Una paradoja argentina: Alberto y Kicillof reivindican sin querer al Scioli despojado por Cristina

El recorte de los fondos fiscales a la Ciudad para asistir al atribulado Axel Kicillof vino acompañado de una montaña de cifras estadísticas que justificaran la medida y sirvieran como desmentida ante lo que el Gobierno ya sabía que iba a venir: críticas, acusaciones de discriminación y de estar haciendo un uso político de la coparticipación de impuestos.

Así, en las "filminas" de Alberto Fernández y en los números que brindó el gobernador bonaerense en su intento por desactivar la protesta policial, se mostraron cifras lo suficientemente elocuente como para acallar críticas.

Por ejemplo, que mientras la mayor provincia del país –tanto en términos de población como de geografía y de participación en el PBI nacional- hacía un aporte de 40% al país, su porción a la hora de cortar la torta federal era de la mitad.

Y que, a la hora de comparar, la Ciudad tenía en 2019 un presupuesto per capita de $106.472 mientras que la provincia contaba con $53.509. O, ya entrando específicamente al tema de la seguridad, que mientras el gasto en ese rubro es de $6.702 por cada bonaerense, asciende a  $16.901 por cada porteño.

Números que, por cierto expresan de manera contundente lo que todos los argentinos saben: que la provincia, y en particular su explosivo conurbano, están muy lejos de recibir los recursos que necesitan. Una situación que no solamente quedó en claro con la protesta de la policía sino que se puede evidenciar en las masivas ocupaciones de terrenos, en los serios déficits de infraestructura, en las recurrentes inundaciones y en la proliferación de "villas miseria".

De manera que el problema político no consiste en justificar por qué Buenos Aires necesita reforzar sus recursos -algo que nadie podría negar con argumentos económicos- sino cómo explicar que el mayor distrito del país, que desde hace 33 años es gobernado por el peronismo salvo por el interregno de María Eugenia Vidal, haya llegado a esa situación.

El propio Kicillof reconoció, en su anuncio sobre el incremento salarial policial, que la situación de inequidad se arrastra desde hace varias administraciones. Y el propio Alberto Fernández también lo había señalado varias veces.

Lo cual implica jugar con fuego, políticamente hablando, porque supone el riesgo de culpar tácitamente a Cristina Kirchner por la asfixia financiera que sufrió la provincia de Buenos Aires en los ocho años de difícil coexistencia entre la ex presidente y Daniel Scioli en la gobernación.

Alberto encontró una voltereta retórica complicada como para señalar la injusticia histórica de Buenos Aires sin que pareciera que estaba criticando a Cristina: marcó el inicio del problema en la gestión de Raúl Alfonsín, cuando se modificó el reparto de la recaudación tributaria a las provincias.

Recordó que en aquella época, con el argumento de que desde las empobrecidas provincias norteñas salían grandes masas de migrantes que se terminaban afincando en villas del conurbano, Alfonsín había decidido recortar en ocho puntos la porción de coparticipación que le correspondían a Buenos Aires para favorecer al norte, y que el resultado fue que ambas partes se perjudicaron.

Daniel Scioli y Cristina Kirchner: una relación tormentosa que llevó a la licuación de fondos para la provincia de Buenos Aires

El arma de Cristina ante un Scioli "incombustible"

Pero lo que ni Alberto ni Kicillof recordaron fue que el peor momento de la provincia ocurrió entre 2007 y 2015, como consecuencia de la asfixia financiera a la que Cristina sometió a Scioli. Aunque la principal arma para esa ofensiva no fue la coparticipación sino la licuación del Fondo del Conurbano.

Ese fondo, precisamente, fue creado para compensar a la provincia por los puntos de coparticipación que había perdido cuando ocurrió la situación que ahora recuerda Alberto –de hecho, su denominación oficial era "fondo de reparación histórica". Se creó en 1992, durante la presidencia de Carlos Menem, a instancias del entonces gobernador Eduardo Duhalde, quien había puesto como condición para asumir en la provincia que se aprobara esa fuente de ingresos.

Era una caja generosa, financiada con el 10% de lo recaudado por el Impuesto a las Ganancias, que le permitió a Duhalde impulsar obra pública con la cual forjar su candidatura presidencial para 1999. El fondo tenía un tope de $650 millones, de manera que si la recaudación superaba ese monto, sería repartido entre el resto de las provincias.

En aquel momento, dado que regía el "uno a uno" de la convertibilidad cambiaria, lo que recibía la provincia por este fondo equivalía a 650 millones de dólares. Para tomar una dimensión de ese monto, el polémico traspaso que ahora recibirá Kicillof en detrimento de Horacio Rodríguez Larreta será de 440 millones de dólares, siempre que se lo tome al tipo de cambio oficial. En cambio, si se lo calcula al "blue", equivale a 267 millones.

La cuestión es que en ese tope de $650 millones estuvo la trampa que vio Cristina para disciplinar a Scioli, que desde el inicio mostró sus ambiciones presidenciales. El método elegido por la ex mandataria fue simple y letal: congelar la cuota sin actualizarla por inflación. Eso llevó a que la porción correspondiente a la provincia se fuera diluyendo de tal forma que en 2015 –es decir, cuando Kicillof era ministro de economía- llegó a ser el 1% del total.

Mientras el fondo recaudaba $52.000 millones –porque, por efecto de la inflación, la recaudación de Ganancias creía mes a mes-, la parte que le tocaba a Scioli seguía topeada en $650 millones. Y se llegó al absurdo de que todas las provincias recibían más que Buenos Aires, de un fondo que había sido creado a modo de "reparación histórica".

Fue en aquellos tiempos que Scioli se ganó su fama de "incombustible" y empezó a ser un misterio para los analistas de la ciencia política. El ahogo financiero lo ponía en una situación de déficit crónico, por el cual siempre estaba en conflicto con los gremios docentes y en una ocasión hasta tuvo que pagar el aguinaldo de los estatales en cuatro cuotas.

Cristina, en ese entonces argumentaba que la provincia era privilegiada por sus recursos naturales. Por caso, en un acto junto a Scioli en 2012, luego de haber ayudado con un tercio del dinero que pedía el gobernador, enumeró las transferencias hechas por su gobierno en obras, y lo acusó de no gestionar correctamente.

"Tuve un maestro que me enseño que no hay manera de poder sobrevivir si no se administra y gestiona como se debe", decía Cristina, en alusión a Néstor Kirchner. Impávido, Scioli se resignaba a seguir aumentando los impuestos provinciales.

A pesar de ello, cuando se hacían encuestas de imagen, el resultado indicaba que la población no culpaba al gobernador por los problemas sino a la propia Cristina.

Pero el fondo del conurbano no era todo. Porque además había una parte de la asignación de recursos –en su momento llegó a ser el 73% del ingreso tributario nacional- que no estaba fijada por la coparticipación sino que era determinada "a dedo" por la ex presidente.

Así, mientras todas las provincias tomaban el 60% de sus recursos de las transferencias del gobierno central, Buenos Aires estaba en 38%. Y Cristina aplicaba la norma de premios y castigos según su criterio político. Porque Scioli sufrió un recorte de 75% de los giros cuando en 2013 el gobernador blanqueó su intención de postularse a la presidencia.

Kicillof reconoció que los problemas de la provincia con el ingreso de recursos federales lleva años, aunque se cuidó de no mencionar la etapa de Cristina Kirchner

La tácita reivindicación de Kicillof

Con ese antecedente histórico, podría argumentarse que lo que ahora Alberto está haciendo es, a su modo, una nueva "reparación histórica", pero no para compensar por la pérdida de coparticipación decidida en los años ’80 sino por la licuación de recursos que Cristina le infligió a Scioli.

Hasta el propio Kicillof dijo que con el punto de coparticipación que recibirá "recuperamos recursos que históricamente pertenecieron a los bonaerenses".

Es cierto que hubo una recomposición durante la gestión de Vidal, que había hecho campaña electoral anunciando que reclamaría ante la Corte Suprema de Justicia para que le fuera restituida su parte a la provincia. Un reclamo que finalmente fue dejado de lado porque Mauricio Macri garantizó un apoyo a la provincia.

En el marco de un "pacto fiscal", Vidal suspendió el juicio, a cambio de una promesa de fondos por unos 2.500 millones de dólares. Parecía la gran ganadora del reparto –y de hecho su coparticipación tuvo una suba importante, proporcionalmente más fuerte que el resto del país- hasta que "pasaron cosas" y entonces Macri le pidió que diera el ejemplo de austeridad frente a los gobernadores peronistas. Así, tuvo que hacerse cargo de pagar los subsidios al transporte público con dinero provincial –algo que hasta ese entonces financiaba el gobierno central-. Eso le supuso tachar otros 25.000 millones de pesos que originalmente estaban destinados a obras. Y otra vez debió pedir a la legislatura permiso para tomar deuda.

A su modo, Vidal también fue una víctima política. Porque aunque Macri la trataba en público de mejor forma que como Cristina hacía con Scioli, lo cierto es que la ex gobernadora también tuvo que asumir su parte de sacrificio por la causa del gobierno nacional.

Macri, que estaba en minoría en el Congreso, necesitaba mantener la buena relación con los gobernadores peronistas, y eso le ponía un límite para el recorte de recursos a las provincias. Diferente fue el caso de la Ciudad, que mantuvo la generosa cuota de 3,5% de coparticipación, que sumados a otros recursos de origen nacional llegaron a significar en términos reales un 5,2% del total.

Fue esa cuota que le permitió a Rodríguez Larreta en plena campaña su ola de inauguraciones de obras, que tanto irritaba a Cristina, que comparaba el presupuesto total de La Matanza con el que la Ciudad destinaba al mantenimiento de parques.

Ahora, a diferencia de sus antecesores, Kicillof tiene todos los boletos a favor para consolidar una caja importante. Ya había recibido un refuerzo al inicio de la gestión, que fue consolidado en la ampliación presupuestaria nacional por un fondo especial de $30.000 millones más una línea crediticia por $15.000, mientras el resto de las provincias protestaba por el recorte de subsidios al transporte. Y ahora llega este nuevo incremento que, como mínimo, implicará otros $35.000 millones.

Bajo la protección de Cristina, el gobernador estará en mejores condiciones para enfrentar sus muchos problemas: sus nuevos fondos no tienen asignación específica, lo que implica que puede disponer de ellos con discrecionalidad. Es lo que llevó a Alfredo Cornejo, presidente de la Unión Cívica Radical, a calificar a Kicillof como "el político más caro para los argentinos" y señalar que el Gobierno se propuso "blindarlo en materia de recursos".

Una situación que también tiene su "lado B": después de todo, la restricción presupuestaria siempre funcionó como disculpa para los gobernadores que no lograban mejorar los déficits de infraestructura de la provincia. Ahora, luego de la repercusión política por el traspaso de fondos, toda falencia en Buenos Aires ya no será atribuida por la opinión pública a la falta de fondos sino a problemas en la gestión. Como hacía Cristina con Scioli.