El nuevo dato de pobreza golpea al Gobierno: por qué todavía falta lo peor
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No por esperado, el golpe deja de doler: el dato de pobreza e indigencia que publicó el INDEC confirmó los peores temores sobre la marcha de la economía argentina. Una mejora apenas marginal en cantidad de pobres -bajó de 37,3% a 36,5% en un semestre- pero un empeoramiento en el número de indigentes -subió de 8,2% a 8,8%- redondean un panorama peor aun del que se esperaba.
Los datos corresponden al primer semestre del año, cuando la economía se recuperaba con fuerza del bajón provocado por la pandemia y se creaban nuevos puestos de empleo, por lo que había cierta expectativa de mejora. Sin embargo, quedó confirmada la advertencia que hacían los economistas: que la ola inflacionaria neutralizó la mejora en los indicadores de actividad productiva, de manera que en el plano social no se sintió la mejora.
Y, lo peor de todo, estos números de pobreza probablemente hayan sido los mejores de la gestión Fernández-Fernández, dado que ya hay proyecciones de un empeoramiento para los próximos semestres, dada la erosión que la alta inflación está provocando sobre los ingresos.
Además, cuando se pone la lupa sobre algunos datos específicos, saltan alarmas: por ejemplo, que uno de cada dos chicos de hasta 14 años vive en condiciones de pobreza, en una fuerte aceleración respecto de las mediciones previas.
Como recordatorio de esta realidad dolorosa, al mismo tiempo que el INDEC difundía los datos se realizaba en la avenida 9 de Julio un acampe masivo de piqueteros, en reclamo de mayor ayuda alimentaria y de una reapertura en la lista de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo -que hoy está asignado a 1,2 millón de personas-. Con su negativa a incrementar la cantidad de "planeros", el ministerio de Desarrollo Social trata de enviar un mensaje respecto de que la política centrada en el criterio asistencialista llegó a su límite, pero el debate político
Y además, la creciente conflictividad sindical -con el "caso testigo" de la paralización de la industria del neumático- puso sobre el tapete el nuevo fenómeno de la realidad social argentina: el de los asalariados que no logran comprar la canasta básica para ubicarse sobre la línea de pobreza.
El fenómeno del asalariado pobre
El último dato de desempleo arrojó una cifra celebrada por el Gobierno: con un 6,9%, el desempleo está en uno de sus niveles más bajos en dos décadas. Sin embargo, la pobreza alcanza a un 27,7% de los hogares del país.
Esto implica que hay gente que consigue trabajo y percibe un salario regular pero no logra salir de la pobreza. Hablando en plata, que no puede comprar la canasta de $119.757 que, al día de hoy, estableció el INDEC como lo que se necesita en un hogar tipo -dos adultos y dos menores- para pagar la alimentación, el vestido, la vivienda y los servicios básicos.
Es una situación que cambia la foto tradicional de la situación social argentina, en la cual quienes estaban por debajo de la línea de pobreza eran personas subocupados, personas con baja calificación educativa que hacían "changas" o trabajaban pocas horas, pero no alcanzaba a los empleados con ingreso regular.
Ahora, para alarma del Gobierno y los sindicatos, el hecho de tener un trabajo ya no es el pasaporte al ascenso social. "La creación de empleo no está compensando la inflación", observó en una entrevista radial Agustín Salvia, director del Observatorio de Deuda Social de la UCA, para quien el país está asistiendo a "un avance de la pobreza en las clases medias".
Según la medición del INDEC, en el primer semestre del año los hogares pobres tuvieron un ingreso que se ubicó un 37% por debajo de esa canasta básica. Lo cierto es que si los dos adultos de una familia perciben respectivamente un salario mínimo -hoy valuado en $51.200- aun así les falta un 15% para pagar la canasta básica.
Pero, sobre todo, el fenómeno que señalan los analistas para explicar por qué sigue alta la pobreza y sube la indigencia a pesar de que crezca el empleo es la elevada informalidad, donde hay menos mecanismos de protección ante la inflación. Es un dato que intensificó el debate sobre los problemas estructurales de la economía argentina y la necesidad de reformas en su sistema de seguridad social y su marco regulatorio del trabajo.
Según la consultora LCG, en la última medición trimestral de empleo, un 22% de los 665.000 nuevos puestos de trabajo quedaron al margen de la economía formal. Y advierte que la "brecha de ingresos" entre el 10% más rico de la población y el 10% más pobre -actualmente es de 15,3 veces- podría revertir su tendencia a la baja por el repunte inflacionario.
Lo cierto es que hoy nadie en el Gobierno se anima a repetir el pronóstico que en marzo pasado había hecho el ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en el sentido de que el país sacaría de la pobreza a un millón de personas cada año. Ese pronóstico fue hecho en la presentación del plan Argentina Productiva 2030, un programa con metas ambiciosas de incremento productivo -por ejemplo, aumentar un 120% las exportaciones y crear 100.000 nuevas empresas- cuyo objetivo principal es crear dos millones de empleos.
Pero hace un semestre todavía se podían esgrimir motivos para el optimismo: a fin de cuentas, la economía se recuperaba a una velocidad acelerada y hasta había signos positivos en el consumo. En cambio, hoy los industriales advierten sobre el riesgo de un freno en la producción y hasta de fábricas paradas por las dificultades para importar insumos.
¿Ahora viene lo peor?
Lo más deprimente de los números que acaba de publicar el Indec es que hay altas posibilidades de que todo lo que venga por delante. En el segundo semestre que está transcurriendo la inflación subió un nuevo escalón para ubicarse por encima del 6% mensual.
"El dato de pobreza es una foto vieja. La aceleración fuerte de la inflación se dio en julio", advierte la economista Milagros Gismondi, que formó parte del equipo de Hernán Lacunza.
Lo cierto es que el consumo se sigue resintiendo ante el aumento de los productos alimenticios, como quedó reflejado en el impactante dato de la consultora Focus, que en agosto midió una caída de 7,3%.
Para colmo, a diferencia de lo ocurrido en el primer semestre, los indicadores de la actividad económica dan señales inequívocas de enfriamiento, mientras los industriales siguen advirtiendo por el riesgo de paralización de la actividad ante las dificultades para abastecerse de insumos importados.
Las consultoras económicas apuntan que si el año terminará con una suba del PBI -probablemente en torno de 4%- será gracias al efecto del "arrastre estadístico" que provocó la mejora del año pasado, pero que la perspectiva de una recesión es clara. En su último informe, la consultora LCG estimó que hacia diciembre, la variación interanual de actividad arrojará una caída de 1%.
En ese marco, tanto el empleo como el consumo tienen bajas probabilidades de mejorar los registros del primer semestre. Y un dato clave a tener en cuenta: las estadísticas todavía no reflejan el impacto que tendrá la suba tarifaria sobre los hogares de clase media baja.
Con ese escenario, los analistas tienden a creer que las próximas mediciones arrojarán un empeoramiento en los niveles de pobreza e indigencia.
"Los ingresos laborales reales caerían producto de la aceleración inflacionaria; la expectativa para la actividad/empleo no es favorable; y las prestaciones sociales -compuesto por planes sociales, AUH, pensiones no contributivas, Prestaciones de PAMI, y otros- difícilmente puedan revertir estas tendencias en un contexto de ajuste fiscal para tratar de cumplir la meta fiscal pactada con el FMI", señala un reporte de la consultora Equilibra.
Y algunos analistas se animan a proyectar las cifras del deterioro. Como Damián Di Pace, que elabora una canasta de alimentos y servicios para un hogar de clase media y prevé para marzo 2023 un encarecimiento de 55% respecto del nivel actual de $245.928.
Consecuencias en el debate político
En el plano político, el nuevo dato de pobreza dio pie para las consabidas críticas y chicanas por parte de políticos opositores y economistas críticos de la gestión gubernamental. Pero acaso el fenómeno más llamativo es que dentro de la propia coalición se está generando una ola crítica, sobre todo en los sectores afines al kirchnerismo, que ve con preocupación cómo la izquierda va tomando protagonismo en la agenda social, en detrimento del peronismo.
Desde hace meses hay una discusión interna respecto de la política de ingresos: el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, apoyado por la cúpula de la CGT, se oponen a la iniciativa kirchnerista de dar aumentos salariales generales de suma fija, por decreto. Y ese debate levantó temperatura en las últimas semanas, de la mano de la ola de conflictividad sindical.
La visión del kirchnerismo es que el Gobierno no debe seguir convalidando la situación de empresas que presentan balances con fuertes subas en sus márgenes de rentabilidad, al mismo tiempo que el salario pierde poder adquisitivo.
La postura de Moroni es que el esquema de paritarias funciona bien y está protegiendo al salario frente a la inflación, pero en la vereda kirchnerista está creciendo el descontento. El conflicto del neumático puede ser un punto de inflexión en ese sentido, porque está reabriendo el debate sobre si el plan económico de Sergio Massa esconde la estrategia de usar al salario como "ancla" de la inflación.
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Por lo pronto, mientras el ministro presentaba su proyecto de presupuesto 2023 en el Congreso, en las protestas de los últimos días se escucharon críticas hacia el "plan de ajuste" del Gobierno.