La gran estafa: el informe que deja al descubierto la trama política y empresarial del juicio a YPF (segunda parte)
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La demanda presentada ante los tribunales de Nueva York por parte de las empresas del Grupo Petersen, a través del fondo buitre Burford al que le vendió su juicio por la expropiación de YPF en España es el último eslabón de una cadena de estafas del Grupo Petersen a la compañía y al Estado argentino que comenzó en el 2007 en el gobierno de Néstor Kirchner.
El informe de inversores privados damnificados por la expropiación de YPF al que accedió iProfesional señala al ex presidente Néstor Kirchner, a la vicepresidenta Cristina Kirchner, al ex secretario general de la Presidencia de la Nación y actual procurador del Tesoro Carlos Zannini, al ex ministro de Planificación Julio De Vido y al ex ministro de Economía y actual gobernador de la provincia de Buenos Aires como los principales instrumentadoras de la maniobra y al banquero Sebastián Ezquenazi como el ideólogo de la gran estafa del Grupo Petersen a YPF.
El dato más impactante es que las garantías ofrecidas en custodia para conseguir el 100% de los préstamos por 3.500 millones de dólares para que el Grupo Petersen de la familia Eskenazi pudiera comprar el 25 % de YPF eran las mismas acciones de YPF que el Grupo Petersen estaba comprando a YPF sin poner un solo dólar.
Además, el 100% del repago de tales créditos se realizaría con las propias ganancias o dividendos que arrojarían las mismas acciones que se estaban adquiriendo.
El Grupo Petersen compró el 25 % de YPF a Repsol sin pagar un solo dólar
El informe describe que "en cualquier caso, cabe concluir, visto el osado accionar de las empresas del Grupo Petersen y Repsol de utilizar la jurisdicción americana para plantear un reclamo cuyo origen, desarrollo y desenlace fue fraudulento por donde se lo mire.
Lo que evidencia el informe de los inversores privados es que las condiciones para el repago de los créditos otorgados fueron a todas luces manifiestamente contrarias al interés de YPF y el resto de sus accionistas.
El fallo es lapidario con respecto al Grupo Petersen y al accionar de Axel Kicillof
El documento al que tuvo acceso este medio, presentado por un grupo de inversores privados damnificados por la estatización de YPF en la Corte Suprema de Nueva York, es lapidario contra el accionar del Grupo Petersen de la familia Eskenazi y del estado argentino en el caso YPF.
En la llamada causa "Cuadernos" que relata la corrupción en la obra pública descubierta por el periodista de La Nación, Diego Cabot, el banquero Sebastián Eskenazi es señalado por el contador de los Kirchner Víctor Manzanares como la persona que recibía los bolsos con dólares que le entregaba el fallecido secretario de Kirchner, Daniel Muñoz, para depositarlos en el Banco de Santa Cruz.
Este banco es propiedad de la familia Eskenazi que se quedó con la institución gracias a la privatización del mismo ideada por el propio Néstor Kirchner cuando era gobernador de Santa Cruz. Allí habría comenzado la gran relación familiar entre los Kirchner y la familia Eskenazi que al parecer se rompió luego del fallecimiento de Néstor Kirchner cuando los Eskenazi habrían dejado de entregar el dinero que recibía Daniel Muñoz y luego se reenviaba al Banco de Santa Cruz.
Tras fallecimiento de Néstor Kirchner, se habría decidido dejar afuera de YPF al Grupo Eskenazi
Esta situación habría motivado el enojo de la familia Kirchner y por ese motivo se habría dejado afuera del pago por la expropiación de YPF a los Eskenazi algo que por ahora es solo una suposición y que solo podría develar la justicia argentina.
El informe explica que "el ingreso de las empresas del Grupo Petersen a YPF fue un fraude porque las empresas fueron constituidas de la siguiente manera: Petersen Energía S.A.U (España) se constituyó en julio de 2007, Petersen Energía PTY LTD (Australia) en octubre de 2007, Petersen Energía Inversora S.A.U (España) en marzo de 2008, Petersen Energía Inversora Holding GMBH (Austria) en mayo 2008, Petersen Inversiones Spain S.A.U (España) en diciembre de 2009, y Petersen Energía Inversora Holding S.A.U (España) se constituyó en marzo de 2011 para armar un conglomerado espejado de empresas que finaliza con una con domicilio en Austria".
Las empresas del Grupo Petersen y Repsol declaran en sus presentaciones ante la Security Exchange Comisión (SEC) de los Estados Unidos que el día 19 de febrero del 2007, firmaron un acuerdo de confidencialidad que luego, el 26 de junio del 2007 fue modificado a través de una adenda.
El informe privado destaca que hubo fraude manifiesto del Grupo Petersen
El informe describe que para esas fechas las empresas del Grupo Petersen todavía no estaban constituidas, por lo tanto, la declaración tal como está expuesta es falsa, ello sin siquiera considerar los términos y condiciones de tal acuerdo.
Lo que llama la atención en el informe es la modalidad acordada para el pago del precio donde el 100% de los 3.500 millones de dólares fijado como precio para la compra del 25% de las acciones de YPF en manos de Repsol, fue financiado por un pool de bancos y la propia vendedora Repsol, en un casi 50% cada parte y las condiciones pactadas en la operación del 2008 son por demás llamativa.
Del análisis realizado por los inversores privados surge que el pool de bancos, con Credit Suisse a la cabeza, le otorgó en préstamo a la desconocida Petersen Energía SUA y a su socia la sociedad australiana Petersen Energía PTY LTD, con acciones al portador, unos 1.026 millones de dólares y Repsol, la propia vendedora le dio otros 1.209 millones de dólares. Por lo tanto, el Grupo Petersen no tuvo que desembolsar ni un solo dólar para la adquisición del 14,99% de las acciones de YPF. A esto se suma la sospechosa capitalización de la empresa australiana Petersen Energía PTY LTD.
Otra de las sorpresas es que por la presión del gobierno de Néstor Kirchner y para que YPF no fuera expropiada Repsol y PESA acordaron pagar un dividendo por 1.300 millones de dólares devengado en el ejercicio 2006.
"Estos dividendos nunca fueron retirados por el grupo español con motivo de las presiones del gobierno argentino, para justamente provocar el ingreso de un empresario amigo, testaferro o socio de los Kirchner" dice el informe.
Como el ingreso de PESA se efectivizó el 21 de febrero del 2008 y el pago de esos dividendos se realizó en los últimos días de febrero, PESA se hizo acreedora del porcentaje que les correspondía de unos 200 millones de dólares. Ese dinero PESA se lo cedió en su totalidad a la vendedora Repsol.
También acordaron que YPF realizara la distribución de un dividendo extraordinario de ochocientos cincuenta millones de dólares estadounidenses (US$ 850) que será pagado: (i) un 50 % durante el año 2008 (25% durante el primer semestre y 25% durante el segundo semestre); y (ii) el otro 50% durante el año 2009 (25% durante el primer semestre y 25% durante el segundo semestre).
Acordaron además el pago de un dividendo extraordinario sin considerar las posibilidades y disponibilidades de YPF para pagarlo. En la práctica terminaron distribuyendo dividendos superiores a las ganancias.
El Grupo Petersen y Repsol realizaron modificaciones al Estatuto para multiplicar los puestos de directores y directores ejecutivos de YPF, y con sus correspondientes honorarios y retribuciones millonarias. Para darle más presencia en el directorio a la familia Eskenazi, pese a que no contaban con ningún antecedente en la industria petrolera, elevaron de 14 a 21 el máximo de directores.
En varios bufets de Nueva York se comenta sobre un intrincado proceso con vinculaciones y ramificaciones de políticos, banqueros y empresarios armado la familia Eskenazi que se beneficiaría con el 30 por ciento de ese pago.
La familia Eskenazi se beneficiaría por el juicio a YPF con unos u$s4.000 millones
El monto de unos u$s4.000 millones lo podría utilizar para levantar la quiebra de sus empresas en España y quedarse con unos 2.000 millones de dólares lo que se podría considerar como la mayor estafa de un grupo empresario contra el estado de toda la historia argentina y con pocos antecedentes en el mundo.
La demanda se inició cuando en el 2015 el fondo Burford le reclamó a la petrolera estatal por los daños que el pago a la empresa española Repsol le provocó al 49 por ciento restante de los accionistas de la petrolera luego que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidiera nacionalizar la empresa en abril del 2.012.
Burford no tenía acciones de la compañía, pero cómo le compró el juicio al Grupo Petersen de la familia Eskenazi se pudo presentar como damnificado en los tribunales de Nueva York para demandar a YPF. Todavía es un gran misterio quiénes son los dueños de los derechos que Burford vendió a otros fondos mientras se desarrollaba el juicio y el valor de la demanda aumentaba.
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El informe destaca que el único antecedente que tenían las empresas del Grupo Petersen para participar en la millonaria operación del para comprar el 25 % de las acciones de YPF era los estrechos vínculos que mantenían la familia Eskenazi con los Kirchner, y su vinculación con el Banco Credit Suisse y los fondos públicos de la Provincia de Santa Cruz que se depositaban en dicho banco suizo. Ninguno de los miembros de la familia Eskenazi tenía antecedente en la industria petrolera.