Cambio de plan con Edesur: el Gobierno pasa de la avanzada estatizadora a una negociación por más inversiones
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Como pasó con el impulso expropiador de Vicentin, que terminó desinflándose y siendo reemplazado por variantes menos ostentosas, ahora el Gobierno quiere quitarle el tono de épica a la avanzada estatizadora contra Edesur que impulsan un grupo de intendentes peronistas bonaerenses.
La idea es canalizar ese sueño setentista por un concepto más terrenal: reclamarle a la empresa más inversiones en la zona donde tiene a cargo el servicio de distribución de electricidad.
Serían algo así como $7.000 o hasta $10.000 millones los que la distribuidora debería repartir en obras para mejorar la cuestionada calidad de sus servicios que parte de válidos reclamos de los habitantes de las localidades del Conurbano en donde opera.
Si bien desde el más alto poder del Frente de Todos no quieren soltarle la mano a los intendentes peronistas que piden un cambio de concesión, habría empezado a primar el perfil más negociador del presidente Alberto Fernández, que le pondría un cepo a ese sueño para que los millonarios fondos se materialice en un plan de nuevas obras y de mejoras de las ya existentes.
El jefe de Estado dio el viernes de la semana pasada el primer paso en torno a esta estrategia más conciliadora, cuando recibió en la Quinta de Olivos a la plana mayor de la distribuidora propiedad del grupo Enel, a su vez controlado por el Estado italiano.
Evaluando los costos
Fernández sabe que un decreto que le quite de manera inmediata a Edesur la concesión que ganó hace 28 años tendría sus costos. De mínima, abriría un conflicto diplomático con el gobierno de Italia, país con el que Argentina mantiene un estrecho vínculo impulsado por lazos sanguíneos y que se consolida año tras año con correctas relaciones comerciales y con las inversiones de los grupos italianos en el mercado local.
Hace unos días, la cámara que agrupa a estas empresas expresó su preocupación por la avanzada kirchnerista, reclamó el respeto por la seguridad jurídica y el cumplimiento de los plazos contractuales y de las concesiones como garantía para atraer inversiones extranjeras.
Lo hizo en un momento en el cual la Argentina no logra cerrar un acuerdo con los acreedores externos para reestructurar su deuda en dólares y en el marco de un tiempo de incertidumbres que dejará al país fuera de los mercados de capitales.
En este contexto, la presencia italiana en el país se refuerza año tras año con inversiones, negocios, exportaciones y a través de un número creciente de pymes locales que encontraron en la península un destino ideal para sus productos.
Pero además, una eventual eyección de Enel de la Argentina abriría la puerta a un nuevo juicio millonario que el país debería enfrentar en los tribunales internacionales de similares características a los que acumula por la pesificación del año 2002 y como el que está a punto de perder YPF en la justicia de Nueva York.
El tercer aspecto negativo que tendría el eventual retorno del servicio eléctrico a tiempos de Segba estaría dado por la falta de capacidad del Estado argentino para manejar empresas. Y también por la falta de fondos que habría que inyectar casi de inmediato para que la compañía acelere las inversiones y satisfaga los reclamos de los usuarios.
En un marco de constante emisión monetaria para ayudar a paliar los nocivos efectos de la extensa cuarentena en la economía local, no sobran fondos para destinarlos a planificar obras estatales en el sector eléctrico.
Con este panorama, Alberto Fernández sabe que la mejor estrategia en el corto plazo es la de presionar a Edesur para que mejore su servicio a partir de incrementar las inversiones que le permitan un mejor servicio a sus 2,5 millones de clientes.
Motivos por los cuales, el presidente Fernández quiere aplicar la estrategia del consenso y de diálogo con el empresariado local que algunos recelos le provocan en sectores kirchneristas más acostumbrados a la prepotencia del poder político.
La nueva negociación
Sin embargo, de alcanzar este acuerdo, la tarea para Edesur no será fácil. Con finanzas en situación complicada, pérdidas por $2.580 millones en los primeros seis meses de este año y con un fuerte recorte en sus inversiones de un 50% con respecto a las originalmente planteadas, deberá ser auxiliada nuevamente por su casa matriz tal como ya pasó en el 2019.
Ese año, el holding italiano destinó $8.000 millones para sostener las operaciones de Edesur, y es más que probable que en el 2020 la cifra sea mayor, teniendo en cuenta que debe operar con tarifas congeladas y contabilizando el daño económico que hasta ahora le causaron las medidas sanitarias tomadas por el Gobierno para combatir la pandemia del Covid-19.
Todas razones que llevan al Presidente a querer aplicar la estrategia del consenso y de diálogo tal como viene encarando con el empresariado local a pesar de los recelos que su elección provocan en sectores kirchneristas más acostumbrados a la prepotencia del poder político.
Para apuntalar este camino, un día después de la reunión del Jefe de Estado con los principales ejecutivos de Edesur, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dio una serie de notas radiales en las que evitó hablar de estatización o expropiación y se concentró en evidenciar el malestar con la falta de inversión y con el servicio que presta Edesur.
El funcionario reiteró las exigencias presidenciales para que la empresa encare las inversiones supuestamente postergadas, aunque cuidando de no confrontar con los jefes comunales a quienes dijo acompañar en el pedido de mejoras del servicio.
En esta postura, Fernández y Cafiero reciben un apoyo extra partidario que proviene de los intendentes bonaerenses de Cambiemos en donde la empresa también opera, como el caso de Lanús. Y también del propio jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, ya que Edesur tiene a cargo la zona sur porteña.
A partir de la semana próxima, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), tendrá a cargo la elaboración de una propuesta que le será elevada a la empresa para poder ir resolviendo las diferencias que plante este escenario.
En realidad, serán más bien definiciones o medidas que adoptará el organismo para que aplique Edesur, mientras sigue con la tarea de estudiar la renegociación tarifaria integral que junto a Edenor, la distribuidora de Enel había consensuado con el gobierno de Mauricio Macri.
En este aspecto, se anticipa una anulación total de ese acuerdo y la extensión del congelamiento de tarifas también durante el 2021. Habrá además una nueva fórmula de cálculo de las tarifas y una reconversión de aspectos importantes de los contratos de concesión a los cuales todavía le quedan 60 años hasta su finalización en el 2080.
Macri había acordado con las distribuidoras la normalización de los esquemas de precios en el 2016, con tarifas diferenciales para usuarios con ahorro en la demanda, y una factura social, mientras el ENRE encaraba la revisión tarifaria integral, cuya entrada en vigencia se produjo en febrero del 2017.
Con esta medida, se había dado por finalizado el proceso de renegociación del contrato de concesión, restableciéndose la plena vigencia del acuerdo renegociado en base a los principios establecidos por la ley 24.065 que aplica el régimen jurídico para el sector de la electricidad.
En ese momento, tanto para Edesur como para Edenor, ese convenio implicó el completo restablecimiento de las condiciones de certidumbre y sustentabilidad del negocio, así como también de las condiciones y criterios básicos para la realización de las futuras revisiones tarifarias a lo largo del período de concesión.
Sin embargo, el propio gobierno de Cambiemos no puso en práctica las promesas luego de la devaluación del 2018 y volvió a congelar el contrato que establecía un sendero de aumentos de tarifas establecido entre el 1° de febrero del 2017 y el 31 de enero de 2022 y que había sido definido como un período de transición, a lo largo del cual el régimen de calidad de servicio aumentará su exigencia a cambio de mayores inversiones y mejoras operativas que Edesur propuso.
Esto implicaba que los parámetros de calidad debían aumentar su exigencia, y el costo de la energía se incrementaría a lo largo del período para alcanzar los valores plenos establecidos en el nuevo contrato.
Toda la estrategia quedó nuevamente congelada, primero por el propio gobierno macrista, y luego por las nuevas autoridades del Frente de Todos que mantuvieron el congelamiento tarifario y comenzaron a buscar variantes para tener otra relación comercial con las concesionarias.