Javier Milei avanza con la desregulación del Estado: ¿qué es el silencio positivo y a quiénes beneficiará?
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Más allá del conjunto de normas más polémicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei para reformar el Estado, la Ley Bases modificó la Ley de Procedimiento Administrativo y dispuso que la falta de respuesta de la Administración Nacional se interpretará en sentido positivo, es decir como un dictamen favorable a la solicitud presentada.
Antes de la ley, regía lo que se conoce como silencio administrativo negativo, donde la falta de respuesta por parte del Estado ante una petición se interpretaba tácitamente como un rechazo y se podía recurrir a la vía judicial.
Este punto había sido fuertemente cuestionado por la oposición que advirtió que no se contemplaba la heterogeneidad de situaciones jurídicas y que podría beneficiar potencialmente a sectores con mayor capacidad de presión sobre la administración como grandes empresas o desarrollos económicos, en detrimento de otros sectores más vulnerables.
Ante esos planteos, el oficialismo había expuesto en el debate en el Senado que con esta reforma pretendía incentivar la inversión y el desarrollo del sector privado, ante los cuestionamientos por parte de la oposición que sostenía que iba a transformarse en un beneficio para las empresas que litigaran contra el Estado.
Sin embargo, será la Jefatura de Gabinete la que determinará en un plazo de 15 días a cuáles trámites se les podrá aplicar el silencio con sentido positivo, que se deberán modificar a través de la plataforma de trámites a distancia (TAD).
En la norma, se establecieron, sin embargo, algunas excepciones, como reclamos relacionados con salud pública, medio ambiente, prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes de dominio público.
Desregulación del Estado: ¿qué establece el silencio positivo que impulsa Javier Milei?
La medida establece que "a partir del 1 de noviembre de 2024 las reparticiones de la Administración Pública Central, incluidos los organismos desconcentrados, deberán implementar el silencio con sentido positivo en el marco de procedimientos administrativos en los cuales tramite el otorgamiento de una autorización administrativa, a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) o de la que la repartición correspondiente utilice a tales efectos".
De esta manera, ante un pedido de autorización, si el Estado no se expide en 60 días, quien lo solicita queda automáticamente autorizado.
Para el abogado Diego Armesto, "el silencio administrativo favorece al administrado y permite lograr la obtención de un resultado frente al silencio, cuando antes el silencio era negativo.
"Es decir, antes cuando la Administración no decía nada estaba negando lo peticionado. Ahora esto obliga a que la Administración deba llevar adelante una mayor celeridad en los procesos administrativos que tiene frente a sí", explicó Armesto a iProfesional.
En torno a la Defensa del Consumidor, el abogado sostuvo que "hay que ver si está alcanzado este tema, pero si no se dice en la normativa reglamentaria podemos decir que no estamos frente a la posibilidad de contemplar esta figura del proceso", al igual que en otros trámites de orden civil como sucesiones en los que no interviene la Administración Nacional.
El silencio positivo regirá a partir del 1 de noviembre de 2024 y será obligatorio para las reparticiones de la Administración Pública Central, incluidos los organismos desconcentrados, en tanto que a partir del 1 de diciembre sucederá lo propio para los organismos descentralizados.
¿Cuáles son los alcances del silencio positivo del Estado?
El silencio administrativo positivo se aplicará en aquellos planteos que requieran un pronunciamiento concreto de la Administración Nacional.
En ese sentido, sólo mediando disposición expresa podrá conferirse al silencio sentido positivo.
Si las normas especiales no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de sesenta (60) días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado podrá dar por configurado el silencio de la Administración.
Asimismo, cuando una norma exija una autorización administrativa para que los particulares puedan llevar a cabo una determinada conducta o acto en el marco del ejercicio de una facultad reglada de la Administración, al vencimiento del plazo previsto para resolver sin haberse dictado resolución expresa, el silencio tendrá sentido positivo.
La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.
Sin embargo, el silencio positivo no será de aplicación en materia de salud pública, medio ambiente, prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes de dominio público, excepto cuando la norma específica aplicable otorgue sentido positivo al silencio.
Una vez configurado el silencio en sentido positivo, el interesado podrá exigir la inscripción registral, emisión de certificado o autorización correspondiente en sede administrativa.
¿Qué dijo Federico Sturzzeneger del silencio positivo?
Según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se trata de un "mecanismo ‘anti- coimas’ porque antes el funcionario podía ‘cajonear’ el expediente y pedir algo a cambio para destrabarlo. Ahora ese poder desaparece porque el trámite se aprueba en forma automática en un plazo breve".
Además, el ministro considera que se trata de un sistema "anti- extorsiones" debido a que "permite recurrir judicialmente una multa sin tener que pagarla. Antes se podía extorsionar a una empresa o persona con una multa que debía pagar antes de cuestionarla. Ahora esa potestad del funcionario desaparece".
"Las multas disciplinantes fueron un mecanismo muy común durante el kirchnerismo: amenazar o imponer multas delirantes para silenciar cualquier disenso. Eliminar esta potestad es devolverle capacidad de defensa al ciudadano ante la arbitrariedades del Estado", agregó el funcionario.
Además, "se elimina la necesidad de agotar la vía administrativa para una serie de circunstancias. La necesidad de agotar las instancias administrativas también permitía "cajonear" una demanda contra el Estado. El cambio genera una mayor protección del ciudadano".
¿El silencio positivo abre la puerta a negocios inmobiliarios?
Durante su tratamiento en el Senado, la legisladora de Unión por Todos (UxP) Juliana Di Tullio había advertido que esta modificación estaba destinada a habilitar "negocios inmobiliarios" de privados pero con bienes del Estado.
Di Tulio se lo había planteado a Carlos Nielsen Enemark, el abogado que envió el gobierno nacional para responder las preguntas de los senadores en torno a estas cuestiones.
La senadora planteó: "Póngale que yo me quedo con la tierra que tiene AABE, que no me contestó en 60 días, entonces el sentido es positivo y ahí yo exijo la inscripción registral, la emisión de certificado y la autorización correspondiente en sede administrativa ¿Es correcto lo que estoy diciendo?".
Nielsen Enemark le respondió que estaba en lo cierto y dijo que esa iniciativa "tiene una matriz pensada para entregar los recursos del Estado a ciertos actores privados".
De todos modos, explicó que el silencio positivo "no opera respecto de situaciones que están prohibidas por el ordenamiento jurídico y que solamente se pueden realizar a partir de un acto administrativo (permiso administrativo)".
Por ejemplo, si una persona pide que se le "permita" cortar una calle para hacer una manifestación, el silencio de la administración no implica asentimiento".