Gobierno-gobernadores: que discutirán sobre coparticipación y costo de los servicios
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La discusión de impuestos que plantea el presidente Javier Milei para la reunión de este viernes con los gobernadores enfrentará un complejo sistema de coparticipación, donde no llegan a las provincias todos los impuestos que deberían y no cubren los servicios a los que están destinados.
Los gobernadores patagónicos que se reunieron ayer en Puerto Madryn pusieron en agenda para traer al encuentro de hoy con Milei la distribución de fondos coparticipables, la necesidad de fondos del gobierno central para obras en el territorio y la potestad de las provincias sobre los recursos naturales.
Los mandatarios provinciales declararon a la salida de la reunión que "la producción, la inversión y el empleo deben estar en la agenda de los gobiernos y, si la determinación política de Nación es desertar en sus obligaciones en esa materia, debe reponer un esquema de coparticipación federal de impuestos acorde a esas responsabilidades".
Cómo surge la coparticipación de impuestos
La historia nació en 1935 como primer antecedente, donde se crea el instrumento para la coordinación impositiva entre la Nación y las provincias. Inicialmente, se repartían los impuestos a las ventas y réditos, luego se agregó ganancias eventuales y beneficios extraordinarios, relata Santiago Sáenz Valiente, CEO del estudio SSV y Asoc.
En 1973 se reestructuró y se agrupó en una única masa coparticipable, y desde 1985, se determinaron coeficientes y parámetros. Posteriormente, se sancionó la ley 23.548, que se prorroga automáticamente cada 2 años, y aparecen las siguientes transferencias que van por fuera de la coordinación federal, agrega:
- Asignaciones específicas con destino al sistema de seguridad social.
- Asignaciones específicas para obras de infraestructura básica social.
- Coparticipación vial, infraestructura eléctrica.
- Fondo de atención de desequilibrios fiscales de los estados provinciales.
- Transferencia por el fondo solidario del 10% de recaudación de derechos de exportación de la soja.
Así se armó un laberinto difícil de controlar, y fueron surgiendo diversos motivos para justificar que la Nación se queda en forma plena, con lo siguiente explica Sáenz Valiente:
- Los derechos de exportación e importación.
- Impuestos y contribuciones nacionales con afectación específica.
- Impuestos Internos y otros.
- Impuesto PAIS.
En definitiva, el Estado nacional distribuye del total de la masa coparticipable un 42% para la Nación, un 57% entre el conjunto de las provincias y retiene el 1% para ATN, resume Sáenz Valiente.
Qué impuestos cobran las provincias
La recaudación a distribuir a las provincias esencialmente está compuesta por el IVA y el Impuesto a las Ganancias.
Las provincias tienen como recaudación directa, los impuestos Inmobiliario, sobre los Ingresos Brutos, Sellos y Automotor.
El régimen debe ser un sistema solidario, donde se logre que las provincias más ricas redistribuyan la riqueza generada en ellas a las provincias con menores recursos. El objetivo es lograr que todas tengan un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades, advierte Sáenz Valiente.
Esto no se cumple desde hace décadas, pues en las provincias más ricas la calidad de vida es mucho más alta que en las pobres, remarca, y afirma que:
- Debe existir más equidad.
- No hay criterios racionales y objetivos.
Respecto del impuesto PAIS, reclamado en forma parcial por las provincias, no resulta razonable su coparticipación, pues debe desaparecer obligatoriamente en cuanto se extinga la brecha cambiaria, sostiene Sáenz Valiente.
El Impuesto a las Ganancias de los trabajadores corresponde se determine en forma equitativa y razonable. Corresponde determinar los umbrales para obligar al pago luego de cubrirse las necesidades de las personas para una vida digna que cubra alimentación, vestimenta, gastos de vivienda, educación e incluso descanso, considera.
Tanto los mínimos, las deducciones fijadas y la tabla determinativa, deben actualizarse automáticamente, manifiesta.
El llamado impuesto cedular a los altos ingresos no es razonable, porque impide deducciones de los principales componentes como hijos, intereses hipotecarios, donaciones, servicio doméstico, alquiler de la casa habitación, entre otros, alerta.
Qué pasa con los gastos provinciales y los impuestos
Se necesita definir de manera sensata los servicios que debe prestar cada estrato de gobierno y también determinar los coeficientes de distribución en función de dicha responsabilidad del gasto, subraya Sáenz Valiente, dado que esto provoca externalidades económicas por fallas de mercado en las provincias.
Se trata de una cuestión vinculada esencialmente a los poderes del Gobierno central y del conjunto de las provincias, y la división de sus fuentes tributarias, aclara.
La cuestión se presenta conjuntamente con cuáles son las unidades de gobierno nacional o provincial o municipal, en su caso, que resultan responsables de la prestación de dichos servicios y deben solventar sus costos de funcionamiento, puntualiza.
Recientemente, el Estado nacional decidió no transferir fondos extras para cubrir costos que las provincias enfrentan por el servicio de educación que prestan en cada una de las jurisdicciones, y luego tuvo que dar marcha atrás, recuerda Sáenz Valiente, y enfatiza que este servicio público en etapa primaria y secundaria es responsabilidad de cada provincia.
Además, se ha producido en el ámbito de la salud gran cuestionamiento por aquellas personas que utilizan los servicios hospitalarios fuera de su localidad o provincia, señala.
Cierto es que por la movilidad de las personas, aquellos incluso que residen en el extranjero, usufructúan los servicios de alguna de las provincias de la Argentina. Los mismos no afrontan los costos de esas prestaciones sociales, al no abonar impuestos en nuestro territorio, afirma.
Las unidades de gobierno que prestan el servicio afrontan todo el costo de funcionamiento de los servicios con el producido de los impuestos y las personas ajenas a su jurisdicción usufructúan el servicio, señala.
Por tal motivo, es más que razonable que en los hospitales o escuelas deban fijar una retribución por ese servicio prestado a personas ajenas a la jurisdicción, dado que esta distorsión se presenta entre las diferentes jurisdicciones e incluso entre el gobierno nacional y las provincias entre sí, opina.
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En este marco, los gobernadores presentan al gobierno de Milei que los impuestos tiene detracciones, que restan coparticipación a las provincias y que no cubren los servicios que les fueron delegados.