El Gobierno sube la presión contra las empresas de alimentos
/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2020/04/495329.jpg)
En menos de una semana y en medio de la peor pandemia sanitaria y económica que sufre la Argentina, el Gobierno parece seguir necesitando la política de confrontación con determinados sectores del establishment local.
Más que una política, se trata de una "psicosis" que, por estas horas, sufre el presidente Alberto Fernández y que tiene como disparador la relación con el mundo corporativo.
Mundo que en épocas anteriores era uno de los invitados de honor a reuniones en la Quina de Olivos para analizar el impacto económico de las medidas sanitarias contra el Covid-19 y que ahora se ha convertido en uno de los principales "apuntados" por la usina oficial.
Muchos son los eslabones de esta cadena de síntomas sobre el trastorno que caracterizan los lazos presidenciales con el sector empresario que se pueden sintetizar en los casos de Vicentín; Edesur; la aplicación del impuesto a la riqueza; la revisión de las concesiones de las principales autopistas; el congelamiento de tarifas; DNU contra el sector de las telecomunicaciones y la reforma judicial.
El último eslabón de este psicótico comportamiento parece ser la permanente sanción de medidas orientadas a controlar la inflación pero que que impactan de manera negativa especialmente en el sector alimenticio y que generan más burocracia, más carga tributaria y desincentivos a la creación de empleo e inversiones.
Una estrategia que ahora corre el foco de tensión entre el presidente Alberto Fernández y el establishmet hacia las grandes empresas de consumo masivo, al punto de ubicarlas como responsables de las subas de precios que condicionan el objetivo oficial de llegar a fin de año con un impacto inflacionario no mayor al 29%.
La profundización de esta estrategia de conflicto se visualiza en medidas como las de mantener el congelamiento de precios; aplicar controles sobre las etiquetas; regular los mecanismos de producción, manejar la ubicación de los productos en una góndola.
También en las últimas decisiones tomadas desde el Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas como las de implementar fiscalizaciones y controles en las grandes cadenas de supermercados y aplicar multas a importantes grupos productores como Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Arcor Nestlé y Mondelez, entre otras, bajo la excusa de combatir la "especulación" mediante la aplicación de la controvertida Ley de Góndolas.
Para los empresarios, la política oficial contra el sector de consumo masivo se asemeja a los desencuentros que viene evidenciando la política presidencial con otros sectores empresarios e industriales en medio del peor momento de la historia del país, con un nivel de pobreza que se acerca al 50%; miles de personas que otra vez no podrán concurrir a sus trabajos a partir de las nuevas restricciones y que, en este caso, ni siquiera tendrán las dádivas del Estado nacional.
Con sectores del comercio, la industria y los servicios que otra vez sufrirán el cierre de las actividades, muchos todavía con ingresos que se mantienen en cero y, en muchos casos, con el fantasma de la desaparición definitiva.
Datos sanitarios que ya cada vez importan menos a la mayoría de una sociedad harta de prohibiciones; que no quiere más represión sanitaria como único método de combate contra el Covid-19 y que mira sorprendida cómo, de todos modos, se adopta la misma fórmula mientras la economía se derrumba; la producción no reacciona y la inflación se mantiene incontenible.
Política intervencionista
El Presidente y los ministros del área económica optaron ahora por identificar como el "nuevo enemigo" a las alimenticias y fabricantes de productos de consumo masivo.
De hecho, la casi totalidad de las empresas de consumo masivo aseguran que el Gobierno viene incrementando su política de "intervencionismo" a partir de la aceleración de la inflación y la cercanía del calendario electoral.
Lo evidencian recordando medidas como obligar a las compañías que facturen más de $3.200 millones al año a usar el máximo de su capacidad instalada, a pesar de que el consumo se encuentra retraída y la demanda no recupera los niveles de años anteriores.
Una orden contra 2.500 empresas nacionales y multinacionales ubicadas en el rango de la facturación anual estimada por las autoridades y entre las que se encuentran marcas que también son sancionadas por supuestas irregularidades en el estilo de comercialización.
Las mismas compañías que deben utilizar nuevo mecanismo de control de etiquetas y rótulos y un sistema de información denominado SIPRE, ya denunciado por la industria de la alimentación por entender que pretende controlar áreas que funcionan bajo la ley de la oferta y la demanda.
Por caso, desde la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) ya se envió a las autoridades nacionales un reclamo administrativo contras las nuevas normativas de la secretaría que orienta la Secretaría de Comercio Interior que dirige Paula Español.
En este marco, hace unos días se produjo un cruce de acusaciones entre el ministro Kulfas, y el titular de la (Copal), Daniel Funes de Rioja, por la supuesta "inconstitucionalidad" de la Ley de Abastecimiento.
La pelea se dio en el marco de una reunión virtual que el funcionario mantuvo con la conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA). Según informó la agencia Télam, Kulfas acusó a las empresas de "aumentar precios y violar los acuerdos", mientras que Funes De Rioja mantuvo la postura de denunciar la política de "persecución" oficial contra el sector alimenticio.
Críticas que también se extienden a la exigencia de informar mensualmente los precios vigentes y las cantidades vendidas de todos sus bienes finales o intermedios, así como también el stock de todos sus productos.
Sin embargo, estos cuestionamientos son respondidos por las autoridades con acusaciones como las de prácticas desleales, retención de producción o de falta de entrega de productos o escasez con la excusa de resguardar el interés económico general y evitar situaciones de desabastecimiento que puedan perjudicar a las y los consumidores.
Estas investigaciones agregan más tensión a la ya complicada relación con las compañías y los supermercados que vienen advirtiendo sobre un mayor "nivel de intervencionismo" del Gobierno a partir de la aceleración de la inflación y el calendario electoral.
Es tan fuerte la disputa que generó la intervención de la cámara empresaria que agrupa a los principales grupos e inversores de Estados Unidos como es la AmCha, que reclamó la derogación de la Resolución 100/2020, que estableció el programa de Precios Máximos, y que se permita a las empresas alcanzadas realizar aumentos escalonados durante los próximos meses.