El Gobierno obligará a las empresas a que asuman eventuales cambios en el precio del gas

Luego de haber sorteado uno de sus peores días como articulador de la política energética del Gobierno, Javier Iguacel se puso a trabajar en para evitar que se repita la crisis que se desató por el traslado del costo de la devaluación a las facturas de gas.

El Secretario de Energía buscará que a partir de ahora sean las empresas productoras y distribuidoras las que carguen con el costo de las eventuales diferencias cambiarias que puedan ocurrir en los próximos contratos de compra venta de gas, dejando de lado a los clientes y usuarios del insumo.

Respaldado por el propio presidente Mauricio Macri y sin la necesidad de recurrir a ningún blindaje especial, el funcionario ya inició la tarea de avisarle a las petroleras productoras de gas y a las distribuidoras que habrá una nueva metodología para esos convenios que se pactan semestralmente y que la deberán aplicar para eliminar del horizonte otra situación traumática como la que Cambiemos debió atravesar en estos días.

La tarea le fue encomendada desde las más altas autoridades del Gobierno de la misma manera que debió dar la cara para defender a principios de esta semana la resolución que la Secretaria de Energía que dirige tomó para trasladar el costo de la diferencia cambiaria a los millones de clientes de las empresas concesionarias del servicio de distribución de gas.

Una diferencia que se acumuló entre abril y septiembre, plazo de vigencia de los contratos cuestionados que tienen la obligación de firmarse en dólares debido a una ley que data de 1992, que regula la actividad gasífera y que fue sancionada tras la privatización de las empresas del sector.

La deuda llegó a los $10.000 millones debido a que las operaciones se firmaron cuando la moneda norteamericana cotizaba en el orden de los $20 por dólar. Al dispararse el precio del billete verde y llegar a los $40, las distribuidoras rechazaron cancelar las compras asumiendo esa diferencia cambiaria y le anticiparon a las productoras que mantendrían los contratos con el tipo de cambio de abril.

Esa decisión hizo que las petroleras no quisieran recibir los pagos y así se inició un conflicto que el Gobierno quiso resolver interpretando el espíritu de la ley nacida en plena convertibilidad, cuando nada hacía prever el daño que los vaivenes de la moneda norteamericana iba a tener en la economía argentina, en especial en el valor de contratos vinculados a commodities como el gas.

Fueron horas de idas y vueltas, peleas, reclamos y disputas del oficialismo con la oposición y también con sus propios socios políticos del radicalismo que se sumaron en el Senado a los cuestionamientos del plan de 24 cuotas a partir de enero próximo que el Poder Ejecutivo eligió para trasladar el pago de esa deuda a los usuarios.

Fue tanto el rechazo que cosechó la decisión oficial que hasta en los propios ejecutivos de distribuidoras como Metrogas, Camuzzi o Gas Ban respiraron aliviados al conocerse la decisión de dar marcha atrás con la medida y ordenar que el Estado asuma el pago de esos $10.000 millones.

“Nosotros actuamos como intermediarios entre quien produce el gas y el que lo consume, pero siempre quedamos como los malos de la película”, aseguran en las empresas que ahora respiran aliviadas porque no tendrán que seguir cosechando insultos, agresiones y reclamos de sus clientes por una medida que no habían decidido.

El costo será asumido por el Estado, luego de la sesión del miércoles en la Cámara Alta, hasta la cual llegó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para consensuar con sus aliados políticos y con el peronismo una fórmula alternativa.

De esa sesión y de esas charlas entre funcionarios y parlamentarios surgió la orden de que pague el Estado que lo hará pero recién dentro de un año y también en cómodas cuotas. Quedó descartada la idea de emitir un bono para cancelar este dinero, tal como se había sugerido desde algunas oficinas públicas, o de que el costo lo asuman directamente las petroleras.

Iguacel fue el encargado nuevamente de explicar que el Gobierno asumía la responsabilidad pero que las productoras tendrán que esperar para empezar a cobrar y de anticipar que la historia con los usuarios no se volverá a repetir.

El funcionario también intentó llevar un mensaje de tranquilidad a las empresas, aclarando que se van a respetar los contratos vigentes pero que al mismo tiempo no habrá chances de cargar otra eventual diferencia cambiaria a los clientes.

“Para ordenar esto, necesitamos un año de plazo porque tenemos restricciones presupuestarias”, le dijo Iguacel a un grupo de periodistas a última hora del miércoles, luego de haber ido a visitar al Presidente Macri a la Casa de Gobierno para cumplir con una reunión protocolar con Miguel Galuccio, ex titular de YPF y hoy dueño de la petrolera Vista Oil.

El funcionario también anticipó que serán más de 24 cuotas las que se establecerán para que el Estado cancele la deuda generada y que incluso el propio Gobierno ha tomado como un nuevo subsidio al precio del gas que volverá, como en años anteriores, a ser costeado por el Tesoro Nacional.

De todos modos, el objetivo es que sea por única vez para volver al camino de desarmar el entramado de subsidios heredados del kirchnerismo que Cambiemos prometió ir eliminando durante su gestión y que el año próximo casi iban a ser imperceptibles.

“Tendremos que esperar un poco más ya que evaluamos que el impacto de nuestra decisión iba a ser menor de lo que fue en la sociedad” se sinceró Iguacel, quien admitió que el Gobierno escuchó los reclamos y abrió la puerta a para discutir con el resto de las fuerzas políticas una alternativa diferente.

En este marco, aclaró que se privilegió que se sigan respetando las leyes y encontrar, de aquí para adelante, una solución definitiva.

Por eso es más que probable que se proponga cambiar un artículo de la ley de Presupuesto que permita que en los contratos semestrales no sean más los usuarios los que tengan que pagar la diferencia de cambio.

El funcionario tiene claro que el cambio reglamentario es indispensable para no volver a atravesar otro conflicto similar. De hecho, advirtió que para que una nueva posible devaluación deje de impactar en los usuarios el reglamento será claro en establecer que ese costo lo tendrán que absorber las empresas. “la petroleras y las distribuidoras asumirán ese rol”, argumentó el funcionario quien, como el propio Macri, repite cada vez que puede que la energía no es gratis.

En estos momentos petroleras y distribuidoras están cerrando el contrato correspondiente a un nuevo semestre. El que va de octubre a marzo el año próximo con valores en dólare un 20% por debajo de los vigentes y del sendero de precios que había estipuado el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren.

En abril, el millón de Btu (la medida con la que se establece el costo del gas), se ubicó en los u$s 4,68. En las nuevas negociaciones, las compras se están cerrando en u$s4 para el gas proveniente de la Cuenca de Neuquén, y en u$s3,52 para el que se produce en Tierra del Fuego.

Se trata de valores inferiores a los de los contratos que generaron la crisis de esta semana y en este acuerdo también incide en la mayor oferta de gas que hay y de que se trata de un gas de verano que las productoras necesitan colocarlo en el mercado porque no hay posibilidades de almacenarlo durante los meses de calor ya que las petroleras tienen la obligación de seguir produciendo también en esa época del año.

De todos modos, es probable que sean los últimos tiempos de este tipo de contratos semestrales. Entre las petroleras productoras de gas existe consenso para negociar acuerdos a más largo plazo, por lo menos a un año de vigencia, para que se pueda establecer un precio perdurable, por lo menos para el invierno y el verano.