Con cuarentena extendida, crece la ola de pedidos de salvataje y se avizora una súper inyección estatal de dinero

¿Qué tan grave es la situación social como consecuencia de la cuarentena, cuya continuidad acaba de confirmar Alberto Fernández? Un indicador elocuente es en la cantidad de inscriptos para recibir la ayuda de $10.000 versus la cantidad de gente a la que efectivamente la Anses le aprobó el pago: más de 11 millones de inscriptos contra una probable nómina de cobro de cinco millones.

Por estos días prolifera la gente que se queja de no haber sido aceptada, a pesar de estar en situación de necesidad y con cero ingresos. Muchos alegan que el rechazo ocurre por situaciones formales, tales como que un joven que se mudó y alquila nunca había hecho el cambio de domicilio en su DNI, y por lo tanto para el sistema figura como que continúa viviendo con sus padres, que tienen como ingreso una jubilación.

Situaciones como esta se multiplican por millones, y en la medida en que se profundice el drama de la caída de ingreso para los comerciantes, trabajadores por cuenta propia e informales, quedará más en evidencia que las medidas anunciadas hasta ahora no alcanzan.

Y no es que la expansión del gasto público decidida por el presidente sea menor. De momento, se estima que el costo del Ingreso Familiar de Emergencia implicará unos $55.000 millones por mes, y ya se descuenta que al menos habrá que prolongar ese pago por tres meses.

Además, se anunció otros $120.000 millones de ayuda a las provincias, por concepto de incremento en la coparticipación –con fondos que saldrán de los Aportes del Tesoro Nacional- y de créditos a tasa subsidiada, salidos del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial.

Y antes de eso, se había anunciado un paquete de medidas tales como los REPRO y el pago de un sueldo mínimo para cada trabajador de las pymes en situación de crisis. Los economistas estimaron el costo de esas medidas en al menos dos puntos del Producto Bruto interno.

Pero por mucho que impresione el número, cada vez aparecen más señales en el sentido de que será necesario incrementar la ayuda. Hay provincias como Entre Ríos en las que las autoridades ya hacen proyecciones de caídas de recaudación impositivas del 50% para abril.

Y en el sector privado todavía no se ha visto lo peor. Una reveladora encuesta de la Fundación Observatorio Pyme indica que apenas 10% de las empresas continuaron su actividad de manera normal, mientras un 34% se mantuvo parcialmente operativa y un pavoroso 54% directamente no funcionó. Es decir, más de la mitad tuvieron cero facturación desde que se inició la cuarentena.

La cuarta parte de las empresas dijo no estar en condiciones de pagar sueldos ni obligaciones ni siquiera con la ayuda del reciente decreto emitido por el Gobierno para asistir parcialmente los costos salariales.

En ese marco, se da por obvio que lo que se corta primero es el pago de impuestos. Y aun así hay riesgo de pérdida definitiva –por cierre de la empresa- de unos 200.000 puestos de trabajo.

A grandes rasgos, la mitad de los 20 millones de trabajadores argentinos no percibe un salario producto de un contrato en situación de dependencia, sino que depende de ingresos diarios. Y unos cinco millones pertenecen al sector informal.

La contundencia de los números hacen pensar que los seis millones que se anotaron para cobrar el IFE y fueron rechazados harán sentir la presión. A lo cual se sumarán los futuros desempleados.

Por lo pronto, las organizaciones sociales hicieron un planteo para que se establezca un seguro de desempleo de $30.000 para todos quienes estén sin ingresos o no puedan pagar alquiler. Es decir, un subsidio relativamente alto, considerando que hasta ahora lo más caro que ofreció el Gobierno fue pagar el mínimo de $16.875 para pymes de menos de 20 empleados.

Reclamos urgentes y recursos en baja

Este panorama lleva a la pregunta inexorable: ¿cómo hace un país como Argentina, sin ahorro ni crédito externo, para financiar el salvataje de la economía en cuarentena?

La urgencia que desde los cuatro costados se le reclama al Gobierno contrasta notablemente con las malas perspectivas de los recursos fiscales. En marzo hubo una caída en términos reales de 10% contra el mismo mes del año pasado. Pero como señalaron los economistas, es un mes en el que todavía no se reflejó el impacto pleno del parate económico por la cuarentena.

Los pronósticos para abril indican una caída histórica, al punto que la Fundación Mediterránea estima que los recursos tributarios mermarán en no menos de 30% en el corto plazo.

Esa situación levo a que economistas como José Luis Espert no duden en proyectar un déficit fiscal de hasta 10 puntos del PBI.

"Estamos hablando de casi 3 billones de pesos, ¿cómo van a hacer para financiar eso?", se pregunta el ex candidato presidencial, que tuvo una dura polémica con el diputado y banquero Carlos Heller en torno al impuesto con el que se prevé gravar al "1% más rico del país". Espert menosprecia el aporte de un gravamen de ese tipo, porque cree la recaudación será irrelevante y la medida tendrá un carácter simbólico.

Heller, sobre la base del dinero ingresado por el blanqueo de 2016, estimó que podría llegar a obtenerse más de 2.000 millones de dólares.

En la vereda más ortodoxa, lejos de pedir más ingresos para la AFIP, creen que la solución viene por el camino opuesto: un alivio impositivo. Por caso, Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), propone que se aplique ya a las pyme una prórroga en el saldo de los impuestos de seguridad social, así como del IVA, Ingresos Brutos, tasas de seguridad e higiene y el anticipo de Ganancias.

Considera que ese remedio permitirá a muchas empresas seguir pagando sueldos, y que será menos oneroso para las arcas públicas que tener que asistir a una legión de desocupados.

"El otorgamiento de liquidez a las empresas es la vía para garantizar el pago de sueldos de todos los trabajadores privados formales. Con este objetivo básico, los tres niveles de gobierno deberían tomar medidas tributarias concretas en lo inmediato, empezando por posponer los pagos que vencen en abril", afirmó Argañaraz.

Caja vacía, maquinita a full

En este punto, ya casi nadie discute que la "maquinita" de emitir debe estar en el centro de la solución. Y la imprenta ya está funcionando a tiempo completo. Sólo en marzo hubo un incremento de $600.000 millones, aproximadamente un tercio de la base monetaria, y hay economistas que proyectan que la emisión necesaria en abril será no menos de $400.000 millones.

Las proyecciones apuntan a que se podrá llegar en el corto plazo a una duplicación de la cantidad de dinero.

Claro, hay advertencias sobre la forma y la magnitud de esa emisión y sobre la forma más eficiente de inyectarla al mercado. Algunos sintieron un temblor al leer el pronóstico sombrío de Domingo Cavallo.

"Si predominan las tendencias estatistas, intervencionistas y aislacionistas que aún con el tono moderado que caracteriza al discurso del presidente, asoman frecuentemente en el mensaje oficial y si en la búsqueda de chivos expiatorios los dirigentes políticos más influyentes eligen al empresariado, el final de esta crisis puede ser la hiperinflación", dijo el siempre influyente Cavallo, para quien el objetivo debería ser buscar la forma de devolverle credibilidad al peso.

Pero de momento, aunque parezca paradójico, lo que se está ocurriendo es un aumento en la demanda de pesos. Con los bancos cerrados y el festival de cheques rebotados, las empresas necesitadas de liquidez salieron a vender sus dólares o a retirar sus depósitos en plazo fijo. Sólo por efecto de la no renovación de plazos fijos, se sumaron a la circulación unos $120.000 millones, y ahora el interrogante es si, una vez realizados los pagos, esos billetes volverán al sistema en forma de ahorro o si buscarán ir al dólar.

Por lo pronto, el Gobierno tiene a su favor el repentino cambio de opinión del establishment internacional, que ahora se muestra decididamente favorable a la emisión. Un artículo reciente del Financial Times, la biblia de los economistas liberales y el mercado de capitales, señala que, lejos de provocarse una crisis inflacionaria, en los países desarrollados hasta podría haber deflación.

"La magnitud de la actual crisis significa que incluso la financiación monetaria más directa, como la entrega de dinero en efectivo a la gente, debería seguir siendo una opción. El debate no debería centrarse en si puede haber financiación monetaria sino en mantener controlado el proceso mediante bancos centrales independientes", afirma el editorial del FT.

Claro que en Argentina la situación es bien diferente. Y por eso los economistas de la línea ortodoxa ya están planteando cuáles deberían ser los antídotos para evitar que la emisión de dinero pueda derivar en una escalada inflacionaria: el recorte del gasto público.

Cuando ya no queda mucho por recortar en el rubro de la obra pública, eso sólo puede significar una cosa: atacar el tabú de los salarios en el empleo público, un tema que empieza a ser mencionado en los informes de las consultoras.