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El Gobierno logró meter un empresario "amigo" en la conducción de la UIA

El dueño de Sinteplast ocupará la Secretaría de la organización industrial de mayor peso del país, secundando a Daniel Funes de Rioja como presidente
11/05/2021 - 21:00hs
El Gobierno logró meter un empresario "amigo" en la conducción de la UIA

Si bien la presidencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) quedará en manos de un crítico de las medidas regulatorias y de control que viene imponiendo el Gobierno, el presidente Alberto Fernández logró poner un "empresario amigo" en la conducción de la mayor organización industrial del país.

Se trata de Miguel Ángel Rodríguez, dueño de la fábrica de pinturas Sinteplast, que ocupará el cargo de secretario, secundando de este modo a Daniel Funes de Rioja, electo como el máximo referente de la entidad fabril a partir del 8 de junio próximo cuando asumirá su cargo en reemplazo de Miguel Acevedo.

A diferencia del también presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal),que es la primera minoría en la UIA con 27 consejeros, la impronta de Rodríguez lo ubica mucho más cercano a los preceptos oficiales.

Miguel Ángel Rodríguez, de Sinteplast.
Miguel Ángel Rodríguez, de Sinteplast.

De hecho, su postulación al máximo cargo de la UIA tenía el respaldo del propio Jefe de Estado y de varios miembros del gabinete como el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien no se lleva muy bien con Funes de Rioja por sus cuestionamientos a las medidas regulatorias que desde la Casa Rosada se han venido aplicando y que han generado fuertes rispideces con el empresariado.

No es el caso del dueño de Sinteplast, quien de todos modos no logró el consenso necesario entre sus pares para presidir la UIA a pesar de tener también el respaldo de Acevedo. Este apoyo le habría jugado en contra si se tiene en cuenta que el propietario de Aceitera General Deheza (AGD), es duramente cuestionado por varios de sus pares de la UIA quienes rechazan sus posturas "blandas" en los reclamos del sector industrial sobre varios temas sensibles como el impuesto a la riqueza y la suba de la alícuota de Ganancias, entre otros.

Con este escenario de fondo, durante la reunión de su Junta Directiva llevada a cabo este martes 11 de mayo, la UIA anunció el desembarco de los nuevos ejecutivos a los máximos cargos, si bien todavía falta que sean formalmente electos dentro de un mes.

El comunicado de la entidad industrial indica que Funes de Rioja destacó que su gestión de los próximos dos años se caracterizará por un trabajo de equipo que siga afirmando el federalismo, la promoción de la inversión privada y la generación de empleo registrado, el desarrollo de la producción nacional –con especial atención en el tejido pyme–, propuestas para el crecimiento sostenido, la integración de género y de los jóvenes a la vida institucional.

Por su parte, Rodríguez manifestó que seguirá trabajando para fortalecer la representación sectorial y regional, así como la integración entre grandes y pequeñas empresas.

Hasta allí, las declaraciones formales. En privado, empresarios consultados por iProfesional admitieron que la designación de Rodríguez en uno de los cargos de mayor importancia de la UIA es una señal hacia el Gobierno, con la que se busca "no romper todos los puentes".

Destacan también el peso que Rodríguez tiene como "amigo" del Gobierno al punto que la fábrica de pinturas que posee fue la sede del anterior festejo del Día de la Industria, el 20 de septiembre del año pasado.

En ese encuentro, Rodríguez y Acevedo compartieron palco con el propio Jefe de Estado y el gobernador Axel Kicillof. Luego, siguió armando relaciones cercanas con la Casa Rosada, incluso asistiendo a actos oficiales en el interior, como la última visita del Presidente a Tucumán.

Futuro crítico

De todos modos, y después de los cuatro años de Acevedo al frente de la UIA, su sucesor asumirá con el apoyo de los grandes grupos como Techint, Arcor y Ledesma que también discutirán con los otros socios los nombres del resto de las autoridades, algo no tan fácil de llevar a cabo si se tiene en cuenta que deberán llenar al menos 116 casilleros.

A Funes de Rioja sus colegas lo respetan por su carácter dialoguista en pos de mantener buenas relaciones con el Estado a pesar de encontrarse ideológicamente en las antípodas del pensamiento de un gran sector del Frente de Todos como es el kirchnerismo y de tener también posturas firmes en contra de varias medidas que aplicó el gobierno del presidente Alberto Fernández.

Una visión diferente a la que le atribuyen a Rodríguez, más cercano al pensamiento oficial a partir del cargo de titular de UIA Pyme que viene ocupando aun cuando su empresa de pinturas tiene más de un centenar de empleados y factura millones de dólares.

Pero, a pesar de ser considerado por sus posiciones dialoguistas, Funes de Rioja también es destacado por sus críticas contra las regulaciones impuestas desde el Ministerio de Desarrollo Productivo en contra de las empresas alimenticias.

Algunos recuerdan el cruce de acusaciones que mantuvo con el ministro Kulfas por la supuesta "inconstitucionalidad" de la Ley de Abastecimiento.

Daniel Funes de Rioja encabeza las críticas contra las medidas regulatorias que impone el Gobierno
Daniel Funes de Rioja encabeza las críticas contra las medidas regulatorias que impone el Gobierno al sector alimenticio

Una pelea que se dio en el marco de una reunión virtual que el funcionario mantuvo con la conducción de la UIA y durante la cual según informó la agencia Télam, Kulfas acusó a las empresas de "aumentar precios y violar los acuerdos", mientras que Funes De Rioja mantuvo la postura de denunciar la política de "persecución" oficial contra el sector alimenticio.

Críticas que también se extienden a otras exigencias que se vienen sumando desde Desarrollo Productivo contra las empresas alimenticias como la de informar mensualmente los precios vigentes y las cantidades vendidas de todos los bienes finales o intermedios, así como también el stock de todos los productos.

A partir de estas diferencias, a Funes de Rioja le toca debatir con las autoridades casi de manera constante la serie de medidas oficiales supuestamente tomadas para controlar la inflación pero que impactan de manera negativa en el sector alimenticio y que generan más burocracia, más carga tributaria y desincentivos a la creación de empleo e inversiones.

Medidas como las de mantener el congelamiento de precios; controles sobre las etiquetas; regular los mecanismos de producción, manejar la ubicación de los productos en una góndola; implementar fiscalizaciones y controles en las grandes cadenas y aplicar multas a importantes grupos productores como Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Arcor Nestlé y Mondelez, entre otras, bajo la excusa de combatir la "especulación" mediante la aplicación de la controvertida Ley de Góndolas.

Funes de Rioja también cuestionó la amenaza oficial de aplicar la Ley de Abastecimiento y los controles de precios que el Gobierno insiste en mantener.

A estas demandas, propias de la impronta "alimenticia" que seguramente intentará sumar Funes de Rioja a la agenda de reclamos de la UIA le sumará los temas que ya vienen siendo levantados como bandera por la entidad empresarial.

En especial, en lo referido a la presión impositiva que ya deben enfrentar las empresas en el país y que en las últimas semanas provocó un fuerte comunicado de la UIA para quejarse por el proyecto de ley que modifica la alícuota de Ganancias que el Gobierno envió al Congreso para su tratamiento.

Los cuestionamientos de la UIA pasan por entender que, de aprobarse, incrementará todavía más la presión fiscal que ya debe afrontar el sector corporativo local; profundizará los problemas industriales, más aún en una economía con volatilidad económica, crisis recurrentes, muy bajo nivel de financiamiento productivo y prácticamente sin crédito a la inversión a largo plazo.

Para los industriales, este contexto requiere fomentar los negocios y no obstaculizarlos tal como entienden que lo hace la iniciativa oficial a la que también cuestionan por considerar que tiene una mirada fiscalista que afectará a la actividad económica local; desincentivará las inversiones; frenará el aumento de la producción y la creación de empleo formal.

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