Después de la tragedia en Panamericana: ¿quién se atreve a mirar para otro lado?

El sábado por la mañana nos impactó la noticia sobre seis adolescentes que perdieron el control en Panamericana, y como resultado del accidente perdieron la vida cinco de ellos.

Tan solo en la madrugada del domingo, Carlos Bianco, un funcionario público bonaerense, se negó a realizar un control de alcoholemia. Lo hizo frente a inspectores que cumplían su trabajo -aparentemente- en su derecho a la intimidad, a que no lo filmen, a no ser expuesto.

Luego de casi dos años y medio que Legislatura bonaerense aprobó la iniciativa y Alcohol Cero al volante se convirtió en Ley en toda la provincia, este hecho sacudió nuevamente la opinión pública y es un recordatorio de los 3.238 siniestros que durante el año 2024 se cobraron la vida de 3.898 personas, según las estadísticas de la secretaria de Transporte.

En casi todos los casos hay un común denominador, el error humano. Pero también, el alcohol está presente en uno de cada cuatro siniestros viales y es la primera causa de muerte de menores de 35 años, de acuerdo con datos oficiales.

No es persecución, es prevención.

A veces escuchamos que estos controles "molestan" o que se "usan políticamente". Pero los controles salvan vidas, como lo afirman desde asociaciones civiles que buscan la prevención de los siniestros.

Ahora bien, queremos una ley de alcohol cero al volante que se cumpla, pero con una ley no alcanza. Debe haber más controles, no menos.

Es sumamente peculiar la manera en que funciona nuestra razón, porque nadie se atribuiría estar en contra del mensaje de prevención de "Madres del Dolor" o "Luchemos por la Vida", pero por el otro lado, si hay controles y se sanciona, nos quejamos.

Pero si no los hay y muere alguien, también. La coherencia empieza por entender que prevenir es actuar.

¿Se puede pedir privacidad en un control?

Sí, claro. Toda persona tiene derecho a que el procedimiento sea realizado con respeto y sin exposición innecesaria. Pero eso no equivale a negarse a cumplir la ley.

Un conductor puede documentar el procedimiento con su celular, pedir que no lo filmen o que no se difunda su imagen en los medios, en otras palabras, solicitar discreción. Lo que no puede hacer es decir "no soplo" porque hay cámaras, y después pretender que no lo sancionen.

Negarse a realizar el control de alcoholemia no es una opción sin consecuencias.

En la República Argentina, tanto en la Ley Nacional de Tránsito 24.449 como en sus diferentes reglamentaciones provinciales y municipales, la negativa al test se presume como positiva, y se sanciona con la pena máxima: 18 meses de inhabilitación para conducir, más la multa correspondiente de 1.7 millones de pesos.

Y acá volvemos al caso concreto, un funcionario público no es "más" que nadie, pero sí tiene un deber: dar el ejemplo.

Cumplir la ley no es optativo. Y cuando un funcionario elige no hacerlo, manda un mensaje equivocado: el de que algunos están por encima de las normas, o peor aún, que podríamos eludirlas.

¿Qué dice la ley?

• La Ley Nacional de Tránsito (Ley 24.449): consagra las figuras del control preventivo y la retención preventiva, para determinar y evitar la conducción con intoxicación alcohólica o por drogas. La negativa a realizar la prueba constituye falta, además de la presunta infracción al inciso a) del artículo 48.
• Ley Nacional 27.714, (Vigente desde mayo de 2023): prohíbe conducir con cualquier concentración de alcohol en sangre y faculta a la autoridad competente a realizar el respectivo control.
• La Ley Provincial Nro. 15.402 de Alcohol Cero (Sancionada en diciembre de 2022): eliminó el grado permitido de 500 miligramos de alcohol por litro de sangre y contempla penalidades como retención de la licencia e inhabilitación para manejar, arresto, multas y obligación de concurrir a cursos especiales de educación y capacitación.
• El Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires: contempla multas, inhabilitación y retención de licencia por alcoholemia positiva o negativa injustificada.

Reflexión

Hablar de alcoholemia no es solo un tema de tránsito. Es un tema de valores, de cultura ciudadana, de empatía.

Negarse a "soplar" es, en términos legales, equivalente a manejar borracho, pero en términos sociales, es mirar para otro lado mientras la realidad nos choca de frente.

La negativa a un control por parte de un funcionario es el peor ejemplo que podemos dar.

Porque la confianza en las instituciones se construye desde la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.