Empresarios contra el congelamiento de tarifas de telefonía, Internet y cable: ¿qué aumento están reclamando?
/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2020/08/502031.jpg)
A pesar de que el Gobierno autorizó aumentos en las facturas de telefonía móvil de hasta un 7,5% en febrero y un 2,5% en marzo, un grupo de compañías del sector salió a reclamar nuevos ajustes en los valores.
Se trata de cooperativas que prestan servicios en el interior del país y que consideran que los incrementos aprobados hasta ahora son insuficientes y las dejan rezagadas con respecto al nivel de inflación en lo que va del año.
Las empresas enviaron una carta al presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini para evidenciar sus diferencias con la política oficial de congelamiento de precios y enumerar los motivos por los cuales solicitan nuevos ajustes.
La nota lleva las firmas de Antonio Roncoroni, presidente de Fecosur, y de Rafael Sánchez, titular de Fecotel, cámaras empresarias que agrupan a las cooperativas de servicios de telecomunicaciones de todo el país.
Ambos ejecutivos destacan que las cooperativas socias de sus respectivas organizaciones empresariales han sido debilitadas por el efecto combinado de subas de costos, que han seguido la inflación, con la disminución de ingresos por el congelamiento de precios, los aumentos regulados, falta de pago y/o adhesión a planes establecidos por el Enacom como el Servicio Mínimo y posteriormente la PBU obligatoria.
El párrafo evidencia que los problemas de las empresas no solamente se deben a la endeble y recesiva situación de la economía sino que también han sido provocados por las medidas establecidas por el DNU 690/20 que congeló los precios de los servicios de telefonía, internet y televisión por cable desde agosto del año pasado.
De hecho, desde el sector de las tecnologías de la información o TIC vienen advirtiendo que la intervención estatal y el atraso en los precios, sumado al aumento de los costos, muchos de ellos dolarizados, implican una disminución muy significativa de la generación de ingresos.
En este marco, advierten que se está poniendo en riesgo la posibilidad de realizar inversiones de capital ya no para el crecimiento sino para el propio mantenimiento de los servicios que demandan los usuarios, que han demostrado con la pandemia requerir cada vez mayor ancho de banda, mayor velocidad, más tecnología y más contenidos.
El DNU había sido anunciado por Alberto Fernández el pasado 21 de agosto. A través de su cuenta de Twitter, el Jefe de Estado comunicó que se congelaban hasta el 31 de diciembre las tarifas de telefonía celular y fija, los servicios de acceso a internet y la TV paga.
También los declaró servicios públicos esenciales con lo cual las empresas no pueden aumentar los precios a sus clientes sin contar con una autorización previa del Estado. Es decir, le otorgó al actual gobierno nacional la potestad de modificar los valores sin tener en cuenta la opinión de las empresas que compiten en el sector de las telecomunicaciones.
"Basados en datos del INDEC sobre el Índice de precios al consumidor ha aumentado hasta marzo 2021 en un 32,8%, mientras que los aumentos autorizados para telefonía fija por las resoluciones 1466/20, 28/21 y 204/21 combinados están en el orden del 18% lo cual nos deja rezagados respecto a la inflación a este momento en un 14,8 %", detalla la carta.
Las cooperativas aseguran que la misma situación ocurre con los demás servicios como telefonía móvil, TV por cable e internet, pudiendo variar levemente en algunos casos pero en un orden de magnitud menor.
La nota recuerda también que para el caso que las cooperativas no hubieran aumentado entre enero y julio del 2020 se establecía una suba adicional del 3% en la resolución 1466/20, mientras el índice de precios al consumidor se incrementó un 15,6% en ese período, lo cual agrega una nueva diferencia del orden del 12,6% que se suma a la anterior y que lleva los precios del sector a un atraso de aproximadamente un 27,4%.
Ante esta situación, las cooperativas califican como necesaria "una urgente corrección" permitiendo un aumento de al menos un 21% para actualizar los precios hasta el mes de marzo 2021 que sería un promedio de los ajustes mencionados antes y sin considerar la reducción de ingresos por falta de pagos y/o adhesión a planes.
Panorama incierto
En este sentido, la Cámara Argentina de Cableoperadoras (CACPY), y otros sectores de la industria de las telecomunicaciones, también mostraron el rechazo a las políticas de congelamiento del Gobierno que, sostienen, llevaron al sector a tener que atravesar un complicado panorama.
Lo hicieron mediante un comunicado publicado por la CACPY en el cual recuerdan que el nivel de crisis económica que se ha generado a partir de la pandemia a nivel mundial y el nivel de exigencia a que se ven sujetas las redes, que deriva en mayor cantidad de mantenimiento e inversión.
Sostiene la cámara que el tráfico se ha multiplicado y es constante en función de que la educación, el trabajo, la comunicación entre familias, el comercio y el ocio, pasan hoy por las redes, a partir de la necesaria disminución de circulación.
Si bien aseguran que están y seguirán estando a la altura de las necesidades de la sociedad, reclaman previsibilidad y actualización de ingresos para dar respuesta a los costos que aumentan.
"Es absurdo creer que una industria que tiene el 80% de sus costos de infraestructura en dólares, puede continuar en un contexto de congelamiento sin entrar progresivamente en una crisis de su capacidad de prestación", advierte la CACPY.
En este marco demandan para todos los actores del sector un aumento mínimo del 15% tras comparar la suba de alimentos frescos del 70% y el rechazo a que un sector estratégico de la economía como el de las telecomunicaciones que aporta casi un 3% del PBI y tiene más de 180.000 empleos calificados, se encuentre congelado.
"Un sector esencial en este momento de pandemia", asegura la nota que además advierte que la inflación no se combate postergando al sector de las telecomunicaciones o TIC a lo cual califican como "tapar el sol con las manos" que está llevando a la industria a una inevitable incapacidad de prestación.
La Justicia Federal hizo lugar a una medida cautelar en contra del decreto 690/20 que reguló los precios de la telefonía móvil, los servicios de internet y la televisión por cable y determinó que podrán fijar sus precios a fin de garantizar la continuidad, la sustentabilidad y la calidad del servicio que brindan.
En febrero pasado, la cableoperadora TV Cable Color S.A., de Córdoba, había denunciando el DNU y logrado que un juez de esa provincia falla a favor de la suspensión de la medida y de "todo acto dictado como consecuencia de dichas normas".
Se trató de una decisión del Juzgado Federal 1 de Córdoba que también le ordenó al Poder Ejecutivo Nacional y al Enacom abstenerse de emitir y llevar a cabo acto alguno con fundamento en dichos decretos, hasta tanto se dicte sentencia definitiva.
En ese momento, desde la Asociación Argentina de Televisión por Cable aseguraron que la situación del sector ya se había visto muy afectada por las Resolución 1466 de diciembre del año pasado que autorizó un aumento de entre el 5% y el 8 por ciento.
"Ello resulta absolutamente irrazonable e insuficiente en tanto la inflación oficial del año pasado fue del 36% según el INDEC y nuestros precios están congelados desde hace más de un año", detallaron fuentes de esa cámara.
La medida judicial sostiene que la modificación unilateral de las condiciones de prestación de los servicios, derivada del DNU 690 que los califica como servicio público, no respeta lo dispuesto en el Art. 42 de la Constitución. "Existen sobradas experiencias de servicios públicos donde la falta de inversión -producto de la alteración de la ecuación económica de los mismos- terminó degradándolos al punto de comprometer su misma prestación. Pretender hacer lo mismo con servicios que están en competencia y que requieren altos niveles de actualización tecnológica, sería condenar a los argentinos a la desconexión y el atraso. En ningún país del mundo los servicios TICs tienen una regulación con estos alcances ni un régimen de precios general intervenido por el Estado".