Se viene otro índice de pobreza en alza pese al menor desempleo: se intensifica el debate por la caída salarial
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El Gobierno se prepara para recibir en las próximas horas una de las peores noticias: el crecimiento del índice de pobreza. Y eso hace que otro dato, el de la caída del desempleo a un 6,3%, que en otro contexto sería para festejar, ahora sea visto con recelo. Más pobreza con más empleo implica que cada vez son más los "asalariados pobres", es decir gente ocupada y con un ingreso fijo que no logra comprar una canasta básica -hoy valorada en $177.000 para una familia de dos adultos y dos menores-.
Es con esos datos sobre la mesa que rápidamente quedó virtualmente sin efecto el objetivo de Sergio Massa por imponer una referencia de 60% para las negociaciones salariales. El ministro de Economía había llegado a un acuerdo con los sindicatos para que se negociaran aumentos de 30% para el primer semestre, con una revisión por inflación.
Pero claro, cuando Massa hizo ese planteo todavía confiaba en que la inflación seguiría el ritmo descendente que mostró a fin de año, y que en abril se publicaría un dato de IPC que empezaría con un 3. La realidad se encargó de desbaratar esos planes sin que fuera necesario mucho debate: hoy los economistas están advirtiendo que el 6,6% de inflación registrado en febrero, lejos de ser un "techo" podría transformarse en un "piso" para el resto del año.
Son datos que fueron debidamente anotados por los sindicatos más fuertes, que ya están imponiendo un nuevo modelo de paritaria: acuerdos cada vez más cortos, con una duración promedio de tres meses y ajustes que rondan el 20%. En otras palabras, los sindicatos están asumiendo que la inflación continuará en un entorno de 6% mensual, o de 100% anual.
Ejemplo de esa situación son sindicatos grandes, que son tomados como referentes por el resto del mercado, como el de los bancarios, que firmó un aumento de 40% por cinco meses, o el de los metalúrgicos, pionero en proponer las subas trimestrales de 20%.
El líder de la UOM, Abel Furlán, que simpatiza con el kirchnerismo, fue claro al marcar que la política salarial de Massa había caducado: "El ministro de Economía está haciendo todo lo posible para mejorar los índices inflacionarios, pero de esta manera no va a haber paritaria que pueda resolver la recuperación de poder adquisitivo", sentenció.
Las paritarias, superadas por la realidad
Es una situación que introduce otro factor de tensión en la interna peronista. Porque la tesis kirchnerista, explicitada por Cristina Kirchner en sus últimas intervenciones públicas, es que no hay una relación directa entre subas salariales e inflación.
Sin embargo, desde el ministerio de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos ha hecho advertencias en contra del peligro que implica los pedidos de aumentos desaten una carrera nominal de precios y salarios: "Hay una conciencia de los sectores gremiales que de algunos sectores empresarios que, por su capacidad de concentración, muchas veces acceden a aumentar la nominalidad, se dan vuelta y lo vuelvan a precios", admitió.
La frase de Olmos es doblemente irritante para el kirchnerismo: primero, porque plantea el argumento del salario como un posible factor inflacionario; y segundo, porque acepta tácitamente que el Gobierno no considera que pueda tomar acciones para impedir ese traslado automático de los costos laborales a los precios de productos y servicios. Es decir, contradice el reclamo de Cristina sobre la necesidad de intervenir en los márgenes de ganancias de las grandes empresas.
Pero, sobre todo, el nuevo foco de Cristina Kirchner en sus últimos discursos ha sido la gran masa de trabajadores no registrados. "Si miramos la PEA, unos 30 millones de argentinos, tenemos unos 11,6 millones como trabajadores registrados, después unos 7 millones que reciben un cheque del estado. Pero hay 11 millones que no tengo ningún registro de nada. No sabemos qué hacen. Esa es la Argentina en negro, no son los planeros", dijo en su reciente discurso en la universidad de Río Negro. Una situación que llevó a la vicepresidente a concluir: "Yo no sé todavía cómo estamos vivos, es milagroso".
Lo peor está por venir
Por más que no sea sorpresivo, el dato de sorpresa no deja de ser doloroso ni de tener impacto político. Para un gobierno peronista, cuya prioridad explícita es recomponer la capacidad de consumo de la población, y en especial la de la franja de menores ingresos, este dato implica una admisión tácita de fracaso. Es por eso que, ante la contienda electoral, se multiplican los reclamos internos por medidas que mejoren el poder adquisitivo
Las consultoras que hacen mediciones propias ya estimaron que la incidencia de la pobreza en correspondiente al segundo semestre del año pasado estará en torno del 40%, lo cual implica un agravamiento respecto del dato anterior, que había sido de 36,5%.
Lo peor de todo: el dato de diciembre ya será una "foto vieja", porque la aceleración inflacionaria del primer trimestre de 2023 hace suponer que la situación al día de hoy ya es peor. Para ponerlo en números, hoy la pobreza ya alcanza al 43,8% de los argentinos, según la estimación de Martín Rozada, de la Universidad Di Tella.
Y, a juzgar por las previsiones de inflación para los próximos meses -y a la evolución de los salarios, corriendo desde atrás- la situación empeorará.
Lo cierto es que hoy nadie en el Gobierno se anima a repetir el pronóstico que en marzo pasado había hecho el entonces ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en el sentido de que el país sacaría de la pobreza a un millón de personas cada año. Ese pronóstico fue hecho en la presentación del plan Argentina Productiva 2030, un programa con metas ambiciosas de incremento productivo -por ejemplo, aumentar un 120% las exportaciones y crear 100.000 nuevas empresas- cuyo objetivo principal era crear dos millones de empleos.
Pero hace un año todavía se podían esgrimir motivos para el optimismo: a fin de cuentas, la economía se recuperaba a una velocidad acelerada y hasta había signos positivos en el consumo. En cambio, hoy los industriales advierten sobre el riesgo de un freno en la producción y hasta de fábricas paradas por las dificultades para importar insumos.
La curva de Philips y los monotributistas en moto
Lo que los economistas están marcando es que, lejos de ser una contradicción, la coexistencia de salarios muy bajos y una mejora en el empleo son las dos caras de la misma moneda. Es un fenómeno estudiado en varios países y que se expresa en la célebre "curva de Philips", publicada en 1958 por un economista inglés.
El postulado básico es que la inflación y el desempleo evolucionan en sentido inverso: a mayor desempleo menor inflación, y viceversa. La explicación se puede comprender intuitivamente: si mucha gente está empleada, habrá mayor demanda, y eso repercutirá en la inflación.
Aunque ha sido cuestionada por economistas de la línea ortodoxa, en el caso argentino parecería confirmar su aplicación. La disminución del desempleo coincide con un momento de salarios bajos, que a su vez es consecuencia de la alta inflación.
Además, en la Argentina, interviene otro factor fundamental: el de la economía informal. Los datos del Indec marcan una gran disparidad entre la capacidad de defensa contra la inflación según en qué condiciones se trabaje.
Puesto en números, durante el año pasado, el salario perdió un 2,3% de poder adquisitivo, pero ese promedio esconde una diferencia creciente: mientras los trabajadores en la informalidad perdieron un 15% de ingresos en términos reales, los privados perdieron un 1% y los empleados estatales ganaron un 2,4%.
Es en ese contexto que se produce el fenómeno más preocupante de los últimos tiempos: la cantidad cada vez mayor de gente que está bajo la línea de pobreza, a pesar de cobrar un sueldo. Y es ahí donde entra el otro factor clave del análisis: el aumento del empleo se produjo, sobre todo, en la categoría de los cuentapropistas o monotributistas, con condiciones laborales mucho más flexibles e ingresos variables.
En otras palabras, el fenómeno de los miles de trabajadores de servicios de delivery que recorren las calles en motos o bicicletas.
Se trata de una situación que cambia la foto tradicional de la situación social argentina, en la cual quienes estaban por debajo de la línea de pobreza eran personas subocupados, personas con baja calificación educativa que hacían "changas" o trabajaban pocas horas, pero no alcanzaba a los empleados con ingreso regular. Ahora, para alarma del Gobierno y los sindicatos, el hecho de tener un trabajo ya no es el pasaporte al ascenso social.
El conflicto tras el debate por la suma fija
Con inflación creciente y con índices de pobreza también crecientes, en el Gobierno se replantea qué medidas tomar para que los números relativamente buenos del empleo se traduzcan en una mejora del ingreso.
Desde el kirchnerismo, volvió la insistencia sobre un punto que el año pasado implicó una situación tensa con Massa: el aumento salarial de suma fija, general y por decreto.
Así lo explicó Roberto Baradel, dirigente del sindicato docente, quien dejó en claro que las paritarias no resultan un mecanismo suficiente en este contexto.
"Yo no voy en contra de las paritarias. No es contradictoria una cosa con la otra. Hay muchísimos trabajadores que no tienen la posibilidad de que sus gremios tengan paritarias, o que son trabajadores no registrados. Con ese criterio no tendría que existir el Consejo del Salario", dijo por el sindicalista.
Precisamente, el sindicalista hacía esas declaraciones después que el Consejo del Salario anunciara un aumento de 26,4 por ciento en tres tramos hasta julio, llevando el salario mínimo a $84.512 a partir de mayo.
"El salario es mínimo y móvil, porque se discute. Lo que no es, es vital. Si no es vía el Consejo, hay que aumentarlo a través de la suma fija que tenga la obligación todos de pagarla", dijo Baradel, reflejando la postura que comparten los gremios más cercanos al kirchnerismo.
La propuesta de la suma fija, por ahora resistida por Massa y Kelly Olmos, es el síntoma del debate que anida en la interna peronista: la promesa incumplida de terminar con una economía en la que la ocupación más floreciente es la de "monotributistas en moto", como afirmaba Alberto Fernández durante la campaña electoral de 2019.
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Cuatro años después, el fenómeno se intensificó, y deja en evidencia que las herramientas tradicionales ligadas a los acuerdos sindicales no están resultando efectivas. El próximo dato de pobreza será un recordatorio contundente al respecto.