Crisis del neumático pone en alerta al kirchnerismo y abre fisura interna: ¿Massa impulsará un "ancla salarial"?
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"Nos preocupa muchísimo". La frase del secretario de Industria, José de Mendiguren, respecto de la crisis generada por la huelga conflicto del neumático, se transformó en un chiste instantáneo en las redes sociales: desde un lado lo interpretaron como una confesión tácita de la impotencia gubernamental para hacer frente a la ola conflictiva, del otro lado como una toma de posición en favor de la empresa. Y, de todos lados, como un punto de inflexión que pone en riesgo el "modelo Massa".
Lo cierto es que la paralización en la industria del neumático -y su efecto en cascada hacia las fábricas automotrices y sus proveedores- ha excedido por completo los límites de un conflicto sectorial y se transformó en un grave tema político. Por lo pronto, se insinúa el agravamiento de la fisura interna en el Gobierno y renovó los reclamos para que se decrete una mejora salarial generalizada por decreto, una medida a la que Massa se ha opuesto.
Para empezar, el conflicto del neumático supuso un enésimo recordatorio sobre los estragos de la inflación sobre el salario -en contra del discurso oficial del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que sostiene que el sistema de paritarias ha impedido que se perdiera poder adquisitivo.
El precio de los neumáticos aumentó 80% en un año, de acuerdo con un informe de la consultora Claves, y el sector ya desde el año pasado viene quejándose de sus dificultades por encarecimiento de insumos.
El Gobierno se enfrenta a una disyuntiva entre apoyar a un sindicato hace un pedido de revisión salarial ante la aceleración inflacionaria o a una empresa que advierte que si hiciera lugar al reclamo tendría que inevitablemente hacer un traslado a precios y además vería afectada su capacidad exportadora.
El conflicto resume, en definitiva, las contradicciones de la economía argentina: un modelo que ya acusa señales de enfriamiento -como quedó en claro en la reciente medición del índice EMAE de julio-, una industria que llegó al límite por la necesidad de contar con divisas y salarios cada vez más atrasados frente a los precios -algo de lo que dio cuenta el desplome de 7,3% en el consumo que midió en agosto la consultora Focus Market-.
La argumentación de De Mendiguren sobre que los trabajadores del neumático están entre los mejor pagos de la industria tuvo el efecto político opuesto al que pretendía el Gobierno: generó malestar en la interna del Frente de Todos y debilitó más la mala imagen de la CGT más cercana al oficialismo. Pero, sobre todo, pareció una admisión expresa de algo que el Gobierno nunca había aceptado públicamente: que en la nueva etapa el salario será el ancla contra la inflación.
Sueldos: la sospecha del "ancla salarial"
Tras su gira con Estados Unidos, donde se reunió con el Fondo Monetario Internacional, y tras la presentación del presupuesto 2023, el modelo de Massa evidenció con claridad cambios respecto de la "etapa Guzmán". Especialmente, por la aceleración en el deslizamiento del dólar y por el decidido avance en el recorte de los subsidios a las tarifas energéticas.
De esa manera, el ministro asumió un modelo en el que se soltarían las tradicionales "anclas" de los precios, al tiempo que el combate a la inflación pasaría a estar centrado en la contracción fiscal y monetaria.
Pero el mensaje del presupuesto 2023 trajo, además, otras pistas. Massa proyectó una inflación del 60%, una cifra poco creíble, que contrasta fuertemente con el 84% que prevén los economistas en la encuesta REM del Banco Central. Y, como demostración de que en su plan hay una recuperación salarial, incluyó un 76,7% de aumento en la masa salarial del Estado, lo que implicaría una mejora en términos reales, siempre y cuando efectivamente ocurra la inflación prevista por el ministro.
En ese punto, el presupuesto de Massa sí se pareció a los que enviaba Guzmán: se subestimaba la inflación y se pedía a los sindicatos que tomaran esa cifra como referencia para negociar las paritarias. Luego, cuando se hacía evidente que el IPC marcaría un registro superior al proyectado, se habilitaban retoques, pero la mayoría de los gremios terminaba con una pérdida en sus salarios promedio, incluso aquellos que empardaban la inflación "entre puntas" del período de convenio.
En los últimos días, con el ruido de fondo del conflicto del neumático y con una perspectiva de inflación para septiembre que otra vez se acerca al 7%, fue en la propia interna gubernamental que se volvió a escuchar la advertencia de que se recurrirá a un "ancla salarial".
En el kirchnerismo hay un fuerte enojo con el sector "blando" del Gobierno. El síntoma más claro es la fisura entre los dirigentes sindicales de línea más combativa, liderada por el camionero Pablo Moyano, y "los gordos" conducidos por Héctor Daer.
Lo que se percibe con preocupación en el kirchnerismo es el avance del protagonismo de "los troskos" en el ámbito sindical, que están desplazando al peronismo como referente de la lucha por la recuperación salarial. Y se escuchan los reclamos por una clara toma de posición en favor del sindicato en el conflicto del neumático.
En definitiva, es la línea que ha liderado Cristina Kirchner, quien siempre rompió los "techos" que había marcado el ex ministro Guzmán, ya fuera mediante aumentos a los empleados del Congreso o mediante apoyos públicos a gremios que traspasaban la referencia salarial oficial, como ocurrió a comienzos de años con la negociación de los bancarios.
La extraña "amenaza" de Massa
Pero, lejos de esa expectativa del kirchnerismo, la postura del Gobierno se aproxima más a la que han mostrado los directivos de Juntos por el Cambio, que expresaron su solidaridad con las empresas ante lo que interpretan como "una extorsión".
Después de una reunión con empresas del sector automotor, el ministro Massa anunció que se habilitaría la importación de neumáticos, como forma de impedir que se afecte a industrias conexas. Y dejó una frase elocuente: "No podemos ser rehenes de caprichos y que un grupo muy chiquito ponga en riesgo 150 mil empleos", afirmó.
Es una posición que pone en cuestión la representatividad del sector sindical liderado por Alejandro Crespo, vinculado al Partido Obrero. La frase implica, además, un guiño a "los gordos" de la CGT, que en una reunión en Olivos con el propio Alberto Fernández habían reclamado "más firmeza" ante la postura radicalizada del sindicato del neumático, que antepone "un planteo ideológico por encima de la cuestión salarial y laboral".
También, tácitamente, la frase del ministro supone un alineamiento con la postura empresaria, que ofreció un 66% de actualización salarial y rechaza el planteo sindical de pagar por triplicado las horas extras de los fines de semana.
Pero lo más llamativo es que la forma que ve Massa para apoyar a la CGT oficialista y a la empresa es la "amenaza" de la apertura de la importación: es justamente el régimen comercial proteccionista el que garantiza el mercado interno a Fate, la fabricante de capitales argentinos. El anuncio, además, va en contra de la postura comercial que el Gobierno ha mantenido hasta ahora, que se basa en el freno a la importación de bienes de consumo, como forma de revertir el déficit de la balanza comercial.
La incomodidad de un Gobierno a mitad de camino
De momento, el Gobierno no logra superar la crisis y se expone a un costo político por el conflicto sindical. Desde la oposición y de las gremiales empresarias se critica su ineficacia por no haber impedido la escalada conflictiva luego de 34 reuniones en el ministerio de Trabajo. Y además, claro, se cuestiona la falta de "mano dura" en el bloqueo en la entrada de fábricas y hasta en la ocupación, por parte de Crespo, de oficinas del propio ministerio.
Mientras tanto, con un guiño del kirchnerismo, se está generalizando un clima de conflictividad, que va desde los estatales de UPCN -que piden un bono de $30.000 y un adelanto del ajuste previsto para el año próximo- hasta las organizaciones piqueteras, que una vez más llevaron a la avenida 9 de Julio su reclamo por una lista más extensa para beneficiarios del plan Potenciar Trabajo.
Y el conflicto, además, ha renovado el reclamo por una suba salarial generalizada, dictada por decreto. Es un debate interno que se está dando desde el verano pasado, cuando la inflación empezó a acelerarse.
El ministro Moroni ha sido el principal escollo para esa medida, a la que no ve necesaria ni conveniente mientras se aplique el sistema de paritarias. Coincide con la cúpula de la CGT oficial, que cree que ese tipo de aumentos por suma fija achatan la pirámide salarial y, además, resta protagonismo a la dirigencia sindical, que es la que conduce la negociación en las paritarias.
Nueva presión para el aumento de sueldos por decreto
Pero ante cada shock inflacionario o cada conflicto sindical importante, el kirchnerismo replantea que el Gobierno no puede resignarse a ser un espectador en la "puja distributiva". El principal argumento, avalado por la propia Cristina Kirchner, es que los balances de las grandes empresas industriales y comerciales refleja un aumento en las ganancias y que eso es una prueba de que los empresarios mantienen "pisada" su masa salarial al mismo tiempo que remarcan precios por encima de sus costos.
El ministro de Trabajo -a quien irónicamente apodan "Demoroni"- es quien se lleva las mayores críticas, al punto que él mismo ha bromeado públicamente respecto de las repetidas versiones sobre su renuncia. Pero ahora también Massa empieza a ser blanco de cuestionamientos.
De hecho, la mayoría de los conflictos apuntan contra "la política de ajuste". Como el de los piqueteros, que al no recibir una respuesta por parte del ministerio de Desarrollo Social plantearon un nuevo acampe masivo. Y Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero -que en los últimos días apoyó públicamente al gremio del neumático- pidió la presencia de los sindicatos en demostración de solidaridad.
Para el kirchnerismo, asistir pasivamente a esa situación significa ni más ni menos que avalar la co-autoría del "ajuste" que lidera Massa y, además, regalarle a la izquierda el espacio de "defensa de los intereses populares".
Como acompañamiento de fondo, el Gobierno se prepara para otro duro golpe anímico: la difusión de las cifras de pobreza e indigencia, que aunque reflejen una mejora marginal, tienen garantizado un empeoramiento para el semestre siguiente.
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Ese es, en definitiva, el síntoma político que quedó a la vista con el conflicto del neumático: la fisura interna, por ahora limitada a la política salarial, amenaza con crecer hasta, eventualmente, oponerse de plano al modelo de Massa.