Piqueteros-gate: quiénes son los dirigentes sociales involucrados y los jefes de las organizaciones investigadas

Una investigación judicial ha sacado a la luz prácticas extorsivas y abusivas por parte de dirigentes de movimientos piqueteros en Argentina. La causa, liderada por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Sebastián Casanello, implica a líderes del Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), y Barrios de Pie, entre otros, quienes habrían desviado fondos destinados a los sectores más vulnerables del país.

Las investigaciones revelan que los fondos públicos asignados para asistencia social fueron desviados por estos dirigentes, quienes administraban los recursos desde cooperativas, comedores y merenderos, pertenecientes a organizaciones que también tienen vínculos con partidos políticos como el Frente de Todos y el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad.

El fiscal Pollicita destaca en su pedido de allanamientos y detenciones la "gravedad institucional" del caso, señalando que los fondos destinados a ayudar a los más necesitados fueron utilizados para coaccionar y extorsionar a los beneficiarios. Los dirigentes exigían a los beneficiarios participar en marchas y otras actividades políticas bajo amenaza de perder sus beneficios sociales.

Hasta el momento, 27 personas han sido imputadas, la mayoría de ellas pertenecientes a niveles intermedios y bajos dentro de las organizaciones involucradas. Aún no se han identificado responsables de alto nivel ni exfuncionarios directamente, aunque se espera que las investigaciones y declaraciones indagatorias puedan aportar más claridad al respecto.

Entre los imputados se encuentran miembros del Polo Obrero, FOL y Barrios de Pie. Estas organizaciones han sido activas en exigir planes sociales y alimentos, sin importar el color político del gobierno de turno.

Casos específicos: Polo Obrero, FOL y Barrios de Pie

Polo Obrero: Eduardo Belliboni, su principal referente, no ha sido mencionado directamente en la causa. Sin embargo, uno de sus allegados, Jeremías Cantero, aparece implicado. Cantero fue funcionario del Ministerio de Desarrollo Social y coordinador de varios comedores en Buenos Aires. Se le acusa de participar en las decisiones coactivas y extorsivas, imponiendo multas y sanciones a quienes no cumplían con las exigencias de participación en movilizaciones.

Belliboni, Pérsico y Menéndez, tres de los principales nombres que son observados por la causa de extorsión

Frente de Organizaciones en Lucha (FOL): Dirigentes de esta organización, responsables del Comedor Kuña Guapa, también están bajo la lupa judicial. Se les acusa de utilizar los recursos públicos para forzar a los beneficiarios a participar en actividades políticas. Las investigaciones indican que los beneficiarios debían pagar multas por faltar a las movilizaciones y que algunos recursos destinados a la asistencia social eran vendidos en el mercado negro.

Barrios de Pie, cuyo coordinador nacional es Daniel Menéndez, exfuncionario del Ministerio de Desarrollo Social y actual funcionario del gobierno de Axel Kicillof, también está implicado. Las denuncias indican que en el Comedor Caminos de Tiza, administrado por esta organización, se obligaba a los beneficiarios a participar en campañas políticas y movilizaciones, y se les cobraban cuotas por recibir alimentos.

La Investigación y sus consecuencias

La investigación judicial se centra en dos programas principales del Ministerio de Desarrollo Social: Potenciar Trabajo y el Programa Alimentar. Ambos programas estaban bajo la órbita de la Secretaría de Economía Social, liderada por Emilio Pérsico, y la Secretaría de Inclusión Social.

• Potenciar Trabajo: Este programa, destinado a aquellos sin empleo regular, requería que los beneficiarios realizaran 20 horas de trabajo semanal en unidades de gestión, muchas de las cuales eran operadas por las organizaciones ahora bajo investigación. Se han detectado irregularidades en la administración de estos fondos, con beneficiarios coaccionados para participar en actividades políticas.
• Programa Alimentar: Este programa manejaba la distribución de alimentos a comedores y merenderos. Las auditorías revelaron que muchas de las estructuras denunciadas por las organizaciones sociales no existían, y los alimentos eran utilizados como herramienta de coacción.

La investigación en curso podría revelar la implicación de altos dirigentes y exfuncionarios, extendiendo las responsabilidades más allá de los imputados actuales. Las prácticas descubiertas reflejan un abuso sistemático de los recursos públicos destinados a la asistencia social, desviándolos hacia fines políticos y personales.

Las acciones judiciales continúan, y se espera que las declaraciones de los imputados y las nuevas pruebas aportadas puedan esclarecer más detalles sobre el funcionamiento de estas redes y la extensión de las responsabilidades dentro de las organizaciones y el aparato estatal.

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Este caso pone en evidencia la necesidad de una mayor transparencia y control sobre los fondos públicos destinados a los sectores vulnerables, para asegurar que realmente lleguen a quienes más lo necesitan y no sean desviados para otros fines.