El futuro de Télam, Radio Nacional y TV Pública: qué modelo privatizador podría aplicarse
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Además de convertirse en una nación carente de Banco Central, si el presidente electo Javier Milei lograra "privatizar" Radio Nacional, Canal 7 y la agencia Télam, Argentina pasaría a ser uno de los pocos países sin medios públicos, al menos del Estado nacional.
Es cierto, que salvo honrosas excepciones, los medios "públicos" argentinos han tendido a ser aparatos de propaganda del grupo gobernante de turno (que cuando pasa a la oposición denuncia esa misma propaganda empleada en su contra). En este sentido, la queja de Milei es justificada.
Manejados usualmente de manera facciosa, excluyente y unilateral, ofrecen desde hace tiempo contenidos de escaso pluralismo o calidad. Y han sido astronómicamente caros e ineficaces, pese a su función declamada de favorecer el debate público, construir ciudadanía o de elevar el nivel cultural.
Todo positivo, todo negativo
La ONG Transparencia Electoral reveló que en el noticiero nocturno de la TV Pública entre el 30/10 y el 10/11 de este año, el 94% de las menciones al candidato oficial Sergio Massa fueron positivas y un 6% neutras, sin menciones negativas.
En cambio, el 75% de la cobertura de Milei fue negativa y un 25% neutra, en este caso sin menciones positivas. Y el 43% de las noticias sobre Juntos por el Cambio trató sobre peleas internas y la "desintegración de la coalición".
Más allá de estos sesgos, los medios públicos argentinos han sido, además, sinónimo de "cajas" y negociados con productoras y empresas prebendarias, como también aguantaderos bien pagos de militantes y acomodados sin mérito que opacan a quienes trabajan en ellos con esfuerzo y profesionalismo.
Y todavía, en los peores casos, fueron también instrumentos comunicacionales para apuntalar "operaciones" o persecuciones, desde un asimétrico sitial estatal, contra la oposición o personas y sectores mal vistos desde el poder. Sin embargo, no en todo el mundo los medios públicos ofrecen tan deplorable panorama.
Desde la TV pública norteamericana (PBS/CPB) hasta la radiodifusión nacional uruguaya (ex SODRE), pasando por algunas fundaciones brasileñas de contenidos públicos —para no hablar del remanido caso de la BBC británica— hay países donde esos medios cumplen una función normal, aceptada y ecuánime, con personal profesional y costos racionales.
Pueden así suministrar contenidos artísticos o culturales que el mercado no genera o servicios en zonas aisladas no costeables económicamente. Y aún, en ciertos casos, periodismo plural o emisiones para proyectar a la voz e imagen de un país al exterior.
En la propia Argentina, pocas veces se ha objetado la función del sector público de manejar un museo histórico o de bellas artes, organizar actividades de extensión desde la UBA o la labor del mundialmente consagrado Teatro Colón, que ofrece una de las expresiones preferidas del nuevo presidente, la ópera.
Sin embargo y más allá de estos casos, hay quienes podrían sostener que casi todos los medios públicos de comunicación, tal como funcionan en Argentina, no tienen otra solución que su cierre o privatización: sus problemas parecen un barril sin fondo sistémico de propaganda o gastos injustificados.
Desde tiempos inmemoriales, cada nuevo gobierno argentino dijo que los iba a dotar de autonomía, que implantaría "un modelo BBC" o que se convertirían en medios verdaderamente "estatales pero no gubernamentales". Y que se los iba a racionalizar, profesionalizar o tornarlos autofinanciables.
Nada de esto se ha cumplido: casi nunca se hizo siquiera el intento. El propio kirchnerismo prometió en 2007, por boca del entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que los medios públicos serían "como la BBC". Al poco tiempo se iniciaban ataques militantes contra el campo, la oposición y 6-7-8, más propios de una Telesur chavista de que un medio público real.
La estructura que busca privatizar Milei se compone de la sociedad estatal Radio y Televisión Argentina (RTA), con casi medio centenar de emisoras de Radio Nacional (contando cada localización como emisora) y un importante canal de TV abierta en Buenos Aires: Canal 7-TV Pública, con repetidoras en todo el país. Insólitamente posee también un canal abierto con programas locales en Trenque Lauquen (ex medio privado intervenido en 1975). Otra entidad estatal, Contenidos Públicos SE, opera media docena de señales temáticas (Encuentro, Paka Paka y otras) y una plataforma online.
Radio Nacional y sus 49 emisoras
Radio Nacional cuenta en Buenos Aires con una potente AM generalista (LRA, si bien hace mucho que no usa esta señal distintiva legal) y tres FM temáticas (Clásica, Folklórica y Nacional-Rock). En el resto del país tiene una AM/FM en la mayoría de las capitales provinciales y en una veintena de ciudades adicionales que van desde Las Lomitas hasta El Calafate, e incluso una en la base antártica Esperanza. Son 49 emisoras que fueron instaladas desde 1937 hasta ahora. Cada gobierno fue ampliando gradualmente la red, que ofrece también una emisora online en varios idiomas destinada a oyentes en el exterior, RAE.
Si Radio Nacional fuese una cadena privada estaría violando ampliamente los límites legales de multiplicidad de licencias: solo podría tener hasta 15 emisoras de AM y/o FM. Su gran número de emisoras le posibilita ser la única red que llega a todos los rincones del país por aire.
Sin embargo, esta ventaja se debilita considerablemente si se considera que hoy se accede a contenidos (incluso radio) por Internet y que el grueso de su audiencia de los últimos años corresponde a un público "duro" y acotado que se identifica con el entusiasmo militante de sus comunicadores.
De esto pueden exceptuarse espacios musicales o culturales en las emisoras temáticas de Buenos Aires o los servicios de mensajes en zonas rurales ("de Pedro para Juan: envíame los dos caballos a Chos Malal"), los cuales sirven a otra clase de audiencias. De todas maneras, hoy día todas las emisoras de Radio Nacional tienen una competencia sustancial de otras radios.
Su programación generalista AM es bastante indiferenciada de las emisoras comerciales (salvo, en los últimos años, por su apuntada propaganda militante que en todo caso la asemeja a medios privados como los de Cristóbal López o los del sindicato SUTERH). Tampoco son hoy las únicas emisoras en zonas alejadas como lo eran tiempo atrás.
TV Pública y señales temáticas
La TV Pública es heredera del pionero Canal 7 instalado en 1951. Debido a los altos costos de la TV, su expansión al interior se hizo a través de repetidoras aéreas —no de canales autónomos— que también fueron adicionadas sucesivamente por cada gobierno hasta hoy.
Para 2010 había en todo el país unas 300 de esas repetidoras (analógicas) del ex Canal 7 y ex ATC (ya rebautizado como TV Pública) desde La Quiaca a Ushuaia. Ningún canal privado tenía la posibilidad legal ni económica de instalar una red semejante.
Nuevamente, esta ventaja fue disminuyendo a partir de que los canales privados porteños y de otros lugares fueron incluyéndose en las grillas de los cableoperadores del país. Por esto mismo y por la escasa audiencia, muchas de las citadas repetidoras analógicas de la TV Pública fueron desactivándose.
También en 2010, se lanzó la TDA (televisión digital abierta). La TV Pública pasó a transmitirse desde entonces por una red de transmisores digitales de aire en unas 110 ciudades del país, los que fueron instalados con costos sustanciales por la estatal ARSAT.
Esa red digital de ARSAT, que quedará como única TV abierta cuando se apague la analógica, fue además usada para alojar señales "invitadas", sin cobrarles y que hasta 2015 eran predominantemente kirchneristas o afines (C5N, 360TV, CN23, Telesur y RT), con las cuales se buscó infructuosamente competir con el cable (léase, para el gobierno de entonces, Clarín).
Pese a la gratuidad de la TDA y la inclusión posterior en ella de otras señales con perfil editorial y temático más variado, la mayor parte de la audiencia —como en el resto del mundo— prefirió acceder a señales de cable o TV satelital, mucho más abundantes. Estas modalidades se potenciaron luego por las OTT de streaming (Netflix, etc.) o las alternativas de IPTV (desde Flow hasta Claro o Movistar).
En todo este esquema, la TV Pública continúa siendo uno de los canales menos relevantes. Logra repuntar con transmisiones deportivas o de festividades del interior, que muchas veces obtiene debido a una serie de ventajas "desleales" respaldadas por su carácter estatal.
Las señales temáticas públicas destinadas al cable son Encuentro (un intento interesante de canal cultural iniciado en 2007 y lo que quizás debería ser el concepto central de una TV pública de calidad, pero muy pronto fue manchado por la propaganda y la "bajada de línea" unilateral e incesante).
Lo mismo puede decirse de la señal infantil Paka Paka que, en lugar de ser un instrumento de pedagogía educativa para niños, pasó a incluir numerosos contenidos unilaterales y hasta de adoctrinamiento.
Otras señales temáticas públicas son Cine.Ar (cine argentino), DeporTV (deportes) y Tec (tecnología).
Hay una plataforma online llamada Cont.ar, una suerte de Netflix gratuito gubernamental, con realizaciones emitidas previamente o que se financiaron generosamente con abundantes y poco transparentes subsidios audiovisuales sin ser nunca difundidas en un medio convencional (como una controvertida telenovela de Andrea del Boca, pagada con fondos universitarios).
Télam: noticias y pauta
Télam es una agencia de noticias del Estado argentino que, en principio, transmite noticias a sus abonados (medios de todo el país), pero a la vez tiene un portal web donde puede accederse a gran parte de sus notas en forma gratuita.
Ese contenido, como en la radio y TV, suele ser notoriamente oficialista. El kirchnerismo le agregó un sesgo activamente militante contra la oposición y favorable a gobiernos como el venezolano, el chino o el ruso.
La existencia de la agencia como ente estatal con acceso a fondos ilimitados que absorben su déficit sin duda coarta un desarrollo mayor de agencias privadas. Pero Télam tiene además una función menos conocida: es la agencia de publicidad del gobierno nacional, que pauta los controvertidos (por sus contenidos o por su reparto) avisos oficiales.
A diferencia de la radio y TV públicas con fines culturales o artísticos, muchos países creen que los gobiernos no deben operar agencias de noticias periodísticas. Ni Uruguay ni Chile las tienen y aun un mandatario de izquierda como el mexicano Andrés López Obrador cerró en 2020 la agencia estatal Notimex, cansado de su irrelevancia, pérdidas y huelgas constantes.
Balance preocupante
Solo en términos económicos, el balance de los medios públicos es preocupante, sin que esos enormes recursos hagan siquiera un aporte significativo al pluralismo, a contenidos de calidad y a la transparencia.
En la primera mitad de 2023, RTA tuvo 12.571 millones de pesos de déficit; Télam, $1.592 millones y Contenidos Públicos SE, $1.046 millones. Es decir, un total aproximado de 35-40 millones de dólares de pérdidas al cambio blue de la época.
Con un déficit anual probable de entre 70 y 80 millones de dólares, son cifras comparables al presupuesto de educación o salud pública de una provincia pequeña. Y el número total de empleados (3.455) de esos medios públicos puede, a su vez, cotejarse con los 3.700 de Associated Press, la agencia de noticias más grande del mundo (también con radio y TV), de presencia y actividades globales.
La privatización de la radio y TV públicas que se propone Milei requiere modificar la Ley de Medios, lo que necesitará de apoyo legislativo o de un DNU. Télam, en cambio, podría privatizarse por decreto, ya que su última constitución data de una norma de ese tipo de 2002.
Milei puede intentar una privatización convencional de los medios públicos y adjudicarlos por licitación a particulares. Pero es posible que varios de ellos no tuvieran interesados para continuar como medios y, en ese caso, deban cerrar o bien venderse a partir de sus componentes aislados (frecuencias, edificios o equipos).
En ese caso, sin duda desaparecerán los "mecanismos de propaganda" y altos costos de un plumazo. Sin embargo, el país quedará sin un sistema de comunicación que ofrezca realizaciones culturales, educativas, artísticas o de integración alternativas al mercado.
Una privatización distinta
Hay otro tipo de privatización que Milei podría encarar, que también eliminaría la propaganda, gastos fuera de control y cajas militantes. Y, a la vez, preservaría la función bien entendida que tienen los medios públicos si éstos funcionan adecuadamente.
Se trata de crear una fundación privada desvinculada del gobierno, pero de derecho público que se haga cargo de unos medios públicos previamente saneados, redimensionados y reorganizados (como pasó con algunas aerolíneas mundiales, quizás deberían cerrase y reabrirse de nuevo desde cero).
Esa fundación operadora estaría sujeta a una carta constitutiva que establezca objetivos precisos, así como salvaguardas de ecuanimidad, pluralismo y contrataciones profesionales. Se gobernará a sí misma sin intervención estatal, pero a partir de personas o entidades con criterios de representatividad, diversidad y ética, bajo supervisión parlamentaria.
Como los medios públicos de los Estados Unidos, dicha fundación podría financiarse con teletones, auspicios comerciales que no condicionen su misión, donaciones de empresas privadas desgravadas (o a cuenta de impuestos) y la venta de sus producciones. También con algunas partidas limitadas del presupuesto nacional a partir de propuestas de contenidos.
Como todo en Argentina, puede fallar. Pero podría también iniciarse un nuevo paradigma para transformar, de una vez y para siempre, los vapuleados medios públicos nacionales.