Revés para el plan de red 5G del Gobierno: la Justicia le ordenó al Enacom suspender la licitación
:quality(85)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2023/09/559384.jpg)
La Justicia le ordenó este martes al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) suspender la licitación 5G. La decisión llegó desde el Juzgado Federal Número 2 de Mendoza, que exigió a través de una cautelar interina al regulador a suspender la licitación 5G puesta en marcha el pasado 28 de agosto, luego de que Infraestructura Digital Argentina (IDA) solicitaria una medida en esa dirección.
Tal como venía informando iProfesional, los modos en que se encaró el proceso terminaron provocando su judicialización.
La medida dispuesta por Pablo Oscar Quirós, a cargo del Juzgado Federal Número 2 de Mendoza, determinó que el regulador debe suspender los efectos de los artículos 3 y 4 de la resolución 1285/2021, que convoca a la licitación y a la presentación de los interesados el próximo 29 de septiembre, y del artículo 3 de la resolución 1289/2023, por el que entrega a Arsat las frecuencias comprendidas entre las bandas de 3600-3700 MHz.
También le exige al Enacom que en un lapso máximo de cinco días produzca un informe para que explique el "interés público comprometido por la solicitud de la cautelar (…)".
La medida en cuestión señala: "Hacer lugar a la medida interina solicitada y, en consecuencia, ordenar al Enacom que suspenda los efectos de los arts. 3° y 4° de la Resolución Enacom 1285/23 y del art. 3° de la Resolución Enacom 1289/23, hasta tanto se resuelva la medida cautelar autónoma aquí deducida. 3º) Requerir al Enacom que dentro del plazo de cinco (5) días produzca informe que dé cuenta acerca del interés público comprometido por la solicitud cautelar realizada en autos (art. 4 de la Ley 26.854). 4º) Notificar la presente medida juntamente con el pedido de informe acompañando el traslado completo de la demanda. Hacer saber al letrado patrocinante que es a su cargo la confección y diligenciamiento de los instrumentos de notificación, debiendo acreditar y comunicar esas circunstancias en la causa dentro del plazo de cinco (2) días hábiles a contar desde la notificación de la presente, bajo apercibimiento de dejar sin efecto la medida interina dispuesta".
Licitación del 5G: las operadoras cuestionan el plan del Gobierno
Además de haber calificado a la subasta de la banda de 5G organizada por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) como desprolija, cara, de uso político, anticompetitiva e irregular, las operadoras de telecomunicaciones decidieron recurrir a la Justicia para frenar el proceso.
En realidad, fue Movistar la que se adelantó a las otras dos grandes empresas del sector como Telecom y Claro y se presentó en los tribunales para solicitar un recurso de amparo en contra de la medida oficial de licitar el espectro de 5G que ya venía generando un fuerte rechazo en el sector.
Para las empresas, se trata de un plan que presenta obstáculos complejos que comprometen su viabilidad y por lo tanto ya habían advertido que, sin cambios en los pliegos, podrían terminar no participando del proceso.
Fuentes del mercado aseguraron a iProfesional que Movistar interpuso un recurso de amparo en contra de la resolución oficial, aunque desde la compañía prefirieron no hacer comentarios sobre la situación.
Las fuentes aseguran que el ENACOM ya fue notificado por parte del juzgado a cargo de analizar la queja de la operadora de capitales españoles, algo que no pudo ser corroborado por este medio ya que desde el organismo no respondieron a las consultas efectuadas.
Cuando el ente que dirige Claudio Ambrosini decidió anunciar el inicio del proceso de subasta, las empresas emitieron un comunicado en el cual, entre otras cosas, aseguraron que la gestión del presidente Alberto Fernández intenta hacer un uso político de una medida necesaria; califican a la medida como una "desprolijidad" con precios que escapan de cualquier parámetro a nivel mundial.
Además, cuestionaron el otorgamiento de espectro a ARSAT por entender que se trata de una clara búsqueda de reflotar "negocios espurios" que se solventan con el dinero de los impuestos y del Fondo de Servicio Universal (FSU), al mismo tiempo que terminan en la nada.