Tras la moratoria previsional, el kirchnerismo aspira a cambiar el humor social con una agenda electoral pro consumo
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El kirchnerismo está dispuesto a instalar una agenda de cambios económicos, pero no como propuesta para el próximo período de gobierno sino para su aplicación inmediata, con generación de hechos de alto impacto político y que tengan efecto sobre los ingresos de los votantes. En ese sentido, la reciente votación de la moratoria previsional es considerada un punto de inflexión.
La escena tras la votación de la moratoria en la cámara de Diputados, con caras felices, dedos en "V" y la entonación de la marcha peronista, da la pauta de cuál es la estrategia que el kirchnerismo imagina para mejorar las chances en la disputa electoral.
Y fue una escena que llamó la atención por disonante: se trató de una de las pocas alegrías en una época donde lo que abundan son las malas noticias y varias "tragadas de sapos" -como la negociación con el FMI, las dos ediciones del "dólar soja" y la pauta salarial oficial del 60% cuando todos los economistas proyectan un 100%-.
En semejante marco, la votación de la moratoria fue un oasis para el kirchnerismo. Pudo reflotar el tono de "causa épica" asociados a los tiempos de la presidencia de Cristina Kirchner. Y, sobre todo, le permitió la vuelta a la antinomia con las "fuerzas anti populares". Por ejemplo, mediante pegatinas de carteles en los que se exhibían las fotos de diputados opositores, bajo la frase: "Estos son los diputados que no quieren que te jubiles". Otro, de tono más agresivo aun, decía con tono de escrache: "Buscalos. Seguramente hay algún vecino tuyo. Gracias a estos tipos más de un millón de ciudadanos no van a poder jubilarse".
Lo cierto es que para los medios afines al kirchnerismo, la aprobación de la moratoria significó una verdadera tregua. Pocos días antes habían tenido que informar, por ejemplo, que en el resultado fiscal que mostró un aumento del déficit, el factor que compensó a la baja fue el gasto en jubilaciones, con una caída real interanual del 4%. O que el consumo en supermercados había caído en diciembre un 5,1%, de la mano de la caída de salarios y jubilaciones.
Es decir, cifras que contrastaban con el optimismo que Alberto Fernández trata de transmitir en sus apariciones públicas. Como en el reciente discurso inaugural del año legislativo, cuando celebró que la economía crecerá por tercer año consecutivo -un dato con el que los economistas privados discrepan, al punto que la industria registra dos caídas consecutivas, la capacidad ociosa de las fábricas subió al 36% y algunos ya proyectan para este año una recesión de 2% del PBI-.
De hecho, en el kirchnerismo se está volviendo a criticar la política salarial oficial: reaparecieron los reclamos por aumentos generales de suma fija otorgados por decreto, en lugar de las paritarias con una referencia de 60% que los sindicatos miran con desconfianza.
Para colmo, los piqueteros se encargaban de recordar en cada acampe en la avenida 9 de Julio que el Gobierno se había comprometido con el FMI a recortar 0,6% en gastos de asistencia social.
Es por eso que, cuando se debatió la moratoria previsional y los diputados de la oposición macrista denunciaron que la reforma tendría un costo fiscal de casi medio punto del PBI, en el kirchnerismo duro se tomó ese dato más como un elogio que una crítica: por fin se podía presentar una decisión gubernamental como parte de la "agenda progresista" y no de un plan de ajuste.
De hecho, en el "relato" kirchnerista -empezando por los discursos de la propia Cristina Kirchner- se rescata como uno de los hitos de esa corriente política la eliminación de las AFJP en 2008 y la sanción de moratorias previsionales que integraron al sistema a tres millones de nuevos jubilados que no contaban con aportes suficientes.
Ingresos: buscando el "shock redistributivo"
Para seguir en esa línea, las distintas usinas de pensamiento kirchnerista preparan sus propuestas y, en un acto a realizarse el 11 de marzo en Avellaneda -además del consabido "operativo clamor"- aspiran a darle forma a una plataforma de medidas económicas.
La idea de los impulsores -que se nuclearán bajo el nombre "La Patria es el Otro"- es que sea de aplicación inmediata, lo cual presupone una negociación con el sector que apoya al presidente Alberto Fernández y, sobre todo, con el ministro de economía, Sergio Massa, que es quien deberá pagar la cuenta fiscal.
No será fácil, en principio, dado que el objetivo declarado, según trascendió en el ámbito kirchnerista, es que se produzca un verdadero "shock redistributivo". Algo que, a primera vista, podría colisionar con la política salarial que impulsa Massa, que prioriza las paritarias en línea con la proyección inflacionaria oficial de 60% y, además, se niega al pago de bonos o a aumentos salariales de suma fija por decreto.
Pero el diagnóstico político que se hace en el kirchnerismo es que, con el actual nivel de ingresos de la población, las chances electorales son bajas.
Un artículo de Artemio López, consultor y encuestador vinculado al kirchnerismo, sostiene "la eficacia electoral de la distribución del ingreso", en una serie histórica que relaciona los resultados de las elecciones con la participación del salario en el ingreso total nacional.
Su conclusión es que cuando esa participación fue alta -por encima del 50%- ganaron los oficialismos, como le ocurrió a la propia Cristina, pero también a Mauricio Macri en las legislativas de 2017. Y, por el contrario, que en momentos en que esa relación bajó, los gobiernos cosecharon derrotas: Macri en 2019, con un salario que representaba el 45,7% del PBI y luego Alberto Fernández en las legislativas de 2021, con un índice salarial de 40,7%.
Actualmente, ese indicador marca 43,6%, lo cual marca en el kirchnerismo cuál debe ser la estrategia electoral: menos discurso ideológico y más medidas redistributivas. Por lo pronto, hay chances de que se retome la iniciativa de un salario básico universal, un proyecto que ya fue ingresado el año pasado al Congreso.
La propuesta es una renta que alcance a una amplia población de nueve millones de personas -incluye al universo de desempleados, trabajadores informales, monotributistas de la franja mínima, trabajadores rurales y empleadas domésticas-. El cálculo se hizo sobre la base de las adhesiones que tuvo el bono extraordinario que se pagó hace un año a modo de compensación por la ola inflacionaria -en aquel momento se lo denominó informalmente como IFE 4, en alusión a la ayuda extraordinaria de la pandemia-.
El monto a pagar buscaría cubrir la canasta alimentaria -es decir, el ingreso para estar encima del nivel de indigencia-, que hoy el Indec valoriza en $23.315 para un adulto -y en $72.043 para un hogar tipo-.
La intención original de este proyecto, impulsado por Cristina Kirchner, era que reemplazara al plan Potenciar Trabajo, que alcanza a 1,2 millón de beneficiarios que cobran $33.870.
Sin margen para otro Plan Platita
A primera vista, no parece un objetivo fácil el que impulsa el kirchnerismo, dado que supondría un encarecimiento respecto de lo que hoy se destina a la asistencia social. De hecho, el año pasado el Gobierno decidió cambiar la metodología de indexación del plan, que ya no representa la mitad de un salario mínimo.
En todo caso, el Potenciar Trabajo representa cerca del 2% del gasto primario del Estado. Y los cálculos que se hicieron sobre el costo potencial de un nuevo salario básico universal apuntan a casi un punto del PBI. En otras palabras, si se aprobara el nuevo proyecto tal como fue concebido se podría cuadruplicar el costo del Potenciar Trabajo.
Sólo hay un pequeño problema para que la estrategia electoral del kirchnerismo se pueda poner en práctica: el propio equipo económico del Gobierno cree que no hay margen fiscal. Y, para colmo, la sequía deja poco espacio al tradicional reclamo de obtener fondos por la vía de aumentarle retenciones al campo.
Así lo dejó en claro el viceministro Gabriel Rubinstein, en el artículo publicado en medio de la polémica sobre si el próximo presidente heredaría una "bomba" financiera. Rubinstein rechazó esa acusación, y su defensa fue, precisamente, que no ocurrirá eso porque, entre otras cosas, se apretaron los controles fiscales desde que asumió Massa.
El argumento del funcionario es que no explotará la deuda porque los títulos del Tesoro representan 8% del PBI, algo que deja margen de acción, siempre que el Gobierno continúe su senda de recorte fiscal.
"Reafirmamos la meta de lograr un déficit de 1,9% para 2023", decía la frase más importante del editorial de Rubinstein.
¿A quién le estaba hablando el viceministro al hacer esa afirmación? Ciertamente, no es en la oposición donde pueda encontrar críticas al celo fiscalista. Más bien, las quejas parten del kirchnerismo, al que le envió el mensaje de que no hay margen para otro "Plan Platita" en la próxima campaña electoral, ni tampoco hay posibilidades de relajar el frente fiscal porque, entonces sí, se haría realidad la advertencia macrista sobre la "bomba". Es algo que el propio Rubinstein insinúa al recordar que la crisis de los bonos de junio pasado se había producido, precisamente, por un desvío fiscal.
La "solución" de la licuación inflacionaria
¿Cómo se resuelve, entonces, una contradicción como la que se vio con el tema de la moratoria previsional? Todos los indicios apuntan a la inflación como la solución al problema: lo que se da por un lado, se compensa con el "efecto licuación" por la vía inflacionaria.
Así lo pronostican los expertos que estudian los números del sistema jubilatorio. Como Jorge Colina, director de Idesa, quien en una columna señala que en enero, las jubilaciones perdieron un 13% real interanual frente a la inflación, y la tendencia va empeorando.
"Claramente, la renovación de las moratorias se paga con lo que pierden los jubilados actuales. Una forma de hacer demagogia previsional históricamente utilizada en Argentina. El problema va a ser para el que quiera bajar la inflación en serio", advierte el analista.
Por su parte, el economista Damián Di Pace pone el dedo en la llaga con otro dato clave: la "bola de Leliq" equivale hoy a 228 millones de jubilaciones. Un recordatorio incómodo para un partido que hizo campaña electoral con la promesa de que privilegiaría a los jubilados por encima de los bancos.
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Pero faltan menos de seis meses para las PASO, y el kirchnerismo busca golpes de efecto para cambiar esa percepción. Tiene varios factores en contra, empezando por la limitante fiscal y la propia oposición interna. Pero hay un convencimiento de que sin "shock redistributivo" no habrá chances electorales.