El plan del Gobierno para los sueldos: evitar a toda costa cláusulas gatillo en paritarias
/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2020/11/506745.jpg)
La nueva estrategia salarial del Gobierno, consistente en alivianar la importancia de las paritarias sectoriales y priorizar un acuerdo nacional de precios y salarios tiene, en el fondo, un objetivo fundamental: evitar que puedan proliferar las cláusulas de ajuste automático por inflación.
Es una obsesión que no sabe de signo ideológico: ese objetivo ha sido buscado por todos los gobiernos: ya desde los hiperinflacionarios ’80 hasta la época en que Néstor Kirchner había impuesto el "techo Moyano", que luego Cristina sustituyó por el "techo Caló" y que luego, a su modo, adaptó Mauricio Macri.
La retórica podrá cambiar según quién sea que esté en la Casa Rosada, pero el criterio es siempre el mismo: la creencia de que en un momento de inflación alta, una cláusula gatillo contribuye a una espiralización de la inflación por un efecto inercial. Y que los empresarios, con tal de evitar la conflictividad, estarán dispuestos a firmar estas cláusulas porque, en el fondo, saben que toda mejora que no puedan solventar con el ingreso de su negocio finalmente será trasladada a precios. Es, precisamente, uno de los mayores temores del Gobierno en este momento.
No ha cambiado el criterio de fondo y es por eso que la convocatoria al acuerdo tripartito con sindicatos y empresarios ha sido fijada por Cristina Kirchner como una prioridad en este 2021 electoral en el que la consigna es "alinear salarios, jubilaciones, precios y tarifas".
Claro que hay un cierto apuro por implementar ahora ese acuerdo: las primeras semanas del año están dando señales preocupantes en la inflación, y los gremios que arrancaron en punta para la negociación salarial ya están insinuando que buscarán formas de protección retroactivas para recuperar poder adquisitivo si es que, por acaso, la proyección oficial de 29% de inflación no saliera según los planes oficiales.
Un cambio de tendencia que inquieta al Gobierno
En realidad, lo que el Gobierno está percibiendo es un cambio de tendencia fundamental: luego de un 2020 que fue unánimamente aceptado por los sindicatos como el año en el que hubo que "freezar" los reclamos, dada la excepcionalidad de la pandemia, en la cual hubo que poner como prioridad absoluta la preservación de puestos de trabajo, ahora parece haber llegado el momento de poner al salario como prioridad.
El propio Gobierno, consciente de la situación y atento a que sus chances electorales irán de la mano de una recomposición de la capacidad de consumo, ya avisó que habrá un objetivo de recuperación del salario unos cuatro puntos porcentuales por encima de la inflación. Y avisó además que habrá una mejora de poder adquisitivo indirecta por la vía de la marcha "en cámara lenta" de las tarifas de servicios públicos.
De momento, el argumento oficial tiene dificultades para ser asimilado por la contraparte. Es un tema de matemática pura: la promesa oficial es que el salario promedio termine el año con un aumento nominal de 33% de punta a punta, mientras que el promedio del mercado cree que los precios subirán un 50%. Eso implica una pérdida real de 12 puntos.
Y en lo que respecta a las jubilaciones, también habría una pérdida surgida de la nueva fórmula. Según una estimación hecha por la Fundación Meditarránea, solamente si la inflación se mantuviera debajo del 35% habría chances de que los jubilados tuvieran una evolución en línea con los precios.
Pero si ocurriera un desvío respecto de las expectativas oficiales, el costo en las jubilaciones quedaría rápidamente en evidencia. Por ejemplo, con una inflación de 51,1% las jubilaciones correrían de atrás y sólo aumentarían nominalmente un 39,5% -una pérdida real de 8%- mientras que si el panorama fuera más complicado y la inflación llegara al 58,5%, las jubilaciones apenas se moverían 36% -una pérdida real de 14 puntos-.
Pronósticos con baja credibilidad
Ahí, está, en realidad, el centro de la cuestión. Salvo en los documentos oficiales que Martín Guzmán le presenta a los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, prácticamente no queda nadie en la Argentina que crea que sea factible llegar a diciembre de 2021 con una inflación sustancialmente más alta.
Se habla de ello incluso en la interna oficialista, donde los economistas afines al Gobierno más optimistas ya hacen proyecciones sobre la base de un 40% mientras que el promedio del mercado -reflejadas en encuestas como el REM o Focus Economicus- apunta a un 50%, con los más pesimistas, como Carlos Melconian, hablando de que se podría "casi duplicar" el pronóstico oficial.
Algunos prefieren usar el argumento ortodoxo del descontrol monetario por la asistencia que se necesitará de "la maquinita" del Central para financiar el 4,5% del déficit fiscal. Otros, en línea con la explicación oficial, preferirán hablar de la puja distributiva, de la precios del boom de los commodities y los "precios desacoplados".
Pero, más allá de las diferencias de visión ideológica, la fórmula propuesta es la de siempre: hay que darle a los salarios un referente, y ese referente no puede ser la inflación pasada, porque si no, se corre el peligro de la espiralización. Puede haber otras alternativas para tomar como referencia: la ideal, claro, es la inflación proyectada del 29%, pero también puede ser la fijación de una canasta de precios controlados o la evolución del tipo de cambio -muchas veces ese fue el criterio real aplicado a la movilidad de los estatales-.
La idea, que en realidad es de larga data en el país, fue argumentada por Cristina Kirchner durante la campaña electoral al recordar el plan de José Ber Gelbard de 1973. Los críticos de la ahora vicepresidente afirman que no eligió el ejemplo más feliz, dado que ese plan estalló dos años más tarde en el célebre "Rodrigazo".
Gremios grandes, bajo la lupa
Es por esto que la consecución de un acuerdo de precios y salarios se transformó en una prioridad política. Si se permitiera una proliferación de ajustes automáticos por inflación, el riesgo de que la economía se pudiera salir de control sería alto. Con lo cual sería imposible de cumplir la promesa de la recuperación salarial, especialmente en el sector de los empleados estatales.
Es por ello que en estos días se sigue con lupa el crucial acuerdo en el gremio del comercio, un convenio del cual dependen 1,2 millones de trabajadores. El sindicato comandado por Armando Cavallieri había firmado un acuerdo el año pasado por un bono de $5.000 no remunerativos, pide que sean incorporados al salario. Y además, pide activar un aumento de 25% en tres tramos.
De esa forma, llegaría a abril con un aumento anual de 37%, un incremento en línea con la inflación registrada en el año. Y, en un año en el que el Gobierno definió que el consumo será el motor de la economía, el gremio mercantil busca la fórmula para no volver a sufrir la pérdida del recesivo 2020.
La otra paritaria que suele ser tomada como referente en esta época del año es la de los bancarios. A diferencia de lo que les ocurrió a los comercios, que sufrieron en la primera línea de batalla la cuarentena, los bancos siempre suelen quedar del lado ganador, con lo cual el sindicato La Bancaria suele contar con mayor capacidad para presionar. Como ya es tradición, uno de los objetivos es que el acuerdo cuente con una cláusula de revisión por inflación.
Pero aun así el tono de la conflictividad empieza a ser notorio en algunos sectores, sobre todo en aquellos que son conscientes de que pueden ser protagonistas de la recuperación económica.
No por casualidad, el cambio de año estuvo marcado por la paralización de los puertos exportadores, en pleno boom de los precios agrícolas y cuando al Gobierno más le urgía la entrada de esas divisas. ¿Serán estos nuevos conflictos sindicales el análogo de los que a comienzos de los 2000 protagonizaba Hugo Moyano, que astutamente había percibido que con el boom sojero el transporte de camiones sería un protagonista de la nueva época y aumentaría un 50% su carga?
Mientras tanto, claro, no hay que olvidar que los camioneros tienen paritarias pendientes. En pocas semanas se revisará el acuerdo que los camioneros habían firmado en agosto. En aquel momento, haciendo valer la condición de "servicio esencial" del transporte, lograron una suba del 30%, sujeta a revisión por inflación.
Busca de paz con los docentes
Y, tratándose del verano, nunca hay que olvidar a los docentes. Que no solamente están bajo la lupa nacional por el debate sobre si efectivamente habrá una vuelta a las clases presenciales y si se llegará a tiempo para que todos los maestros estén vacunados. Además, como todos los años, estará de por medio la discusión salarial, que este año adquiere condimentos especiales dado el contexto de la pandemia.
A pesar de que en diciembre el gobierno nacional, a través del ministro de Educación, Nicolás Trotta, anunció el pago de una suma fija no bonificable y no remunerativa (es decir, un bono de fin de año) que en el mejor de los casos llegó a $4.000 y además se estableció un incremento salarial de 10% con vigencia al primer trimestre del año, ahora falta la parte más difícil y tradicionalmente más conflictiva: las paritarias por provincia.
En muchos casos se dará inicio a las negociaciones en estos días, y las advertencias que ya están haciendo los gobernadores de provincias como Entre Ríos o Jujuy respecto de las dificultades de caja para poder atender las peticiones de los maestros parecen marcar cierto contraste con los dichos de Trotta, que a fin de año había dicho: "Reafirmamos la voluntad de nuestro gobierno de priorizar la inversión en educación y la participación del Estado para poder afrontar la pandemia. Debemos consolidar una construcción social que nos permita dar respuestas a los desafíos venideros".
En algunas provincias particularmente complicadas, como Chubut, las conversaciones siguen girando en torno del pago de los salarios adeudados del 2020 y del aguinaldo, además de aprobarse mejoras presupuestarias para el material sanitario. Todo indica que el acuerdo no será fácil: a pesar de que el Gobierno dijo que había aumentado un 50% las partidas de artículos de limpieza, los gremios se manifestaron desconformes por considerar que no se llega a compensar el incremento de precios.
Pero la atención nacional, como siempre, estará centrada en la provincia de Buenos Aires, donde suelen darse las peleas más duras sobre la recomposición salarial. Fue la tónica durante la gobernación de Daniel Scioli, lo fue también con María Eugenia Vidal y el Gobierno intenta que no haya demasiado ruido político bajo la gestión de Axel Kicillof.
Si bien el anuncio del bono findeañero y la mejora para el primer trimestre calmó un poco los ánimos habitualmente alterados a esta altura del año, los gremios más conflictivos están haciendo saber su descontento. Su cálculo es que la pérdida sufrida durante la gestión Vidal llegó al 37% y que en el 2020, con una inflación del 36%, sólo hubo el paliativo de un incremento de 25% en cuotas, que incluyó montos no remunerativos.
De momento, el malestar no parece ir más allá de la interna gremial. El dirigente más notorio del sector, Roberto Baradel, que al inicio del 2020 había dicho que sería más exigente con Kicillof que con Vidal y que exigiría una recomposición por inflación, finalmente firmó un acuerdo por el 15% que llevó el salario inicial a $36.000, que generó algo de ruido en la interna docente, sobre todo por parte de quienes se quejan de aquellos que están en situación "precaria" por no haber sido formalizados en sus cargos.
La instancia fundamental para este gremio ocurrirá a partir de febrero, cuando el ministro Trotta convoque al Consejo Federal de Educación, que fijará a nivel nacional el piso para el salario del millón de docentes. Y luego seguirá la pulseada a nivel de las provincias.