El Gobierno, decidido a tomar distancia de la citación a Franco Macri para "blindar" la imagen del Presidente

A la sorpresa inicial por la citación de Franco y Gianfranco Macri -el padre y el hermano del Presidente- para prestar declaración ante el juez Claudio Bonadio por presunto pago de coimas, le siguió la inevitable etapa de especulación política sobre cómo esto podría afectar al Gobierno.

En las primeras horas después de conocida la noticia hubo dos temas que sobresalieron y dieron pistas sobre cuál puede ser la tónica de los próximos días.

Por un lado, la ausencia de reacción oficial. A pesar del esfuerzo periodístico intenso por obtener la palabra de funcionarios cercanos al presidente Mauricio Macri, hubo una evidente consigna de no responder, o de limitarse a marcar que el Gobierno no tiene injerencia en las cuestiones judiciales y que no corresponde respuesta en el plano político.

Los pocos funcionarios que hablaron informalmente del tema mostraron cierta sorpresa pero inmediatamente marcaron su convicción de que no se afectará el funcionamiento ni la imagen pública del Gobierno.

Después de todo, el caso sigue afectando primordialmente a la administración kichnerista, dado que quien acusó a Macri padre es un ex funcionario K, Claudio Uberti, ex director de Occovi, quien tenía línea directa con el detenido ex ministro Julio de Vido.

En este sentido, la insinuación de algunos funcionarios fue que el kirchnerismo podría pagar mayor costo político y que, en todo caso, el hecho de que miembros de la familia Macri fuesen citados sin que el Presidente diera muestras de querer interferir podría hasta tener una repercusión favorable en la opinión pública.

De hecho, el patriarca de los Macri ya había sido blanco de los cuestionamientos de Elisa Carrió, quien el año pasado señaló que Franco “estaba asociado a los K” y poco después fue tajante al declarar: “Si tiene que caer Franco Macri, que caiga”.

Franco Macri estaba asociado a los K.

En el gobierno se cometen errores y se pagan x esos errores.

Este gobierno está muy bien controlado. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 2 de marzo de 2017

El otro tema relevante fue la polémica sobre si el estado de salud mental de Franco Macri, que tiene 88 años, le permitirá prestar declaración en la causa.

Muchos recordaron palabras recientes del propio Presidente sobre el estado de su padre. “Papá tiene un proceso de demencia en avance y, cuando amanece, tiene un par de horas de extrema lucidez y después te empieza a repetir las cosas… Te hace historias y relatos raros”, había declarado Mauricio, según recogió la periodista Laura Di Marco en su libro “Macri”, lanzado en la primera mitad de 2017.

Sin embargo, es inevitable que esta cuestión pase a ser objeto de especulación política en las próximas horas.

La citación

El juez federal Claudio Bonadio citó para el próximo jueves a Franco y a Gianfranco Macri, en una investigación derivada de la causa por los cuadernos con detalles del presunto pago de sobornos a ex funcionarios para acceder a contratos en el área de transporte.

Ambos deberán presentarse el próximo 13 de diciembre en los tribunales federales de Retiro, imputados por el supuesto pago de sobornos en la concesión vial del Acceso Norte y Autopistas del Sol, según informaron fuentes judiciales.

Un día después declararán directivos de Autopista del Oeste y también se citó nuevamente a indagatoria al detenido ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y a otro empresario, Eduardo Eurnekian, en la misma causa. Eurnekian es el presidente de Corporación América, un conglomerado que incluye distintas industrias como la aeroportuaria, agroindustrias, energía e infraestructura.

Todos serán interrogados en relación a dichos del extitular del Organo de Control de las Concesiones Viales (Occovi), Claudio Uberti, quien fue aceptado como arrepentido en la causa.

Uberti implicó a todos los citados con el presunto pago de sobornos que eran recaudados por funcionarios nacionales entre concesionarios de empresas viales durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

En la resolución Bonadio aludió a "montos ilegales recaudados por el entonces titular del Occovi y aportados por los titulares de las concesiones viales".

Además serán indagados una vez más los también detenidos ex secretario de Obras Públicas José López, y de Transporte, Ricardo Jaime.

El listado abarca a directivos de 20 empresas vinculadas a concesiones viales y la ronda de indagatorias terminará el 27 de diciembre con De Vido y Jaime.

Antes, el turno de Rocca

Cinco días atrás, los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo pidieron la detención del CEO del Grupo Techint, quien fue procesado en la causa de los anotadores por el juez Claudio Bonadio.

Los procuradores apelaron la decisión del magistrado de procesar sin prisión preventiva al empresario por asociación ilícita y pago de coimas a ex funcionarios kirchneristas.

Hicieron lo propio con el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, Hugo Martín Larraburu, y los empresarios Alberto Padoan y Rubén Aranda.

Ahora definirá la Cámara Federal.

Según los fiscales, Bonadio procesó sin prisión preventiva a Rocca, Abal Medina, Larraburo, Padoan y Aranda sin fundamento. Y consideraron que no corresponde que al resto de los imputados se los haya procesado con prisión preventiva y no a otros imputados.

En tanto, Stornelli y Rívolo no apelaron la falta de mérito del empresario Marcelo Mindlin, quien seguirá por el momento siendo investigado por Bonadio.

La apelación que involucra a Rocca no será resuelta por Bonadio, sino por la Sala I de la Cámara Federal, que interviene en la causa de los cuadernos, integrada por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

El Tribunal no tiene plazos para resolver sobre los pedidos de detención de los fiscales así como sobre las acusaciones tanto sobre exfuncionarios como empresarios, aunque se prevé que gran parte de ellas lo sean antes de fin de año.

Todo un síntoma del impacto de la causa de los cuadernos en el mundo empresarial.

Los "cuadernos"

"Los cuadernos de la corrupción" es un proceso que comenzó a mediados de este año como una investigación por supuestos sobornos millonarios que habrían pagado importantes empresarios a cambio de obtener contratos de construcción de obra pública, cuando gobernaron Cristina Kirchner (2007-2015) y su esposo Néstor.

En este caso ya se vio involucrado Angelo Calcaterra, primo del presidente Macri, por la supuesta participación en la trama de corrupción de su empresa IECSA, que hasta 2007 pertenecía al grupo Socma.

Calcaterra declaró que aportó dinero no registrado a la campaña presidencial del kirchnerismo en 2015 y como colaborador con la justicia quedó en libertad. Su nombre también aparece en otra causa abierta por irregularidades en una obra ferroviaria en la que intervino la brasileña Odebrecht.

Cristina Kirchner está imputada en esta causa como "jefa de una asociación ilícita" por el juez Claudio Bonadio, que ha pedido su desafuero como senadora para que cumpla prisión preventiva. El Senado no ha autorizado esa medida.

Por el caso han sido imputados empresarios y exfuncionarios kirchneristas.