El proyecto más polémico: cómo prevé el "plan Vallejos" capitalizar la ayuda estatal a las empresas
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A partir de un tuit en el que planteaba la posibilidad de que el Estado se quede con acciones de las empresas a las que les brinda asistencia económica por el coronavirus, Fernanda Vallejos sacudió la relación entre el establishment y el poder político.
La diputado kirchnerista comenzó este debate haciendo el mismo ejercicio que hace con todos los temas que dentro de su estructura política pueden ser materia de debate.
Observó que la pandemia intensificó la grave situación que ya venía atravesando el empresariado, luego de los cuatro años de gestión de Mauricio Macri y se dio cuenta que la crisis sistémica que golpea a las compañías argentinas no era meramente un problema local.
Lo hizo en el punto más álgido de la debacle financiera que atraviesa el 90% de las empresas argentinas, la mayoría de las cuales apenas puede sobrevivir con la ayuda que el Gobierno viene desparramando en el sector privado para, por lo menos, evitar masivos despidos de trabajadores.
Pero su mirada no se resume solamente a que el Estado capitalice ese salvataje en acciones de la totalidad de las compañías en dificultades económico-financieras producto de las medidas sanitarias para combatir el coronavirus. O en convertir al gobierno actual, o a cualquier otro gobierno futuro, en "socio" financiero de los grandes grupos corporativos locales.
Es más inclusiva, ya que según la visión de una de las principales referentes del kirchnerismo en la Cámara de Diputados, la llegada del Covid-19 marca un punto de inflexión en el rol del Estado dentro de la economía de mercado y abre un pasaje hacia un nuevo ciclo del desarrollo capitalista.
Y se da en un contexto mundial en el que entró en crisis el modelo de globalización y la ayuda pública se consolida como la principal herramienta para mitigar el impacto de la pandemia en la actividad económica.
Protección contra compras oportunistas del exterior
Según los expertos, no habrá empresa en el futuro inmediato que no siga precisando de la ayuda pública, mostrando al Estado como el sujeto que organiza el esfuerzo colectivo para administrar la pandemia y la crisis económica y social.
Un actor central y vital para "atajar todos los pelotazos" de la situación que plantea una normalidad económica diferente a la conocida antes de la pandemia y un esfuerzo de reorganización territorial, geográfico, productivo donde el rol del Estado será fundamental.
Pero Vallejos no profundiza en el típico enunciado estatista que todavía levantan como bandera ciertos sectores del progresismo de izquierda.
Al hablar de capitalización y no de expropiación, más bien denota un fuerte pragmatismo, con una visión nacionalista, un mandato de protección para los grupos corporativos considerados estratégicos en el desarrollo del país, de la voracidad de fondos extranjeros que quieran aprovechar la debilidad financiera actual para comenzar un festival de compras de empresas locales a precios casi de remate.
De hecho, una investigación de iProfesional dio cuenta de la pérdida de valor bursátil que vienen sufriendo las 17 empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York desde que comenzó la crisis sanitaria del coronavirus. Según los datos recabados, entre marzo pasado y este mes, ese grupo de empresas acumula una caída de u$s10.000 millones en su market cap conjunto, siendo solamente Mercado Libre el único caso positivo, con una revaluación de u$s41.000 millones.
Si bien no se trata de la valuación total sino la de mercado, con u$s1.500 millones se podría comprar YPF. O con mucho menos, u$s147 millones quedarse con Edenor. Si el monto se incrementa a entre u$s4.000 millones y u$s6.000 millones es posible adquirir compañías del peso de Tenaris o Ternium, dos de las principales productoras de acero de la Argentina y del mundo.
Teniendo en cuenta este escenario, la propuesta de la diputada Vallejos se basa en este actual contexto de falta de liquidez en el que se torna necesario entonces resguardar el capital privado de los fondos especuladores del exterior. Más que nada entendiendo que las secuelas económicas y sociales del coronavirus tardarán un largo tiempo en ser superadas.
Por eso quiere dar un paso más en la relación que ya se ha generado entre las empresas que piden ayuda oficial para sobrevivir y el Estado que se las otorga.
Del subsidio salarial a la inyección productiva
Entiende la diputada y una de las principales referentes del kirchnerismo en el Congreso, que habrá una "nueva ola de asistencialismo estatal", pasado lo peor de la pandemia.
Considera que la próxima inyección de fondos públicos al sector privado servirá no sólo para seguir pagando sueldos sino también para poner en marcha la producción y tratar de reactivar la demanda.
Advierte que el Gobierno no debe convertir esta nueva ayuda en un subsidio al capital privado. Y por eso cree que el Estado debe capitalizar esos fondos en acciones.
Pero no en todas las empresas que han recibido o recibirán el dinero estatal sino solamente en las que cotizan acciones en los mercados bursátiles, locales o extranjeros, o en las que ya el Estado es accionista a partir del Fondo de Garantías de la Anses.
Su propuesta no es abarcativa. No busca capitalizar acciones de pymes o de empresas que no participen en los mercados de capitales. Se limita a los grandes grupos cotizantes y que, según los cálculos que hacen en el entorno de Vallejos, no llegan a representar el 0,1% del total de las compañías anotadas en los planes de ayuda lanzados por el Gobierno para evitar males mayores en la economía a partir de las restricciones impuestas en la lucha contra el coronavirus.
Es decir, a sectores corporativos y financieros claves y manejados por poderosos hombres de negocios como Paolo Rocca; Alejandro Bulgheroni; Eduardo Eurnekian; Marcelo Mindlin; Eduardo Elsztain; Gregorio Perez Companc; Javier Madanes; Jorge Brito o la familia Supervielle, entre otros. O a empresas de diferentes estilos y sectores como pueden ser Techint; Pampa Energía; Aluar; Irsa; Edenor; Telecom; Molinos Río de la Plata; Corporación América; YPF; TGN y TGS; o los bancos Macro, Galicia o Supervielle, para citar algunos.
En muchos casos, el Estado ya es accionista, con lo cual una posible ampliación de ese capital quedará sujeta a negociaciones vinculadas a los montos que se podrían inyectar como financiamiento por pandemia.
Y en muchos casos también el sector político al que pertenece la diputada Vallejos acusa a parte de este grupo de empresas y empresarios de haber protagonizado varias fugas de capitales en años anteriores.
Según sostienen, en varias investigaciones sobre este tema aparecen siempre los mismos nombres vinculados no sólo al envío de fondos al exterior sino también a evasión impositiva por parte de grupos buscan siempre eludir los controles del Estado.
Por lo cual, dicen, suena injusto que se los siga ayudando sin contraprestación y en un contexto de necesidades por parte de la población, de las pymes, con compañías fuertemente endeudadas, altas tasas de interés y una preocupante fragilidad de todo el entramado productivo local.
La hipótesis se basa en que estas empresas tienen espalda y recursos propios en el exterior que fueron "fugando" y por los cuales no han venido pagando impuestos durante años. Que, con esta política, han dejado sin recursos fiscales al Estado, han presionado sobre el valor del dólar, han sido en parte responsables de la recesión interna y han tomado deuda para seguir fugando fondos que ahora el Estado debe renegociar con los acreedores externos en el marco de la reestructuración de la deuda que está encarando el Gobierno.
No tiene sentido, dicen, que entonces pretendan obtener ahora dinero "gratis" que, a pesar del recuento de irregularidades planteado, igualmente las autoridades disponen para mantener el empleo y preservar la vida de sectores productivos considerados esenciales para el desarrollo de la economía argentina.
Una medida no compulsiva
La propuesta tampoco es retroactiva. Intenta perfeccionar una política o un criterio para adelante, teniendo como antecedente lo que pasó. Es decir, no pretende convertir la asistencia estatal que ya recibieron las empresas durante estos 60 días de cuarentena sino la que eventualmente vuelvan a solicitar para recomenzar sus procesos productivos.
O para seguir sobreviviendo mientras la economía argentina no logre salir de la crisis actual y no existan chances de encarar planes de reducción de costos a partir de suspensiones o despidos masivos.
Pero así como no es ni retroactiva ni abarcativa, la propuesta de la diputada Vallejos tampoco es compulsiva.
La capitalización se dará solo en los casos de pedidos de auxilio financiero estatal y con la salvedad de que, una vez recuperado el equilibrio económico, las empresas puedan recomprar esas acciones en el mercado.
Es decir que garanticen, con una porción equivalente de sus acciones, que, cuando acabe el período de emergencia económica y se recupere la senda del crecimiento, le reintegrarán al fisco el dinero que aportaron los contribuyentes.
La diputada Vallejos buscará que su idea se siga debatiendo durante este tiempo para analizar qué posibilidades tiene de alcanzar rango de proyecto, ser llevado al Congreso para su tratamiento y eventualmente ser sancionado como ley.
Hasta ahora, la diputada K y titular de la Comisión de Finanzas de la Cámara baja cosechó el respaldo de varios miembros del gobierno de Alberto Fernández, así como de funcionarios, legisladores, gremialistas y hasta de un grupo importante de empresarios.
Los ministros de Trabajo y Educación, Claudio Moroni y Nicolás Trotta; los legisladores Oscar Parrilli y Carlos Heller; los sindicalistas Pablo Moyano; Hugo Yasky, y Pablo Miceli; el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti y el CEO de Aluar y FATE, Javier Madanes Quintanilla, son algunos de los que ya se han pronunciado totalmente o relativamente a favor de la iniciativa.
Por caso Moroni evaluó la idea como "interesante" y de hecho viene manteniendo charlas y reuniones con la propia Vallejos para avanzar en el armado de un esquema de este estilo.
En el mundo empresario, Moretti expresó su respaldo a la iniciativa y también se pronunció, en un programa de televisión, a favor de instaurar "un salario universal para todos los argentinos".
Del mismo modo, Javier Madanes dijo no sentirse incómodo con la presencia del Estado dentro de la actividad privada "porque hoy nos encontramos en la coyuntura de la subsistencia de muchos sectores dentro de la economía argentina".
Está claro que así como hubo expresiones de respaldo también las hubo de rechazo. En especial desde el ala más dura de Juntos por el Cambio, encabezada por la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien calificó la idea de Vallejos como una "expropiación" y la comparó con lo que sucede en Venezuela.
También hombres de negocios que advierten que salvo YPF, y tal vez alguna compañía más estratégica, el Gobierno no debe entrar en otras empresas y estiman que el plan de Vallejos busca "correrlos" con el temor del Estado-socio para que no pidan más asistencia quienes pueden mantener a sus empresas con las ganancias del pasado.
Otros ejecutivos argumentan importantes carencias en la idea de la diputada kirchnerista. Dicen que si las empresas no tienen ingresos es por la prohibición dispuesta por el Gobierno para enfrentar el virus; que el dinero se deposita directamente en las cuentas de las personas sin pasar por la tesorería de las empresas que únicamente informan los datos de su nómina.
O advierten que el vínculo entre las empresas y sus empleados, que es un contrato de trabajo bajo el cual corresponde el pago del sueldo en retribución de la tarea realizada, actualmente no se está ejecutando por orden del Gobierno y no por decisión de las empresas.
En este marco, la base de la discusión que Vallejos aspira a mantener para pulir su propuesta parte de mirarse en el espejo de otros países que también plantean salvatajes de empresas como los casos de Estados Unidos y Europa donde Alemania, Francia e Italia se han propuesto comprar parte del paquete accionario de empresas estratégicas en riesgo de quiebra o de ser absorbidas por grupos extracomunitarios por su debilidad bursátil.
Sin embargo, el caso europeo no responde a las expectativas que Vallejos tiene para un proyecto local. La diputada considera que en Argentina las pymes deben quedar afuera de este debate.
Por eso también sus equipos de colaboradores estudian el caso de capitalización llevado a cabo por el gobierno de Estados Unidos durante la crisis del 2008, además de seguir abriendo el debate a todos los sectores vinculados con la propuesta.
No se descarta que en las próximas semanas se sumen nuevas voces de apoyo y rechazo a la iniciativa de la diputada Vallejos, más que nada desde el sector empresario.
Y si bien, la discusión sigue abierta y no hay muchas más certezas en la actualidad, el camino que recorrerá la iniciativa de la legisladora K indefectiblemente será el de presentar en el Congreso un proyecto de ley que le permita a su idea la viabilidad de cobrar vida. O no. Nunca se sabe.