Kicillof toma distancia de Alberto: endurece requisitos para despidos y rebajas de sueldo en la provincia
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Con el objetivo declarado de mitigar los efectos de la pandemia sobre el mercado laboral y proteger las fuentes de trabajo, el gobierno de Axel Kicillof endureció el procedimiento preventivo de crisis (PPCE) que deberán iniciar las empresas bonaerenes previo a comunicar despidos y suspensiones por fuerza mayor, aunque también podrán hacerlo los sindicatos.
Antes de adoptar medidas, los empleadores del mayor distrito del país deberán presentar datos económicos financieros y balances contables respaldatorios de su situación de crisis, las firmas de más de 50 empleados tendrán que informar los subsidios recibidos y las de más de 500, incluir un balance social. Caso contrario, la Provincia podrá sancionarlos.
El Ministerio de Trabajo bonaerense, encabezado por Mara Ruiz Malec, dispuso los cambios este lunes en la resolución 169 publicada en el Boletín Oficial para "evitar arbitrariedades" en el sector privado, en medio de la reapertura de nuevas actividades y las crecientes denuncias de los sindicatos de incumplimientos por parte de las empresas.
"La resolución 169/2020 del Ministerio de Trabajo en realidad lo que hace es un aggiornamiento de la resolución anterior, es para contar con un procedimiento más ágil, moderno y que proteja a las fuentes de trabajo y a los trabajadores, en particular en esta época de pandemia", explicaron fuentes de la cartera laboral bonaerense.
Frente a la parálisis económica y el deterioro de los indicadores laborales ocasionados por el aislamiento obligatoria, Ruiz Malec ya habilitó un canal de denuncias para los empleadores que incumplan sus obligaciones y realizó intimaciones en las últimas semanas. Ahora, los nuevos cambios buscarían reforzar la prohibición de las cesantías y reducciones de jornada dispuesta en el DNU 329 que el Gobierno nacional decidió extender por otros dos meses a partir de junio.
"Esto estaba en nuestra agenda con anterioridad, como forma de dar cabal cumplimiento y operatividad a la normativa que restringía la posibilidad de medidas como los despidos y las suspensiones", señalaron.
De acuerdo con la Ley de Empleo (24.013), el PPCE debe tramitarse cuando los recortes por fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas afecten a más del 15% de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores; a más del 10% en empresas de entre 400 y 1.000 trabajadores; y a más del 5% en empresas de más de 1.000 trabajadores.
En dicho proceso la empresa debe presentar balances y las autoridades pueden hacer investigaciones. Y si no alcanza esos porcentajes, se aplica el decreto 328, una norma con menores requisitos para pactar con los sindicatos reducciones horarias y despidos de personal. Si bien los procedimientos de crisis ya estaban regulados en la Provincia, la resolución 169 vino a fijar mayores controles y requisitos.
"Con carácter previo a la comunicación de despidos, reducciones de la jornada laboral o suspensiones, por razones de fuerza mayor, causas económicas, falta o disminución de trabajo o causas tecnológicas, que afecten a la totalidad o a parte de su personal, deberá sustanciarse el procedimiento previsto en la presente Resolución", establece la disposición.
La reglamentación precisa que el trámite administrativo deberá realizarse ante la delegación regional de la cartera laboral provincial en cuya jurisdicción se encuentre el establecimiento con trabajadores afectados. Para el caso que se vean involucrados más de un establecimiento, se tramitará en donde el empleador rubrique su documentación o se encuentre el mayor número de personal involucrado, a elección de quien inicie el procedimiento.
Todo esto sin perjuicio de que en caso de que la crisis afecte "intereses provinciales", podrá intervenir la dirección provincial de Negociación Colectiva. De esa manera, la gestión bonaerense busca tener una mayor intervención en los PPCE.
El mecanismo de crisis será iniciado por el empleador, el sindicato o de oficio cuando se presenten elementos que permitan presumir la existencia de una crisis que pueda provocar despidos, suspensiones o reducción de la jornada de trabajo. En caso de que se verifique la adopción de medidas sin aviso previo, ya sea por denuncia gremial, de trabajadores o terceros o aún de oficio, la autoridad intimará al cese inmediato de las medidas "a fin de velar por el mantenimiento de la relación de trabajo y/o el pago de los salarios caídos" y se procederá a la apertura del procedimiento.
Cuando la empresa inicie el trámite, deberá fundar su petición por escrito con datos de la empresa, denominación, CUIT y actividad. Esto incluye el domicilio de cada establecimiento con personal afectado por las medidas propuestas, las causas de las mismas, y si afectan a toda la empresa o solo alguna de sus secciones; y si son transitorias o definitivas, precisando su alcance en el tiempo.
También deberá informar las medidas para superar o paliar los efectos de la crisis, así com la cantidad total de personal por establecimiento y la nómina afectada, con nombre y apellido, CUIL, fecha de ingreso, cargas de familia, área, categoría, especialidad y remuneración mensual, junto con el convenio colectivo y sindicato correspondiente. Otro requisito es la presentación de elementos económico financieros tendientes a acreditar la situación de crisis.
En ese sentido, "será obligatoria la presentación de los estados contables correspondientes a los últimos tres años, los que deberán estar suscriptos, por contador público y certificados por el respectivo Consejo Profesional", indica la resolución. Mientras que para el ejercicio en curso, deberá presentar el estado de flujo de efectivo, también firmado y certificado. Las empresas con más de 500 trabajadores tendrán que sumar el balance social y una copia certificada de trámites por subsidios, exenciones, créditos o beneficios promocionales otorgados por la Nación, la Provincia o el municipio.
Las firmas con menos de 50 empleados, en tanto, deberán explicar las medidas para superar la crisis o atenuarla. Esto es los efectos sobre el empleo y la propuesta para sostenerlo; la movilidad funcional, horaria o salarial; inversiones, innovación tecnológica, reconversión productiva y cambio organizacional; recalificación y formación profesional; recolocación interna o externa de trabajadores excedentes y régimen de ayuda a la recolocación; reformulación de modalidades operativas, concepto y escalas salariales y contenido de puestos y funciones; aportes convenidos al sistema de jubilaciones y pensiones; y, en caso de transitar un concurso de acreedores, acreditar su inicio.
Si la propuesta para superar la crisis incluye reducción de personal, el empleador deberá indicar el número y categorías de los trabajadores que se propone despedir, debiendo privilegiar a los de mayor antiguedad; y cuantificar la indemnización ofrecida a cada trabajador.
Cuando la apertura del procedimiento sea solicitada por el sindicato representativo, la denuncia incluirá la razón social del empleador y domicilio de los establecimietnos afectados, detallar las medidas adoptadas o a adoptar por el empleador, cantidad de trabajadores afectados, fundando debidamente su petición, acreditando los extremos invocados e indicando la prueba necesaria para la tramitación de las actuaciones.
En un plazo de hasta dos días después de la presentación, la autoridad convocará al empleador y a la entidad sindical a una primer audiencia dentro de los cinco días. Las partes deberán concurrir a dichas reuniones y designar representantes con mandato para llegar a un acuerdo. El incumplimiento a las disposiciones dará lugar a sanciones. Y la autoridad laboral podrá solicitar la suspensión, reducción o pérdida de los subsidios, exenciones, créditos o beneficios promocionales de cualquier especie.
"Cepo laboral"
La medida dispuesta este lunes coincidió con la habilitación en simúltaneo de la construcción privada, rubros industriales y comercios de cercanía en zonas con menos de 500.000 habitantes en la Provincia. Y llega en medio de un escenario de creciente conflictividad laboral por el pago incompleto de salarios en muchas empresas, aún en aquellas beneficiadas con subsidios estatales.
Esto generó un brote de protestas en dicho distrito en el rubro ceramista, transporte de carga, neumático, gráfica y la alimentación. En esas ramas, como anticipó iProfesional la semana pasada, los sindicatos o los delegados rebeldes rechazan el pacto entre la UIA y la CGT, reforzado por la resolución 397, para autorizar en forma automática las rebajas salariales de hasta el 25% del personal suspendido.
En ese marco, la nueva regulación de despidos y suspensiones en la provincia de Buenos Aires generó malestar entre los abogados de empresa, quienes ven una inclinación del gobierno de Kicillof hacia los trabajadores y la intención de establecer un supuesto "cepo laboral", en constraste con la orientación del Ministerio de Trabajo de la Nación, encabezado por Claudio Moroni.
"Mientras el Gobierno busca e identifica herramientas ágiles y pragmáticas para responder a una crisis cuya dinámica es inédita, la provincia mas grande y mas rica del país, con el mayor entramado pyme, obliga a transitar por una suerte de procedimiento preventivo de crisis recargado", advirtió a este medio Héctor García, asesor legal de empresas.
A partir de la resolución, el letrado aseguró que "cada empleador queda supeditado y a tiro de una denuncia sindical" y que las empresas deberán justificar la crisis para reducir la jornada laboral (y por tanto el salario) por lo que los establecimientos radicados van a sortear la apertura de procedimientos a nivel local.
En el ámbito sindical, en tanto, los nuevo PPCE también fueron leídos como una desmarcación de Kicillof respecto de la política laboral a nivel nacional, luego de que la semana pasada la cartera de Moroni habilitó las audiencias virtuales para homologar acuerdos individuales de reducción salarial en el ámbito porteño mediante el servicio de conciliación denominado SECLO, tal como anticipó iProfesional.
"La Provincia busca fijar más trabas a lo que pretende habilitar el acuerdo UIA-CGT y un poco le marca la cancha a Moroni", sostuvo el abogado laboralista Carlos Zamboni, quien recordó además que el DNU 297 de aislamiento obligatorio prevé el "goce integral" de las remuneraciones. En ese sentido, según el asesor del sindicato de ceramistas y aceiteros, la nueva normativa premitiría la intervención de las autoridades locales también ante recortes salariales dispuestos en forma unilateral.
Desde el área de Ruiz Malec, por su parte, señalaron que "no existe actualmente norma que admita que la empresa le baje los salarios a quienes trabajan" y ratificaron que una vez recibida la denuncia correspondiente, se procede a correr traslado e intimar la acreditación del pago de salarios.
"En caso que constatemos que no se pagan o que se obstruya la posibilidad de tomar conocimiento de esto, se inicia el procedimiento sancionatorio, ya sea por el incumplimiento a la obligación de pago de salarios o por obstrucción o negociar de mala fe", explicaron desde el Ministerio de Trabajo bonaerense. En el caso de que no se pueda llevar adelante la actividad, el 223 bis prevé una asignación no remunerativa que "debe ser negociada y acordada", informaron las fuentes oficiales.
En cuanto a la denuncia de despidos o suspensiones, la Provincia notifica de inmediato a la empresa su prohibición y rigen las multas previstas en el Pacto Federal del Trabajo por un monto equivalente a entre el 30% hasta el 200% del salario mínimo, vital y móvil, de $16.875, por cada trabajador afectado.
Las rebajas salariales, en la mira
La provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron las jurisdicciones más afectadas en febrero por la caída en la actividad industrial en niveles absolutos, con caídas de 38.000 y 44.000 empleos respectivamente, según un informe de la UIA publicado ayer. Según datos oficiales, desde marzo al último fin de semana 365 empresas abrieron PPCE y 419 acordaron rebajas salariales mediante el artículo 223 bis en el ámbito nacional.
Previo a la pandemia, la dependencia de Moroni dejó sin efecto a través de la resolución 101/2020 los PPCE autorizados por las provincias y estableció que las quitas, reducciones o alteraciones de las cargas que involucren a los recursos del estado nacional mediante ese procedimiento solo podrán sustanciarse con la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación.
La medida respondió a la extensión generalizada del uso de ese mecanismo en las administraciones locales, sin controles suficientes sobre las empresas, y a la preocupación del Ejecutivo por la consecuente caída en la recaudación de aportes y contribuciones.
Pero luego, a fines de abril pasado, la cartera laboral aflojó las restricciones al habilitar a todos los distritos a homologar los acuerdos de rebaja salarial mediante el artículo 223 bis, los que deben ser comunicados a la autoridad nacional. A principios de mayo, la exdiputada, enfermera y dirigente del MST, Vilma Ripoll, denunció que "en la provincia de Buenos Aires siguen los despidos, las suspensiones y las rebajas salariales", y reclamó la adopción de medidas urgentes.
"Si van a repetir la ley contra despidos y suspensiónes, hay que tomar medidas serias para que se cumpla, no alcanza Alberto con pedirle a los empresarios! Toda empresa que incumpla que sea estatizada con control de los trabajadores", disparó en su cuenta de Twitter.
Los acuerdos de reducción salarial generaron incluso un debate dentro del oficialismo, con críticas de Máximo Kirchner al área de Moroni por autorizar un recorte del 25% en la alimenticia Mondelez, pese a haber estado activa en la cuarentena.
Y este domingo se sumó la diputada Fernanda Vallejos, al proponer la homologación de los convenios sin quitas salariales y la participación del Estado en empresas que hayan recibidos subsidios para pagar la mitad de sus salarios (ATP), tras conocerse la asignación de este beneficio a empresas de la talla de Techint. En la Provincia, se estima que el Estado pagó el salario de más de 150.000 trabajadores.
Tras los cruces, el Gobierno endureció este lunes los requisitos a las firmas que soliciten la ayuda para el pago de las remuneraciones de mayo en junio, al impedir la distribución de dividendos y la compra de dólar bolsa por hasta dos años.