5G: las empresas ya tienen sus frecuencias. ¿Cuándo llegará a los usuarios?

Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria, se dio el gusto de anunciar el inicio de la era de la quinta generación (5G) de tecnologías de telefonía móvil en la Argentina, un objetivo que perseguía por su importancia y el posible impacto público del tema en la recta final de las elecciones y por los 875 millones de dólares que ingresarán a las cuentas públicas en medio de las turbulencias del mercado cambiario.

Pero, al bajar el anuncio a tierra, tras la realización de la subasta el 24 de octubre surgió la pregunta de cuánto tiempo falta para que las empresas ofrezcan el servicio a los usuarios finales, quienes escuchan desde hace algunos años las promesas de la nueva era de la conectividad, pero se preguntan cómo va a ser en la práctica y cuánto va a costar.

Desde el lado de las empresas respondieron luego de la subasta que se dio un paso importante con esta licitación, pero el proceso recién comenzó y la llegada al público dependerá de una combinación de factores políticos, regulatorios y económicos.

El Gobierno nacional dejó en claro que, después de licitar una parte importante del recurso por el término de 20 años, su deseo es que el mercado invierta fuerte en la etapa que sigue: el despliegue de la infraestructura necesaria para que 5G funcione a pleno.

5G: ¿qué espera el gobierno de parte de las empresas?

Al encabezar la presentación del 5G el martes en el Centro Cultural Kirchner (CCK), Massa remarcó la prioridad de ese objetivo ante los representantes de las empresas que lo escuchaban en primera fila. Planteó que la conectividad será clave en los próximos cinco años en la disputa global por el capital humano y también destacó su potencial a nivel federal.

El candidato presidencial por el oficialismo agradeció la confianza de las compañías que participaron de la subasta y remarcó que para el sector se abre "la oportunidad de avanzar en inversiones de magnitud".

En un pasaje clave de su mensaje, el ministro destacó la competencia como base para la formación de precios, en un virtual guiño al sector que reclama la desactivación del DNU 690/20, que declaró el acceso a Internet, la telefonía móvil y a la TV paga como un servicio público.

"Esta es una industria de inversiones intensivas en la que la competencia por la tecnología es clave a la hora del servicio al ciudadano y en la que la competencia por el precio del servicio es uno de los valores más importantes que podemos tener. Mayor conectividad a menor precio es mejor servicio y más barato para el ciudadano, y eso es fundamental", afirmó el ministro-candidato.

Massa auguró que, después de adquirir sus porciones de espectro, las empresas compitan por el tendido de infraestructura, y subrayó que cada compañía debería desembolsar más de 1.000 millones de dólares para el despliegue territorial, "generando empleo, aumentando la inversión privada y propiciando que los ciudadanos tengan mayor conectividad, con mejor tecnología a un menor precio como nos gusta a los que creemos en la competencia".

El Gobierno nacional festejó la recaudación de 875 millones de dólares, aunque fuera una cifra menor a la que esperaba originalmente. La liquidación al tipo de cambio oficial será otra ventaja para las empresas que rechazaron desde el llamado a licitación el precio base de 350 millones de dólares que fijó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para el espectro.

El pliego de la licitación prevé un régimen especial de importación para facilitar a las empresas el acceso a materiales para realizar los tendidos de las redes, principalmente fibra óptica y radioenlaces. La expectativa es que las inversiones empiecen lo más rápido posible pero las empresas tienen sus reparos.

5G: ¿qué problemas condicionan el desarrollo de las redes?

Desde las empresas coincidieron en que la inversión en redes es el paso que sigue en el camino de 5G. Las que se usan hoy para la cuarta generación (4G) no sirven para los mismos fines.

Pero desde los operadores también reclaman previsibilidad política y ordenamiento de la macroeconomía para destrabar los condicionamientos que impiden el desenvolvimiento normal del negocio.

En los pasillos del CCK, el director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro, Alejandro Quiroga López, informó a iProfesional que además de los 350 millones de dólares que pagará por usufructuar su porción de espectro, la empresa deberá invertir en los próximos años entre 600 millones y 1.000 millones de dólares adicionales para construir su red 5G.

Aclaró que esas inversiones dependerán de las condiciones macro del país y de las posibilidades de los clientes. "Nosotros venimos adquiriendo espectro en América latina y es nuestra apuesta hacerlo también acá porque es un salto de calidad para los clientes".

"Pero las redes se construyen con tiempo y vamos a tener equipos en la medida en que tengamos acceso a las SIRA para poder importar. Hoy sin autorización no se puede", señaló Quiroga López.

Las demoras afectan el ingreso de equipamientos para 5G y para 4G, pero también la compra de licencias de servicios, por ejemplo, de software de 5G. "El 'core' (núcleo) de la red para 5G está listo -añadió Quiroga López- pero necesitamos equipamiento para la red de acceso y software para las dos cosas. Entendemos las restricciones de divisas, pero hay que construir estas redes. Hoy el parque de celulares 5G es el 5% del mercado, pero eso va a ir creciendo".

5G ¿cuándo llegará a los usuarios?

El Gobierno nacional intentará destrabar la situación mediante el régimen especial de importaciones previsto en el pliego de la licitación. Para empezar, las empresas deberán presentar al Enacom sus planes de infraestructura para este año y para 2024 y el ente regulador lo evaluará y, eventualmente, lo aprobará.

Desde el Poder Ejecutivo destacaron que gracias a 5G, los usuarios de Internet experimentarán niveles de velocidad mayores, pero cuando habla de las primeras aplicaciones menciona el segmento de negocio a negocio (B2B, sigla en inglés), y en particular, usos en industrias, como la automotriz, la minería y la actividad portuaria.

El argumento es que, en sentido contrario a lo que pasa con las industrias, las empresas todavía no habrían llegado a una ecuación de monetización satisfactoria para el mercado de los usuarios finales.