¿Avance estatista del Gobierno?: esto es lo que cuestionan los empresarios, se ponen en alerta y suben el tono
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La relación entre el Gobierno y los empresarios parece haber ingresado en su punto más alto de conflictividad desde que Alberto Fernández asumió la presidencia de la Argentina en diciembre del 2019.
Si bien nunca hubo un diálogo aceitado y con puntos concordantes en la agenda económica y productiva del país, hasta ahora se observaba cierto equilibrio que jugaba a favor de la paz.
Sin embargo, en las últimas horas los principales hombres de negocios comenzaron a subir el tono de las críticas, más que nada contra las medidas de gobierno que consideran frenan inversiones, cambian para mal las reglas de juego y profundizan la crisis de confianza que ya sufre la Argentina.
Y ya no lo hacen por lo bajo, como muchos de ellos venían optando para evitar posibles "sanciones" desde la Casa Rosada. Por el contrario, ahora presionan para que las entidades industriales redacten comunicados cada vez más duros contra la actuación oficial y anticipando los problemas que se avecinan en el corto plazo por el sostenimiento de políticas económicas ya fracasadas.
Lejos parece haber quedado el clima de distención que reinó hasta febrero cuando se los convocaba a participar de las mesas de convergencia junto a sindicatos y organizaciones sociales para analizar una agenda de temas comunes que permitan continuar con el proceso de "desinflación", "generar compromisos cruzados entre las empresas y sectores de la economía y acordar paritarias con aumentos que no superen la inflación estimada para este año.
En esos días, desde la casa Casa Rosada se daban por satisfechos por entender que habían diluido los resquemores con los que el empresariado miraba a los miembros del Gabinete.
Eran días en los que se usaban frases como "economía sana"; "estabilidad de precios"; "la importancia de la seguridad jurídica" y "la seguridad para la producción", entre otras.
También desde el Gobierno se insistía en la necesidad de "establecer un acuerdo político y social entre todos los sectores", tal como lo sostenía el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, durante aquellos encuentros.
La idea era encarar un proceso en el cual Estado y mercado encontraran un punto común para recuperar la actividad económica y encontrar la fórmula para terminar con la inflación. O por lo menos, combatirla de verdad.
"El Gobierno tiene tiene capacidad de diálogo", se entusiasmaban los empresarios, quizá esperanzados en ser parte de este proceso de cambio a partir de que sus propuestas fueran escuchadas por las autoridades en estas mesas de diálogo.
Sin embargo, en las últimas horas el escenario parece ser otro. Y la rebelión comienza a sentirse cada vez con más fuerza, en especial desde las usinas empresarias e industriales del interior, donde ya advierten sobre "el estado de crisis" que sufren por la sucesión de medidas que se anunciaron y que, según los hombres de negocios, acrecientan la crisis de confianza e inversiones que atraviesa todo el sector productivo nacional.
Así lo da a entender, por ejemplo, la llamada Mesa de la Productividad de San Juan, a través de un comunicado en el cual acusan al Gobierno de impedir la generación de empleo y crecimiento de la economía.
Entre otras medidas, cuestionan el proyecto de reforma de la Ley de Impuesto a las Ganancias por entender que perjudica "gravemente a las tan castigadas Pymes, con incrementos efectivos de la alícuota aplicable del impuesto y sin ninguna consideración de los efectos de la inflación".
Los empresarios de la provincia del gobernador Sergio Uñac sostienen que "se sigue incrementando una de las mayores dificultades que tiene la economía argentina cual es la elevada presión tributaria, sumado a la falta de financiamiento y un permanente cambio de las reglas fiscales y financieras".
Todo en un contexto en el que se anuncian nuevos y fuertes incrementos de tarifas de gas y electricidad, fruto de la eliminación de subsidios que las empresas recibían sobre las facturas de esos servicio. Advierten que esa medida "debiera estar asociada a la baja de impuestos", algo que no está en los planes del Gobierno.
También recuerdan los aumentos constantes del precio de los combustibles, con alto impacto en los costos logísticos y que acrecientan las asimetrías regionales, nunca resueltas mediante mecanismos adecuados.
Para los industriales sanjuaninos, también es preocupante el llamado costo Covid-19, derivado de la pandemia y asociado a testeos, protocolos y transporte de personal, pero fundamentalmente a un elevado ausentismo en torno al 10% por empleados licenciados sea por edad o grupo de riesgo, cuya solución sería un avance más rápido y efectivo del plan de vacunación.
Las críticas también apuntan a la última medida tomada desde el Ministerio de Desarrollo Productivo para instalar nuevos regímenes de control e información de precios, muchas veces superpuestos y que estresan la gestión, incrementan tareas administrativas de las empresas, las desenfocan de su finalidad y no ofrecen resultados efectivos para la sociedad, y en muchos casos significan una intromisión o limitación injustificada en la libertad de ejercicio de la actividad empresarial consagrada por la Constitución.
"Las situaciones antes descriptas impactan todas en los costos de las empresas, restándoles competitividad, y se suman a un conjunto de regulaciones vigentes en materia cambiaria y de comercio exterior que dificultan la llegada de inversiones, desalientan las exportaciones y generan obstáculos para la obtención de insumos importados", sostienen los industriales sanjuaninos.
En el caso estrictamente provincial, avisan que las medidas impactan de manera negativa en las posibilidades de llegada de nuevos emprendimientos mineros.
"Hacemos un llamado a la razonabilidad de las autoridades y legisladores nacionales para ordenar la profunda crisis que sufren todos los argentinos, en un marco de dialogo y acuerdo de todos los sectores, como el que experimentamos en nuestra provincia en el Acuerdo San Juan 2020, y así darnos el país y las condiciones que merecemos todos", reclaman.
Discresionalidad
En el mismo sentido, un comunicado de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) manifiesta una gran preocupación por proyectos y disposiciones que atentan al respeto de la actividad privada y la generación de empleo, teniendo en cuenta el cierre de infinidad de PyMEs en los últimos meses.
Los industriales de la provincia que lidera Juan Schiaretti admiten que la inflación es el principal flajelo a combatir. Reconocen que sus causas son múltiples y discutibles y apelan a que se elabore un plan consensuado y sostenible entre el Gobierno y los empresarios ya que, de lo contrario, "será muy dificultosa la viabilidad comercial atada a medidas discrecionales".
Como ejemplo hacen referencia a la creación del Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE). Advierten que no solo implica una nueva carga administrativa, sino que también alerta sobre el ejercicio de la libertad comercial y la intervención en las decisiones de las empresas. Sumado a la resolución de los precios cuidados y máximos y el aumento de costos, sin previsibilidad como es el caso de los combustibles y la energía, entre otros, conducen inexorablemente a la desaparición del mercado formal de muchas empresas.
El capítulo de suba de la presión tributaria en todos los niveles marcadamente superior a otros países de la región y agravada por la salida del consenso fiscal se suma a este escenario de incertidumbre.
Al respecto la UIA cordobesa advierte, tal como lo hacen sus colegas de San Juan, que el proyecto de ley sobre Ganancias, le resta presión a los sueldos de los trabajadores pero traslada ese déficit a las empresas, "una vez más se evidencia la falta de una mirada genuina para abordar la reducción del gasto público".
"Exigimos a quienes les toca gestionar los destinos de nuestro país y que tienen la obligación de velar por el bienestar general, máxima prudencia en este tipo de decisiones y ponderamos la construcción de consensos para allanar el camino del crecimiento, resaltando que sin previsibilidad y seguridad jurídica no hay inversión privada y sin ésta no hay futuro alguno para nuestra sociedad", finaliza el duro comunicado.
A su vez, un grupo de entidades industriales y del agro de Entre Ríos sumaron su voz a las críticas de los hombres de negocios de Córdoba y San Juan, manifestando una profunda preocupación por la sucesión de medidas anunciadas "que están acrecentando la crisis de confianza que tienen impacto directo en las inversiones necesarias para el desarrollo de la economía argentina".
Acusan al Gobierno de querer poner en marcha políticas tributarias y de control estatal sobre la actividad privada que no solo impiden la generación de empleo, sino que amenazan con agravar una situación que ya provocó el cierre de cientos de pymes en los últimos meses.
Como el resto del empresariado, sostienen que la suba de la presión tributaria agrega incertidumbre a un escenario difícil y recuerdan que la carga impositiva argentina es marcadamente superior a la de otros países de la región, lo que se agravó tras la salida del consenso fiscal.
"Las altas tasas en ingresos brutos que rigen en las provincias y las crecientes tasas en los municipios conducen inexorablemente a la desaparición del mercado formal de muchas empresas", aseguran los empresarios de la provincia gobernada por Gustavo Bordet.
Si bien comparten el sentido del proyecto de ley Ganancias, advierten como sus pares de la UIA cordobesa sobre un aumento del peso de este tributo sobre las empresas. "Esto evidencia la falta de una mirada genuina del problema, que debería abordarse con una reducción del gasto público", se quejan.
También comparten la lucha contra la inflación pero coinciden en la necesidad de que se encare un plan consensuado con el sector privado para ser sostenible y entienden que el camino de las medidas discrecionales sobre precios máximos es un riesgo para las empresas y torna dificultosa la viabilidad comercial. Más aún, cuando se toman medidas que elevan la imprevisibilidad de los costos, como la decisión de aumentar las tarifas de energía solo para el sector productivo. Comparten también la preocupación por el SIPRE por considerar al sistema como propio del intervencionismo del Estado sobre el ejercicio de la libertad comercial y las decisiones de las empresas.
"Todo esto impacta en los costos de las empresas, le restan competitividad y se suman a un conjunto de regulaciones vigentes en materia cambiaria y de comercio exterior que dificultan la llegada de inversiones, desalientan las exportaciones y generan obstáculos para la obtención de insumos y equipamientos importados", detallan los industriales de Entre Ríos, quienes piden a las autoridades que extremen la prudencia en este tipo de situaciones, ponderen la construcción de consensos para allanar el camino del crecimiento y generen previsibilidad y seguridad jurídica para favorecer a la inversión privada.