El Gobierno prohíbe a las distribuidoras de gas repartir dividendos y refinanciar deuda
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Además de autorizar aumentos de tarifas muy inferiores a los reclamados por las distribuidoras para los próximos meses, el Gobierno también implementará una serie de medidas de control y regulación que deberán cumplir las empresas como parte del proceso de renegociación de los contratos iniciado tras la llegada del Frente de Todos al poder.
A través del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), las autoridades iniciaron las conversaciones con el sector empresario para cumplir con el mandato del presidente Alberto Fernández de modificar las condiciones contractuales de las concesiones de gas y electricidad.
Se trata de una medida que quedó plasmada el 17 de diciembre del año pasado, cuando se publicó en el Boletín Oficial (BO) el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1020/2020 que en su primer artículo instituye "el inicio de la renegociación de la revisión tarifaria integral" para las prestadoras de servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural sujetos a jurisdicción federal.
Lo que, en la práctica establece la decisión presidencial es dar de baja el anterior acuerdo firmado por las empresas y el ex presidente Mauricio Macri a través de otro decreto, el Nº 543/2020, BO 19/6/2020).
Ajustes en las tarifas
A fines de abril pasado, el Enargas llevó a cabo las audiencias públicas para iniciar el camino del descongelamiento de las tarifas que tienen sus valores fijos hace ya casi dos años y medio.
En esos encuentros, las empresas solicitaron "la recuperación de todo lo pendiente desde abril de 2019 que, en función de lo firmado en las Actas Acuerdo sobre el componente de distribución, es del 128% aproximadamente".
Como tarifas transitorias, algunas propusieron un incremento del 51% en el margen de distribución para cubrir el fuerte incremento de costos registrado desde abril de 2019, lo que impactaría en la factura final de los clientes en alrededor de un 15% de incremento, en promedio.
También solicitaron considerar un ajuste que mantenga este incremento conforme la evolución de la economía, de forma semestral, y que se inicie a la brevedad el proceso de Renegociación de Tarifa Integral, "que permita certidumbre regulatoria y normalización de la actividad".
Solamente el último punto fue atendido por las autoridades nacionales. El resto quedó en meros reclamos ya que la suba tarifaria no superará el 6% y es más que probable que, como en el caso de la energía, sea la única del año.
En cuanto a las negociaciones por el acuerdo global, hace unos días, el Enargas concretó la primera reunión con las licenciatarias tanto de distribución como de transporte sobre la determinación de la base tarifaria, en el marco del proceso de revisión tarifaria integral (RTI).
En el encuentro estuvieron presentes de manera virtual más de 75 personas, lo cual para las autoridades del organismo que dirige Federico Basualdo ratifica el carácter participativo que el Gobierno le imprime a estas mesas de trabajo con le objetivo de consensuar el proceso.
Nuevas normas
Desde el Enargas se plantearon inicialmente cuáles serían los puntos que deberían ser tomados en cuenta para establecer la metodología de cálculo de la base tarifaria, haciendo hincapié en el punto de partida propuesto y la utilización de indicadores para la actualización de los precios.
Las licenciatarias, por su parte, presentaron sus inquietudes y sugerencias intercambiando opiniones y comentarios como los que dejaron sobre la mesa de negociaciones los representantes de Transportadora de Gas del Sur; Transportadora de Gas del Norte S.A. (TGN); Litoral Gas; Camuzzi Gas; Gasnea, entre otros.
Según surge de datos aportados por las propias compañías la propuesta del Gobierno pretende diferenciar las facturas por categoría de clientes y prohibir la distribución de dividendos además de reclamarle a los grupos controlantes de las empresas el compromiso de no iniciar acciones judiciales contra el país en tribunales internacionales.
En algunas distribuidoras, como el caso de Camuzzi, la iniciativa oficial fue aprobada por el directorio y se facultó al presidente de la sociedad, Jaime Barba; a la directora General, María Carmen Tettamanti, y al director Financiero, Claudio Encinas, para que suscriban el acuerdo o cualquier otro documento derivado del mismo.
Según un comunicado enviado por la compañía a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el convenio, previo cumplimiento del procedimiento previsto en el Decreto 1020/20 y la intervención de los demás estamentos del Estado Nacional, aprobaría incrementos en el margen de distribución diferenciados por categoría de usuario que entrarían en vigencia durante mayo.
Adicionalmente, prevé que las empresas no podrán en ningún caso distribuir dividendos durante la vigencia del acuerdo; ni cancelar anticipadamente, directa o indirectamente, deudas financieras y comerciales contraídas con accionistas.
Tampoco tendrán permitido adquirir otras empresas ni otorgar créditos, salvo que beneficien a los usuarios o se otorguen a contratistas que no encuadren en los supuestos indicados.
Asimismo, conforme lo previsto en la cláusula Tercera, dentro de los 10 de suscripto el acuerdo y como condición previa a su ratificación por el Poder Ejecutivo Nacional, las compañías deberán informar que suspenden; no poseen y que no iniciarán acciones, recursos, demandas o planteos de cualquier índole en foros nacionales o internacionales de solución de controversias.