Así es "Navidad en paz", el plan del kirchnerismo para evitar el salto del dólar con la jugada de una carta sorpresa
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Cristina Kirchner sigue al detalle las negociaciones de Martín Guzmán con la misión del Fondo Monetario. La información de que esas conversaciones habían sido ásperas la semana pasada, en el inicio de la pulseada del Gobierno con el FMI, fue lo que motivó la dura carta pública que la bancada de senadores del PJ emitió la tarde del domingo.
El ministro tomó ese movimiento como un verdadero respaldo político para lo que se viene, al tiempo que fue una especie de balizamiento de lo que la vicepresidenta pretende de esa negociación.
La condición innegociable para Cristina es que en la Argentina no debe haber una devaluación del tipo de cambio oficial. Un salto en la cotización del dólar pondría en serio peligro el resultado electoral de 2021. Es lo que demuestra la historia política reciente: ni el PJ, en 2015, ni Mauricio Macri, en 2019, lograron salir victoriosos tras una devaluación disruptiva. Más riesgoso sería ahora, sin reservas en el Banco Central, y con una pandemia a la que todavía no se le reconoce el punto final.
"Concesiones fiscales sí, pero devaluación no", resume una fuente con contacto estrecho con el Instituto Patria para explicar la posición de la vicepresidenta.
El anuncio de la eliminación del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), por parte del ministro Guzmán, puso en alerta al oficialismo, que no quiere quedar "pegado" a un ajuste fiscal reclamado por el Fondo Monetario.
Aunque se trata de uno de los capítulos del denominado "Gasto Covid", el Gobierno está dispuesto al desarme del IFE y también del ATP, que cumplieron su objetivo durante el aislamiento social.
Ahora, que la actividad se fue retomando, a pesar de la expansión del virus, el diagnóstico es que el Estado argentino -a diferencia de otros países con cuentas fiscales más robustas y, sobre todo, una moneda fuerte-, ya no tiene margen para una asistencia masiva. La palabra "focalización" apareció en boca de los funcionarios a cargo de la ayuda social.
Por eso mismo, para evitar fisuras internas en la coalición gobernante y -sobre todo- para garantizar la paz social en el siempre complicado fin de año en la Argentina.
Por eso mismo, Alberto Fernández en persona pidió a varios funcionarios -con Daniel Arroyo a la cabeza y también con Fernanda Raverta, titular de la ANSES- el diseño de varias medidas que sirvan para compensar, en parte, y puntualmente para diciembre, la desaparición del IFE.
En el oficialismo, además, ayer lunes daban por cierta la posibilidad de que en el Congreso, el bloque de diputados del PJ impulse la ley que genera una contribución a los patrimonios superiores a los $200 millones con la garantía de que esos fondos se utilizarán para pagar, al menos, una ronda adicional del IFE entre casi 9 millones de personas.
En el oficialismo admitían que será una jugada interesante, en medio del debate sobre la conveniencia de ese aporte a las grandes fortunas de la Argentina.
El lanzamiento de la idea es fuertemente resistida en la oposición política, pero también en sectores habitualmente opositores al kirchnerismo, como el rural. Y también entre la mayoría de los empresarios que serían alcanzados con el gravamen.
A pesar de que la promesa del oficialismo es que esa imposición alcanzaría sólo a unas 9.000 personas, la sola mención de un mayor apretón fiscal sobre el sector privado deparó una fuerte resistencia. Por ese motivo, el Gobierno había archivado la propuesta, que ya cuenta con dictamen en Diputados.
El propio Guzmán había escuchado esa advertencia de boca de los principales empresarios del país, que lo visitaron en su despacho hace un par de semanas.
La recaudación del aporte extraordinario alcanzaría -según estimaciones del oficialismo- a los $307.000 millones (por única vez). Para tener una idea: equivale a la tercera parte de lo que la AFIP recaudará este año en concepto de Ganancias.
La distribución de una ronda de IFE araña los $90.000 millones. Y es lo que el Gobierno acaba de eliminar de la agenda ya que asume que no tiene margen para sostenerlo, ante la debilidad de las cuentas fiscales y la corrida cambiaria.
La resistencia del arco empresario -incluso desde algunos referentes cercanos al Gobierno- llevó preocupación al Palacio de Hacienda. Guzmán no quiere que en un momento clave, en plena negociación con el FMI y la búsqueda de la salida a la crisis, haya ruidos que pongan en riesgo su estrategia.
Para el ministro no pasó desapercibida la carta de la Unión Industrial en rechazo a la contribución de los grandes patrimonios. La UIA considera también que el proyecto impulsado mayormente por el kirchnerismo y cuya autoría es del diputado Carlos Heller, grava aquellos recursos que deben destinarse a la inversión.
"Esta delicada situación fiscal puede mejorar, pero sólo será a partir de una recuperación de la actividad y una mayor formalización de la economía", propone el documento de la UIA conocido en la tarde del lunes.
"Navidad en paz"
En el gabinete económico se habló de la chance de que el lanzamiento de un conjunto de medidas sirva para garantizar una Navidad en paz, y la esperanza de que el inicio del próximo año marcará, efectivamente, un camino de salida de la larga crisis.
Por eso mismo, en las últimas horas se avanzó en distintos frentes. Todos con el objetivo de llevar tranquilidad al sector de la sociedad más postergado, y a la vez más castigado por la pandemia.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) "se transformará en tres programas" para seguir apoyando a los que "peor la están pasando" y subrayó que el plan de su ministerio es potenciar la creación de trabajo.
En el inicio de la semana, la Anses anunció que destinará $22.000 millones para el pago de un "plus" a los beneficiarios de la AUH y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) que podrán cobrar desde diciembre. El monto es de alrededor de $6.000 por cada hijo.
Se trata de un monto ya presupuestado, equivalente a un 20% de la AUH y de la AUE, que los beneficiarios cobran contra la presentación de los certificados de escolaridad y los controles de salud.
Por tratarse de un año pandémico, ahora se suprimió esa condicionalidad. Y los beneficiarios cobrarán el plus directamente.
Otros planes en marcha
Desde el punto de vista alimentario, el ministro Arroyo adelantó que en diciembre se duplicará la carga de la Tarjeta Alimentar, que llega a 1.700.000 personas. El mes que viene, la carga de la tarjeta será de $8.000 para las madres con un solo hijo de hasta seis años; y de $12.000 para las madres con dos hijos o más.
El Gobierno, además, presentó el plan Potenciar Joven, un estímulo de $8.500 pagado hasta 12 meses a personas de entre 18 y 29 años que deberán presentar un proyecto al Estado para obtener el financiamiento.
Si bien fue anunciado como un sucesor del IFE, solo llegará a cien mil jóvenes en una primera etapa, con el objetivo de llegar a un millón y con una inversión inicial de $1.000 millones. Por último, Desarrollo Social hará un reparto de 1,7 millón de cajas navideñas.