Guglielmino dijo que la Ley de Abastecimiento está vigente

El procurador del Tesoro de la Nación, Osvaldo César Guglielmino, se pronunció en favor de la vigencia de la ley 20.680, rotulada como "Ley de Abastecimiento".

"Las facultades otorgadas por la ley 20.680, que fueran oportunamente suspendidas por el decreto 2284/91, fueron reestablecidas en cuanto a su vigencia, en virtud de los dispuesto por el decreto 722/99", concluye el dictamen de la Procuración.

El pronunciamiento sobre la vigencia de las facultades otrogadas por la Ley de Abastecimiento a la Secretarí­a de Comercio Interior fue requerido a Guglielmino por la dirección general de Asuntos Jurí­dicos del Ministerio de Economí­a y Producción.

El pedido, si bien en el texto no lo precisa, apuntarí­a a buscar opinión respaldatoria sobre la vigencia de la norma, ante las objeciones formuladas en su momento desde sectores empresarios.

Ante la consulta respecto de la vigencia de las facultades otorgadas por la Ley 20.680 a la intevención de la Secretarí­a de Comercio Interior, Guglielmino considera que "como toda norma legal, debe reconocérsele vocación de permanencia, salvo que ella expresamente disponga lo contrario".

"En ningún momento se desprende del decreto 2284/91 que, una vez declarada la emergencia de abastecimiento, el restablecimiento de las facultades de la Ley 20.680 serí­a meramente temporal o transitorio mientras se mantuvieran las condiciones que determinaron su restablecimiento y que, luego, volverí­an a quedar suspendidas", añade, según se alude en los considerandos.

La intervención de la Secretarí­a de Comercio obró en defensa de la Ley de Abastecimiento por considerarla "un instrumento jurí­dico efectivo a los fines de regular las relaciones entre los agentes económicos, y prevenir o reprimir conductas especulativas o distorsivas en la provisión de productos y servicios", según se explicita en las constancias del expediente.

Haciendo uso de estas facultades, la Secretarí­a de Comercio Interior multó en 2006 a la petrolera Shell con 23 millones de dólares, mientras que en junio pasado encontró cinco estaciones en infracción y otras 40 en proceso, aunque la medida fue apelada por la compañí­a.

"Cabe tener presente que la ley 24.344 actualizó las penas establecidas por la ley 20.680, circunstancia que demuestra que a juicio del Poder Legislativo ésta se encontraba vigente", agrega el documento que lleva la rúbrica de Guglielmino.

La Dirección de Legales del Area Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa entendió que "los efectos de la emergencia declarada por el decreto 722/99 aún subsisten, razón por la cual el ejercicio de las facultades conferidas por la ley 20.680 resultarí­a legí­timo".

La Procuración advierte que "los dictámenes emitidos importan un pronunciamiento definitivo no sujeto a debate o posterior revisión, salvo que concurran nuevas circunstancias de hecho o que el contexto legal tenido en cuenta haya sufrido modificiaciones".