Megaestafa inmobiliaria: hay más de 200 víctimas, una familia en la mira y la fiscal pide nuevas indagatorias

La megaestafa inmobiliaria, que se acaba de desmantelar en la Ciudad de Buenos Aires, ya generó 200 víctimas confirmadas, pero se estima que el número podría llegar las 300, dado que todo el tiempo se incrementan las denuncias. En esta línea, la jueza a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°40, Paula González, dictó prisión preventiva a cinco personas del clan familiar que aparentemente organizaron la maniobra.

Se trata de Vito Antonio L’Abbate, quien lidera la organización, sus hijos Emanuel, Juan Ignacio y Santiago L’Abbate y su apoderado Patricio Flores. Todos ellos, se encuentran acusados de liderar e integrar una asociación ilícita,  la cual efectuó, como mínimo, 16 hechos de estafas con la venta de inmuebles que eran comercializados bajo la modalidad "de pozo", pero que nunca se entregaban o el mismo inmueble era vendido a 4 o 5 personas más. Muchos de ellos se encontraban en zonas como Almagro, Caballito, Balvanera y Liniers.

Estafa inmobiliaria: las pérdidas fueron millonarias y la jueza advirtió que se trata de un delito complejo

La jueza también realizó un embargo para uno los implicados hasta cubrir la suma de $905 millones y dispuso la inhibición general de los bienes de los cinco involucrados. Asimismo, la fiscal Mónica Cuñarro detalló que se trata de una maniobra compleja y no común, por lo que es clave que los damnificados cuenten con toda la documentación.

Estos últimos se encuentran angustiados, debido a que muchos invirtieron los ahorros de toda su vida en un inmueble que nunca les entregaron. "El departamento que yo compré, lo vendieron 4 veces más", detalló uno de los damnificados. "En Acuña de Figueroa hay un edificio que tiene 48 departamentos, pero 95 dueños", añadio.

Según la investigación desplegada por la fiscalía, los imputados habrían organizado e integrado una asociación ilícita, económicamente compleja y jerárquicamente organizada, dedicada a realizar estafas millonarias a través del sistema inmobiliario. La banda habría operado entre 2012 y junio de 2024, y habría cometido -al menos- 16 operaciones fraudulentas en diversos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Según la imputación, a través de la firma Induplack Fiduciaria S.A, de la cual cuatro de los imputados eran representantes legales y el restante, su apoderado y a su vez presidente de Icons Tech S.A., quienes administraban supuestos fideicomisos para la construcción de inmuebles de propiedad horizontal. Y, con ese esquema, ofrecieron a la venta, por sí mismos o a través de inmobiliarias como Century XXI, Remax, Varela y Predial, unidades bajo la modalidad de "venta de pozo", para lo cual recibieron pagos anticipados y cuotas de los compradores que debían destinar a la construcción de inmuebles.

No obstante, cuando se vencieron los plazos convenidos y tenían que entregar las unidades, las obras no se habían concluido y tampoco se habían realizado los trámites para escriturar los departamentos, lo que perjudicó gravemente a las víctimas, quienes no solo sufrieron pérdidas económicas, sino también daños morales significativos.

Para las representantes del Ministerio Público Fiscal, el proceder de los imputados evidenció un plan de negocios destinado a generar ganancias ilícitas, utilizando los aportes de los compradores sin destinarlos a los fines previamente pactados.

La investigación también demostró que los imputados no solo cumplían funciones en Induplack Fiduciaria S.A, sino que también integraban, por lo menos, otras veinte empresas del rubro de la construcción, que fueron constituidas luego de las denuncias de las víctimas. Desde diciembre de 2024 hasta la actualidad, ingresaron al Juzgado más de 100 causas contra los mismos imputados.

Estafa millonaria: cómo será el procesamiento de los imputados

En una nota realizada por la fiscalía, explicaron, con base en las pruebas recabadas en la investigación, que el Ministerio Público pidió el procesamiento de las personas implicadas, lo cual fue receptado por la jueza Paula González, en su resolución del 7 de abril, quien les imputó "haber organizado y tomado parte en una asociación o estructura criminal signada por el propósito colectivo de desplegar conductas delictivas de manera sistemática y prolongada en el tiempo".

"Con esas preventas, Induplack Fiduciaria S.A. se aseguró la rentabilidad de cada proyecto, atrayendo a los compradores; quienes usaban sus ahorros para aprovechar los planes de pago en cuotas que les eran ofrecidos para la adquisición de alguna de las unidades resultantes de la concreción de esos proyectos inmobiliarios. Sin embargo, luego de haber recibido los fondos suficientes como para cubrir el costo de la construcción; los imputados desviaron el dinero recibido en su propio beneficio y/o de terceros, perjudicando los derechos de los beneficiarios, que nunca pudieron tomar posesión ni escriturar en término las unidades funcionales que habían comprado", concluyó la jueza.