¿Alquilás?: este es el explosivo aumento que sufrieron los alquileres en CABA en el último año
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Desde enero del año pasado, el costo de alquilar un monoambiente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) aumentó un 57,1%, según el último relevamiento del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).
El relevamiento destaca que el valor de este tipo de departamentos creció desde los $14.000 en enero de 2020, hasta los $22.000 pesos este mes.
En el caso de un dos ambientes la suba fue del 47,1% hasta alcanzar los $25.000 pesos, mientras que el alquiler de un tres ambientes se incrementó en un 60% hasta los $40.000.
El precio de los alquileres no incluye el valor de las expensas que también sufrieron un aumento que alzanza en promedio el 20% del alquiler.
De esta manera, acotó la entidad dirigida por el economista Andrés Asiain, la jubilación mínima de $19.035 apenas alcanza para pagar el alquiler de un monoambiente medio, pero no para cubrir expensas, servicios y otros gastos.
Paralelamente, respecto de diciembre de 2020, los monoambientes aumentaron 4,8% y los tres ambientes 1,3%. Para el caso de los departamentos de dos ambientes, el valor se mantuvo estable.
Los valores mencionados corresponden a la mediana (valor de posición central obtenido tras ordenar los datos según su precio) resultante de un relevamiento realizado sobre alrededor de 10.000 ofertas de alquileres, utilizadas como proxy del precio del alquiler.
Por otra parte, el informe reflejó que el 41% de las ofertas relevadas correspondió a departamentos de dos ambientes, el 30% a monoambientes y el 21% a tres ambientes. Además, el 85% de las ofertas se hicieron en pesos y mientras que el 15% en dólares.
Suspensión de desalojos
La agrupación representativa de los inquilinos comunicó que mantienen "mucha preocupación" por la resolución que tomará el Gobierno nacional extendiendo solo un mes el decreto que suspende desalojos, congela el precio de los alquileres y extiende los contratos de alquiler.
"A solo 12 días de que finalice el decreto y cientos de miles de familias queden en la calle, el gobierno nacional aún no ha dicho una sola palabra sobre la crisis habitacional que afrontamos las familias Inquilinas", afirmaron desde la asociación.
Preocupación
Por su parte, el referente de la agrupación, Gervasio Muñoz, manifestó que "extender el decreto sólo un mes es la confirmación de cientos de miles de familias desalojadas el 1° de marzo. Mientras los países suspenden desalojos hasta septiembre y brindan ayuda económica para saldar las deudas de alquileres, aquí se toman medidas cortoplacistas", apuntó.
Y agregó: "A más de 6 meses no se han reglamentado varios artículos de la ley de alquileres, no hay control de su cumplimiento ni una campaña de difusión de derechos. La respuesta será una convocatoria a Plaza de Mayo".
En cambio, la Cámara Inmobiliaria Argentina entiende que la extensión prolongada de la suspensión de los desalojos es un perjuicio para "todos", tanto para los inquilinos como a los propietarios. Según un relevamiento a nivel nacional que hizo el organismo, la imposibilidad de actualizar montos de alquileres empuja a los propietarios a retirar propiedad y ponerlas en venta. "La menor oferta está impactando en los precios de los alquileres perjudicando a los inquilinos", dijo Claudio Vodanovich a Data Clave.
"Va a suceder que el día que esta situación concluye, cuando se tenga que renegociar con un año de retraso, la actualización va a venir de golpe. Muchas propiedades van a quedar sin inquilinos o muchos van a salir al mismo tiempo a buscar propiedades. Hay que encontrar una solución", amplió el secretario general de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA).
Por último, desde CIA lamentaron que las autoridades nacionales no hayan consultado a los especialistas "tanto de los inquilinos como de los propietarios". "Nadie tiene que ganar ni perder, todos tienen que salir equilibrados", sentenciaron.
Crecen los reclamos y suben los precios
Desde la entidad que agrupa inquilinos señalan que el decreto de septiembre sirve para evitar una "catástrofe habitacional". Pero a la vez denuncian que los propietarios y las inmobiliarias, se niegan a cumplir con la prórroga de los contratos, la suspensión de desalojos, el congelamiento de precios y el refinanciamiento de las deudas.
"No hay dudas de que en el 2021 el Estado tiene que continuar con su voluntad de proteger a todos los que alquilamos viviendas, hoteles y pensiones. Es urgente que el 25% de los hogares que viven bajo techo rentado, reciban el año que comienza con la esperanza y la seguridad de no ser desalojados o hacinados en viviendas familiares", señala la carta enviada hoy a Fernández.
Entre otros puntos, un petitorio enviao al Gobierno nacional plantea "la obligación moral de fomentar y ayudar al desendeudamiento financiero de los millones de inquilinos, con el objetivo de recuperar un mínimo grado de sustentabilidad y tranquilidad para sus familias".
Según el decreto 320, las deudas desde la fecha de entrada en vigencia de la medida y hasta el 30 de septiembre de 2020 por falta de pago,pagos fuera de los plazos contractuales pactados o pagos parciales, deberán abonarse entre tres y seis cuotas iguales y consecutivas. Los inquilinos buscan llevarlas a 12 cuotas, es decir hasta el 31 de marzo.
Otro punto que genera debate es la Ley de Alquileres (27.551) aprobada en noviembre pasado. Los inquilinos denuncian el incumplimiento del pago en tranferencias y piden la reglamentación de los contratos de alquiler ante AFIP. Por lo pronto, el organismo ya convocó a las inmobiliarias para discutir ese punto de la normativa.
Los reclamos apuntan además a la creación de un organismo de control y subsidios para la cancelación de deudas por alquileres atrasados, así como la prohibición de oferta en dólares de los inmuebles.
Por la proliferación de contratos dolarizados, el diputado del Frente de Todos, Federico Fagioli, impulsó un proyecto de ley para prohibir los contratos de alquileres fijados en esa moneda. La idea apoyada es incorporar a la ley 27.551 un artículo que establezca que "en todos los supuestos, los alquileres se establecerán en moneda de curso legal al momento de concertarse".
La Cámara Argentina de Inmobiliarias apuesta, en cambio, a llegar a un acuerdo con los inquilinos para abandonar el congelamiento. "Los corredores matriculados tenemos conocimiento y habilidad para ponernos de acuerdo, a ninguno propietario le interesa que un inquilino se le vaya, de hecho dos meses que tarde en alquilarla pierde la magra renta que no llega al 2% anual que esta obteniendo", sostuvo Vodánovich.
En el sector aseguran que los contratos se negocian "por debajo de la inflación", pero reconocen que hay una retracción de la oferta que genera una "pequeña distorsión" en el mercado de alquileres.
Los precios de los nuevos contratos de alquiler acumulan una suba cercana a 60% en lo que va del año, en contraste con la caída de los valores de venta -medidos en dólares- de los inmuebles, en un contexto marcado por la entrada en vigencia de la Ley de Alquileres, los efectos de la pandemia y la crisis económica preexistente.
Según un informe elaborado por el portal especializado Zonaprop, los precios de los nuevos alquileres acumulan una suba de 57% en lo que va del 2020, unos 25 puntos porcentuales por encima de la inflación en el mismo período.
¿Qué va a pasar con los desalojos?
Uno de los mayores temores es una suba explosiva de los alquileres y una ola de "desalojos masivos" en caso de que no se prolonguen las medidas vigentes. En forma preventiva, algunas organizaciones iniciaron la campaña "Prohibido desalojar" en la Ciudad y AMBA para informar los beneficios del decreto 766 y denunciar su incumplimiento durante la pandemia.
"No se suspendieron todos los desalojos, el caso más resonante es el de Guernica, donde fueron a recuperar tierra por ser desalojados en el marco del DNU 766, hay un incumplimiento", advirtió Gigi Krein, integrante de las Consejerías de Vivienda, un espacio que nuclea a movimientos de inquilinos y organizaciones sociales al frente de la campaña para evitar desalojos.
Este sector vinculado a los inquilinos con menores ingresos reclama la aplicación "real" del último decreto, la ampliación de la prohibición de los desalojos a todos los inquilinos -incluyendo a los informales- y mantener sin cambios los alquileres hasta el 31 de diciembre. Asimismo, piden que el diferencial por la no actualización de los valores sea costeada por el Estado.
"Hay un aumento importante de precios de cara a febrero si no se renueva el DNU, más la diferencia por el congelamiento, la deuda con el interés por no haber pagado la totalidad del alquiler, y ya es muy restrictivo el decreto 766 para los inquilinos precarizados, que se ven empujados a hoteles y pensiones en villas, donde no aceptan familias con niños y repercute sobre mujeres y disidencias", aseguró Krein.
El Índice para Contratos de Locación que publica diariamente el BCRA muestra un incremento de 14% entre julio de 2020 y mediados de enero 2021.