Deudas de Vicentin: por qué acreedores y cooperativas apoyan la expropiación de la agroexportadora

La decisión oficial de avanzar con una intervención y, acto seguido, confirmar que se impulsará una Vicentin estatal agarró frío a los acreedores de la compañía agroexportadora. Al igual que ocurrió en el segmento bancario, ninguno de los productores afectados pudo siquiera adivinar que Alberto Fernández tomaría semejantes medidas. Tampoco los trabajadores de la empresa, que al día de hoy reconocen que el anuncio oficial shockeó a la mayoría de los operarios, ya condenados a empezar a cobrar el sueldo en dos partes.

Los acreedores distribuidos en el territorio santafesino concentran menos de la mitad del pasivo de la compañía, pero según pudo constatar iProfesional son el bloque en el que más se ha hecho visible el daño financiero provocado por el default de Vicentin anunciado a fines del año pasado.

De acuerdo a un informe del estudio WH Correa y Asociados, con sede en Reconquista -donde funcionan los tribunales que entienden en la causa abierta a la agroexportadora-, los más de 2.600 acreedores constatados en Santa Fe se distribuyen entre 170 de las 365 poblaciones que concentra la provincia. Dicho de otra forma, casi la mitad de las localidades santafesinas alberga al menos a una empresa afectada por el colapso comercial de Vicentin.

Las ciudades de Rosario, Reconquista, Avellaneda, San Lorenzo y la capital provincial están entre los sitios que suman mayor número de acreedores. Entre los actores más afectados por el default de la firma destaca la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que reclama una deuda superior a los 120 millones de dólares.

La particularidad de ACA es que nuclea a cooperativas muy pequeñas del interior de Santa Fe, esto es, emprendimientos que oscilan entre las 200 y las 300 hectáreas. Para esas explotaciones el parate de Vicentin resultó una bomba que congeló las labores agrícolas en buena parte de estas organizaciones de productores.

Los acreedores de Vicentin, a la expectativa de una "empatía financiera" del Gobierno.

"Para muchos establecimientos la situación de diciembre, con la compañía informando que ya no contaba con espalda financiera para seguir adelante, representó un mazazo hasta en lo productivo. Hubo productores que directamente no pudieron volver a sembrar. Se complicó hasta el acceso a las semillas", dijo a iProfesional una fuente cercana a ACA.

"Las cooperativas más chicas, de pueblos que viven de la explotación de pocas hectáreas, dejaron de poder comprar insumos. La mayoría de estas uniones de productores les vendían toda la producción a Vicentin. Pasaron a no tener espalda para afrontar la próxima campaña, además de tener que gastar en trámites y abogados. La empresa sumó hasta ahora seis meses en cesación de pagos", añadió.

Acumulación de afectados

A la par de la situación con ACA, el acumulado de deudas que originó la agroexportadora empujó a la cesación de pagos a la corredora de granos GYT Plus y a la acopiadora Guardati-Torti SA, y dejó tambaleándose a las también acreedoras Corredora Pampeana, BLD, Bollatti, Bessone y Giorgi.

En el caso de la dupla GYT Plus-Guardati, las compañías se declararon en cesación de pagos en febrero a raíz de los incumplimientos de Vicentin. A principios de ese mes, los actores en cuestión emitieron un comunicado conjunto –pertenecen a los socios Juan Carlos Guardati y Ángel Torti– expresando que "debido a múltiples situaciones ajenas a nuestra voluntad hemos sufrido un impacto de consideración en nuestras finanzas, que torna muy difícil el cumplimiento temporáneo de las obligaciones asumidas".

Desde el entorno de ACA también se brindó una apreciación sobre estos nombres. "Aunque las empresas se cuidan de blanquear todas sus debilidades, la mayoría es consciente de que, tal como se iba dando el escenario, las posibilidades de cobrar la integridad de las deudas era prácticamente nula", se indicó a iProfesional.

¿El avance estatal cambia esta perspectiva? Desde una de las empresas del pelotón antes mencionado se acercó una dosis de optimismo. "Si Vicentin retoma rápidamente su labor y vuelve a operar fuerte en el mercado de granos las deudas podrían cancelarse quizás en un máximo de dos años. Eso podría acelerarse si el Gobierno decide hacer alguna inyección de fondos en particular. Como sea, las posibilidades de cobrar volvieron a ampliarse aunque todavía resta ver qué decisiones toma el Estado en la compañía", dijo una voz interpelada.

Representantes de acreedores en Rosario fueron más cautos: "Todavía es muy pronto para deducir cómo se negociará la deuda. Por otro lado, esta intervención del Estado modifica la calidad del deudor y hay que ver qué es lo que propone en una primera etapa el mismo Gobierno. Claramente intentará garantizarle oxígeno a Vicentin. Hay que tener cautela. El punto a favor es que el Estado, al menos en los papeles, mostrará una mayor empatía financiera con las compañías que están al borde de desaparecer por el default de la exportadora".

Gremios y sueldos

Desde el gremio de Aceiteros, más allá de asumir la intervención del Estado como una garantía para la continuidad laboral, la preocupación en torno a qué pasará con el pago de sueldos más cercano ya empezó a ganar protagonismo.

En diálogo con iProfesional, Pablo Reguera, titular de la filial San Lorenzo de la organización, anticipó que lo que viene es una reunión con el interventor Gabriel Delgado a fin de definir cómo se llevará a cabo el pago de haberes cuando concluya junio.

"Hay mucha expectativa en tanto la compañía suma más de 5.700 empleados sólo en Santa Fe. Vicentin podría cubrir todos los salarios sólo con alcanzar un nivel de operaciones del orden del 50 por ciento. Confiamos en que lo que viene ahora es una productividad en aumento y el fin de las duras condiciones salariales que nos impuso la dirigencia de la compañía", expresó.

Los dirigentes sindicales de Vicentin esperan tratar con el interventor Gabriel Delgado la situación salarial.

Según Reguera, en mayo último la cúpula de Vicentin informó que comenzaría a pagar los sueldos en dos partes además de solicitar al sindicato que se exceptúe a la firma por el lapso de 24 meses del abono de las cargas sociales.

 "Venimos de una negociación muy dura, muy desfavorable. De hecho, el jueves pasado había surgido esto pedir cambios en los montos no remunerativos. Nosotros le veníamos pidiendo con insistencia al gobernador (Omar Perotti) que trate de encontrarle un comprador nacional a la compañía. Lo que ocurrió ahora con la decisión del Presidente nos sorprendió a todos", reconoció el dirigente.

La empresa se defiende

En otro orden de cosas, el directorio de la empresa Vicentin se manifestó en contra de las medidas de intervención y expropiación anunciadas el lunes por el Gobierno al afirmar: "El camino elegido nos llena de incertidumbre y preocupación".

La agroexportadora, que se encuentra en default y acumula deudas por más de 1.300 millones de dólares a bancos y acreedores, salió en defensa de su autonomía y manifestó ser capaz de resolver sus problemas.

"Desde diciembre de 2019 el Directorio de Vicentin viene explorando distintas alternativas para refinanciar su deuda y recobrar el nivel de operación que supo tener en el pasado", explicó en un comunicado.

"Los activos de la empresa son muy importantes y están intactos", continuó. Para luego agregar que "no se ha despedido durante todo el proceso a un solo trabajador. Más allá de que muchos no han podido trabajar por la pandemia, todos han cobrado como corresponde".

En rechazo al proyecto de expropiación, el directorio de Vicentin afirmó: "Reivindicamos la legitimidad de proteger los derechos de una empresa argentina y de sus accionistas".

Señaló, además, que la empresa "se encuentra ajustada al marco legal vigente, dentro de un concurso preventivo de acreedores y que ha manifestado reiteradamente la voluntad de honrar los compromisos asumidos".