Salarios, en la mira: tras tensión con gremios y empresarios, Guzmán revisa su plan para los sueldos 2021
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El Gobierno busca cerrar las fisuras abiertas por la exposición prematura de su acuerdo de precios y salarios. Por estas horas, en los despachos oficiales reconocen que la iniciativa para encarillar las paritarias en torno al 30% todavía está verde y deberán reforzarla antes de ponerla en marcha. Con ese objetivo, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, recibirá la semana próxima a la CGT. También habrá sondeos con empresarios.
"El acuerdo va a llevar un tiempito más y cuando madure calculo que será a través de algún anuncio con seguro protagonismo del Presidente, habrá que esperar", señaló una fuente de la Casa Rosada. Puertas adentro, creen que la medida cobró más notoriedad de lo desado por las ansias de protagonismo de los "gordos" de la central obrera y la reacción anticipada de los dirigentes empresarios, quienes este viernes debieron digerir la reglamentación del impuesto a las grandes fortunas.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, se puso el miércoles a la cabeza del nuevo esquema antinflacionario durante la reunión de gabinete económico, donde explicó que su plan para "coordinar" precios y salarios es un "complemento" de la política fiscal, monetaria y cambiaria. Es decir, también depende del nivel de tasas y el manejo del dólar por parte de su par del Banco Central, Miguel pesce.
En la cartera laboral aseguran que "no hay ni piso ni techo" en las paritarias, aunque reconocen que "la idea es que puedan estar un par de puntos por encima de la variación de precios" del 29% prevista en el Presupuesto. El mensaje de Guzmán es que los salarios deben ir recuperando "pausadamente" poder de compra, una definición en sintonía con las exigencias de Cristrina Kirchner. Ya en mayo de 2019, la vicepresidenta planteó la necesidad de un "pacto social" inspirado en el Plan Gelbard de 1973.
El Gobierno se topó, sin embargo, con un problema mayúsculo: la dificultad para cumplir las expectativas en un año electoral. El Frente de Todos asumió con la promesa de recuperar la pérdida de poder adquisitivo en salarios y jubilaciones durante la era Macri, pero durante el 2020 se estima que las remuneraciones cayeron hasta 1 punto en términos reales (hasta octubre, la baja era del 0,5%) y las jubilaciones perdieron hasta 9% de su poder de compra.
Ahora, de aplicarse el nuevo esquema, los asalariados y jubilados sumarían otro año con ingresos devaluados. Para tener una referencia, los salarios del sector registrado acumularon en octubre pasado una caída de 21 puntos en términos reales desde diciembre del 2015, según los datos del INDEC. La posibilidad de que se repita ese escenario motorizó las primeras señales de resistencia en las últimas horas.
"Las grandes patronales pretenden que el acuerdo de precios y salarios se convierta en un techo y de esa manera puedan mantener sus inmorales ganancias", señaló el secretario adjunto de ATE, Rodolfo Aguiar. El sindicato estatal liderado por Hugo "Cachorro" Godoy viene de cerrar un aumento del 18% en diciembre del 2020 -un 25% punta a punta- que todavía no se terminó de pagarse.
"Las paritarias no pueden tener tope este año. Los trabajadores necesitamos recuperar el poder de compra perdido en los últimos periodos. Esta vez, el acento se debe poner en impedir que aumenten los alimentos básicos, combustibles, transporte y otros bienes y servicios que integran la canasta de consumo", exigió el dirigente de ATE, cuyo gremio integra la CTA Autonóma liderada por Ricardo Peidró.
En el ámbito sindical, saben que los economistas privados estiman un 45-55% de incrementos en los precios. Y que si atan sus paritarias a la meta inflacionaria definida por Guzmán, corren el riesgo de perder hasta 25 puntos y sumar así más malestar en sus bases después de obtener ajustes el año pasado muy por detrás de la inflación del 36%, lo que implicó la caída del salario real por tercer año seguido.
Las cámaras empresarias también se muestran escépticas de las medidas ante el temor de una mayor intervención estatal en el sector privado, con topes a los precios (como en el acuerdo de la carne) o mayores impuestos. La Asociación de Empresarios Argentinos (AEA) cuestionó semanas atrás la regulación de tarifas, las restricciones a las exportaciones y los controles de precios.
En la Unión Industrial Argentina (UIA), creen que la discusión debería incluir otras variables, además de ingresos e inflación. "Los salarios siempre son un porcentaje chico sobre los precios, por lo tanto se tendría que hablar de muchas cosas más para poder hablar de precios, como ser tipo de cambio, impuesto ,posibilidades de importación ,tasa de interés", señalaron en la central fabril.
Sin todavía un amplio apoyo, el Gobierno cuenta por ahora con el respaldo de sectores pyme y el guiño de la CGT, en donde se cuidaron de pronunciarse públicamente y optaron por exigir por lo bajo mayores controles de precios, sin derribar una propuesta que les permitiría ganar mayor protagonismo de cara a la renovación de la conducción de Azopardo en agosto y la negociación permanente de fondos para las obras sociales. En tanto, la CTA de los Trabajadores, liderada por Hugo Yasky, se mantuvo en silencio.
Enfrentado a los "gordos", Pablo Moyano planteó sus reparos tomando como antecedente el acuerdo fallido para evitar despidos en la gestión de Macri y las rebajas salariales pactadas en pandemia entre la CGT y la UIA, aunque sin boicotear un eventual entendimiento. "Se están deteriorando los salarios y el gobierno se tiene que poner al frente del control (de precios)", alertó el jueves el dirigente camionero, y adelantó que no permitirá una "baja" en los salarios de sus afiliados.