Ley de Alquileres: qué esperan los votantes de Milei, Bullrich y Massa de la reforma que se demora en el Congreso
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Mientras el Congreso demora la definición sobre el futuro de la Ley de Alquileres, cuestionada por la fuerte crisis de oferta y de precios que se vive en el mercado inmobiliario, una encuesta indagó en qué tipo de reforma desea el electorado y, en especial, los votantes que ya tienen decidido su apoyo a los principales candidatos presidenciales.
La coalición Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich a la cabeza, al igual que el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, sostienen que la ley vigente debe ser derogada. Sin la mayoría parlamentaria para ello, la alianza logró aprobar en la Cámara de Diputados un proyecto de reforma que Unión por la Patria rechaza por considerar que no ayuda a los inquilinos y que ahora trata de modificar en el Senado.
En ese contexto, la consultora Tendencias llevó a cabo un sondeo en la primera semana de septiembre sobre 25.704 personas que, si bien se enfocó en la intención de voto, también le ofreció a los encuestados una serie de temas, ideas y propuestas relacionadas con la coyuntura entre las cuales figuró la Ley de Alquileres.
La consigna que ofreció la encuesta fue "Ley de Alquileres favorable a los inquilinos" y el 62,8% de los encuestados mostró su apoyo a una medida de esas características mientras que solo el 9,4% se expresó en contra. En tanto, el 27,8% no definió una postura.
Ley de Alquileres: ¿qué esperan los votantes de Milei, Bullrich y Massa?
El resultado del sondeo no resulta sorpresivo si se tiene en cuenta que en la Argentina hay aproximadamente 3 millones de hogares habitados por inquilinos y que el 40% de los menores de 35 años alquilan debido a la enorme dificultad que existe hoy para acceder a la vivienda propia.
No obstante, el dato llamativo apareció al desglosar el resultado según el voto de los consultados. Y es que más de la mitad de los votantes de Milei, de Bullrich, de Sergio Massa y de los demás candidatos están de acuerdo con la idea de que la nueva Ley de Alquileres debe ser "favorable a los inquilinos".
Entre los que respondieron que votarán en octubre al candidato de La Libertad Avanza, el 57,4% apoyó esa idea y apenas el 11,3% la rechazó de plano, mientras que el 31,3% "no sabe/no contesta". Los votantes de Bullrich por su parte, están de acuerdo en un 64,2%, solo el 8,4% está en contra y el 22,3% indefinido.
Más previsible fue la respuesta de los votantes de Massa, donde el 69% está de acuerdo con que haya una ley "favorable a los inquilinos", y de los que apoyan a la candidata del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, entre quienes la idea tuvo un respaldo del 85%.
Los votantes del gobernador de Córdoba y candidato de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, también apoyaron mayoritariamente esa alternativa, con un 63,3% que se mostró de acuerdo.
¿El tema puede tener impacto en la campaña?
La respuesta de los votantes fue llamativa debido a que exhibe sutiles diferencias con las ideas y el discurso sobre el tema de la Ley de Alquileres que tienen los candidatos, en especial Milei y Bullrich. A grandes rasgos, ambos defienden una política de no intervención estatal en el mercado que no se condice con la idea de una norma "favorable a los inquilinos".
En el caso de Juntos por el Cambio, el proyecto que aprobaron en Diputados y enviaron al Senado hace hincapié en que el plazo para actualizar el precio de base -con un mínimo de 4 meses en un contrato de dos años- y el monto estarán sujetos al "acuerdo entre las partes".
Ese mecanismo, a su vez, es el punto que critica el oficialismo por considerar que deja desprotegidos a los inquilinos. Con ese argumento, los senadores del Frente de Todos (Unión por la Patria) proponen cambios a la iniciativa con media sanción y buscan aprobarla en el recinto en los próximos días. Sin embargo, esto haría que el tema vuelva a la Cámara de Diputados.
Tanto la cantidad de inquilinos que hay en el electorado como las preferencias que expresan los votantes sugieren que el tema de la Ley de Alquileres puede tener un relativo impacto en la campaña, aunque su verdadero alcance es imposible de medir.
Lo cierto es que si el Senado devolviera el proyecto de reforma modificado a la Cámara baja y esta decidiera continuar el debate inmediatamente, todo se daría entre octubre y noviembre, en medio de las elecciones generales y el eventual balotaje. Pocos en el Congreso creen hoy que pueda darse esa situación, pero en esta campaña electoral todo es posible.
Qué proponen los proyectos en disputa
La Ley de Alquileres vigente establece contratos de 3 años con ajustes anuales, determinados por la combinación del índice de variación salarial (RIPTE) y el de inflación. Estos son los puntos más criticados por las inmobiliarias, mientras que las agrupaciones de inquilinos defienden especialmente la duración de los contratos, según indicaron ambos sectores en las reuniones de comisión.
La reforma que Juntos por el Cambio aprobó en Diputados y giró al Senado propone volver a los contratos de dos años (como eran antes de 2020, cuando entró en vigencia la ley) con ajustes que podrían ser cada 4 meses "como mínimo", según lo que "acuerden las partes". El monto de la actualización podrá realizarse con cualquiera de los índices oficiales o una combinación de los mismos, nuevamente, por un convenio entre locador y locatario.
En desacuerdo con esto, los senadores oficialistas firmaron un dictamen de mayoría que modifica ese proyecto y plantea mantener los 3 años de duración para los contratos de alquiler con uso habitacional y actualizaciones cada 6 meses en base a un índice llamado "Casa Hogar" que publica el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
Ese índice tiene en cuenta el menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo período. No obstante, genera dudas entre los senadores que podrían acompañar al oficialismo en la votación, por lo que está sujeto a cambios.
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Además, la propuesta del oficialismo prohíbe la publicación de alquileres en dólares, algo que ya está ocurriendo y que genera sonoras quejas por parte de los inquilinos. Ambas iniciativas establecen también una serie de incentivos fiscales para estimular la oferta de inmuebles por parte de los propietarios.