Entrelíneas del presupuesto 2021: la fórmula "sostenible" de Guzmán para dar una señal de "normalización" fiscal
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El Gobierno envió una fuerte señal este jueves al darle media sanción al Presupuesto 2021, con una reducción del déficit fiscal del 8,5% al 4,5% del PBI. Este resultado se debe a que, mientras la economía se recuperará un 5,5% real y la recaudación un 9,7%, el gasto total disminuirá 10,4% contemplando el impacto de la inflación.
La caída de las erogaciones de la Administración Nacional se explica por la discontinuación prevista de la asistencia de emergencia (IFE y ATP) y un menor gasto social motivado por una caída real en las prestaciones sociales (jubilaciones y pensiones) y las transferencias a provincias, que incluyen partidas extraordinarias por la pandemia.
Según el proyecto de Ley, el gasto total aumentará de los $7.030.391 millones proyectados para este año a $8.284.185 en el período próximo, un incremento del 17,8% frente a una inflación promedio estimada del 31,5% en 2021 (y un promedio del 35%, según privados). Esto representa una caída real del 10,4% en 2021.
El recorte contrasta con la suba real del 17% estimada en 2020 frente a un gasto de $4.531.077 millones en 2019, según datos del Ministerio de Economía. Esa expansión fue impulsada por las asignaciones de emergencia para hacer frente a la pandemia por más de $1.000.000 millones.
Sin contar esas partidas dentro de la base de cálculo, en cambio, las erogaciones aumentarían un 3,8% real en el ejercicio siguiente. El Gobierno argumenta que esa debería ser la forma de calcular el gasto, ya que los fondos de emergencia por el Covid-19 fueron "extraordinarios".
"Si lo comparás con gastos normales, no es un presupuesto de ajuste, aumenta el gasto primario y expandís la economía", explicó a iProfesional el diputado del Frente de Todos Itai Hagman. "El Presupuesto (2021) se armó sin contemplar ninguna partida a la pandemia porque nadie sabe cuánto va a durar", sostuvo.
El legislador y economista prevé, no obstante, que "si la pandemia continúa, habrá partidas extraordinarias". En ese caso, el Gobierno ampliaría la ley de leyes -como lo hizo este año- y efectuaría gastos discrecionales por fuera de lo previsto.
Pero otros economistas señalan que es irreal presuponer que el año siguiente no seguirán los efectos del Coronavirus. Por el contrario, se espera que sean necesarios más fondos públicos para contener la pobreza, ante la débil recuperación de la economía. La OMS ya advirtió además que la pandemia va a durar "un largo tiempo".
Bajo este último supuesto, el Ministerio de Economía espera una caída real del 14,1% en el gasto corriente. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, dentro de este rubro destacan las prestaciones sociales -el de mayor relevancia- con una disminución real de 16,5% arrastrada por el capítulo otros programas sociales.
Este rubro muestra una caída de 67,9% para 2021 por la ausencia en el Presupuesto de las partidas para el IFE de $10.000, otorgado durante tres meses a nueve millones de personas, y del salario complementario del ATP, asignado a 250.000 empresas. El Gobierno otorgará este último por séptima vez, con mayores restricciones.
Al interior de las prestaciones sociales, las jubilaciones y pensiones muestran para el próximo año una disminución de 0,6% (incluyendo en la comparación el bono a jubilados y pensionados otorgado por única vez durante la emergencia); las asignaciones familiares, 7,3%; las pensiones no contributivas, 6,7%; y las prestaciones del PAMI, 26,1%.
Para los subsidios económicos, en cambio, se prevé un crecimiento de 2,3% motorizado por los subsidios a la energía y el transporte. En el primer caso, el crecimiento será del 2,4% debido a las mayores transferencias a la CAMMESA ($441.750 millones), que aumentarán un 3,9% para cubrir los costos del servicio eléctrico no abonados por los usuarios.
"Para 2021, se prevé que los usuarios cubran con la tarifa abonada el 43% de los costos mayoristas del sistema eléctrico", señala el informe de la OPC.
A su vez, los subsidios al transporte ($182.173 millones) tendrán una suba real del 1,3%. Mientras las transferencias con destinos al sistema de transporte automotor de pasajeros ($99.000 millones) subirán 6,9%, la asistencia financiera a los operadores ferroviarios ($81.988 millones) se reducirá 2,5%.
El último rubro de los gastos corrientes son los intereses de la deuda (1,5% del PBI) y exhiben una caída del 24,9%, por la reestructuración de la deuda pública de Ley local y extranjera llevada a cabo este año. El Gobierno todavía debe negociar los compromisos con el FMI por u$s44.000 millones y no descarta pedir fondos adicionales.
Cruces por las cifras
Durante el debate en la Cámara baja, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, afirmó que "se trata de proyecciones prudentes y de ir consolidando ese modelo que el ministro Guzmán llama ‘ir tranquilizando la economía’, con un modelo de racionalidad que permita combinar el crecimiento económico con políticas que tiendan a la igualdad".
En igual sentido, el diputado oficialista Marcelo Casaretto dijo que "este gobierno tiene un plan pero no tiene un presupuesto de ajuste y neoliberal como el que les gusta a los economistas que plantean una reforma impositiva para bajarle los impuestos a los más ricos, una reforma previsional para perjudicar a los jubilados o piden liberar los flujos de capitales".
Los números elaborados por Martín Guzmán, sin embargo, generan ruido en algunos sectores oficialistas, donde reclaman "una política de ingresos agresiva" para reactivar la economía y disminuir los subsidios al sector privado.
"Una de esas medidas necesarias es incluir el financiamiento para mantener el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), suprimiendo por ejemplo los subsidios a las empresas de energía", sostuvo el diputado oficialista, Juan Carlos Alderete.
Asimismo, el también dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) planteó que "los subsidios al combustible o la minería podrían volcarse a la obra pública y a la promoción industrial de pequeñas y medianas empresas".
La oposición, en tanto, disparó contra el Presupuesto por considerarlo la antesala de un fuerte recorte en el gasto social. Durante el debate en la Cámara baja, el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, señaló que "es un presupuesto de ajuste a la medida de la negociación y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional".
"Si comparamos el presupuesto 2021 con el de 2020 tenemos un ajuste en términos reales. Se ve una reducción en gastos primarios de más del 9%; en salud se pierde el 10% del presupuesto en medio de la pandemia, y no vamos a responder al argumento de que está hecho pensando que no va a haber más pandemia porque a eso lo consideramos como un insulto al pueblo argentino", aseguró Del Caño.
Su compañera de banca, Romina del Pla, cuestionó además la "distorsión" del proyecto por estimar un dólar a $102 en diciembre de 2021, en medio de la fuerte brecha cambiaria que la semana pasada acercó las cotizaciones paralelas a los $200.
"Es para esconder la desvalorización de salarios y jubilaciones y todo el mundo está esperando cuál va a ser la magnitud de la devaluación, porque una parte ya vino luego de la fuga de capitales que no ha sido frenada por el Gobierno de los Fernández", denunció.
Por otra parte, el diputado radical, Alejandro Cacace, advirtió sobre un "ajuste en las jubilaciones" al estimar que el gasto en prestaciones de la seguridad social, que representa prácticamente la mitad del gasto público, "está subestimado, ya que tiene previstos 40.000 millones de pesos menos de lo ejecutado esta año".
"No alcanzaría siquiera a pagarse las jubilaciones de este año y si se quisiera dar un aumento en diciembre habría que ampliar la partida presupuestaria", alertó.
Y a continuación aseguró que "comparado con una inflación promedio que se presenta de 32%, la Oficina de Presupuesto del Congreso informó que lo que hay es una caída en términos reales de las jubilaciones".
En cuanto a la emergencia, "pareciera que el 31 de diciembre terminará la pandemia y ya no hay esquemas de protección y gastos vinculados al Covid". "Se pasó de hablar del ingreso básico universal a anunciar el fin del IFE y el desmantelamiento de todos los esquemas de protección total para 2021", señaló.
Por último, cuestionó el cálculo de los recursos en el proyecto de ley: "No es realista, la recaudación según la propia Oficina de Presupuesto va a ser 400.000 millones de pesos menor a lo que estima el Ministerio de Economía".