias a la actualización tarifaria puesta en vigencia el pasado día 3 de abril, constituyen una muy significativa inyección de recursos destinada a mejorar la infraestructura gasífera, priorizando la seguridad de la red, su confiabilidad y la calidad de servicio", señala la camara empresaria en un comunicado, en el cual admite que el aumento tarifario tiene su correlato en la recuperación de las inversiones, sustancialmente disminuidos durante los años de congelamiento tarifario.
Inversiones que varían
Las inversiones varían según la dimensión, la cantidad de instalaciones y de clientes de cada compañía y está claro que, siendo la mayor del país, a Metrogas le toca el monto más grande con $19.590 millones; seguida por Grupo Naturgy (BAN y Gasnor): $18.950 millones; Grupo Camuzzi (Gas Pampeana y Gas del Sur): $17.930 millones; Grupo Ecogas (Distribuidoras del Centro y Cuyana): $11.540 millones; Litoral Gas: $ 4.930 millones y Gasnea: $ 1.170 millones-
Entre las principales obras planificadas destacan la renovación de ramales y gasoductos, la renovación de redes y servicios, el mantenimiento de los niveles óptimos de protección catódica de las cañerías, la innovación tecnológica destinada a mejorar la atención a los clientes y la adquisición de medidores para la incorporación de nuevos usuarios del servicio público, entre otras, de acuerdo a Adigas.
Antecedente negativo
Si bien ahora las empresas lograron consensuar con el gobierno del presidente Javier Milei, en el 2019, cuando era Mauricio Macri el dueño del Sillón de Rivadavia, se autorizó a las distribuidoras a de gas a atrasar sus planes de inversiones como compensación por el congelamiento en las tarifas domiciliaras.
La postergación se mantuvo hasta enero de 2020 y para poder hacer uso del beneficio las prestadoras del servicio de transporte y distribución de gas natural debieron presentar ante el ENARGAS sus propuestas de "readecuación" de las inversiones obligatorias. El objetivo fue que los recortes respeten la exacta incidencia entre los montos que se dejan de percibir en concepto de tarifa. Esto incluye las bonificaciones a los subdistribuidores de esa área y los montos de inversión comprometidos.
El punto también figura en el régimen de transición vigente para las transportistas, con las cuáles no se llegó a un acuerdo. El gobierno autorizó este mes un aumento en la factura de gas de apenas 6% promedio para los usuarios residenciales.
Con el kirchnerismo también
Un escenario similar sucedió a partir del 2021, cuando el atraso tarifario impactó de lleno en la inversión que requiere el sistema, pues el acuerdo firmado con el gobierno de ese momento se acordó que "durante el presente Acuerdo Transitorio de Renegociación no se contempla un plan de inversiones obligatorias a ejecutar por la licenciataria".
De ese modo, se las autorizó formalmente a suspender cualquier tipo de inversión ya que con el incremento tarifario otorgado de sólo el 6% no se cubrían los altos gastos de las compañías, teniendo en cuenta que los ingresos de las facturas residenciales terminó yendo a pagar salarios y el gas a las productoras, dejando la inversión en obras y tecnología para un mejor momento. En los acuerdos con las nueve distribuidoras de gas, firmados el 21 de mayo de ese año el ex ministro de Economía Martín Guzmán y el ex interventor de Enargas Federico Bernal, las licenciatarias se comprometieron a seguir prestando el servicio en las condiciones de calidad y seguridad que surgen de su licencia mientras dure el régimen tarifario de transición, pero a cambio exigieron que se explicite que ya no están obligadas a cumplir con su plan de inversión.
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También se comprometieron a suspender sus reclamos, recursos, acciones o demandas, pero solo dure el régimen de transición, mientras que las transportistas TGS y TGN ni siquiera eso ya que se negaron a firman un acuerdo.