Guzmán contraataca y deja dudas sobre si habrá dólares para la deuda privada
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Martín Guzmán decidió abandonar su característico estilo "zen" y empezó a responder las críticas. Ya el año pasado, tras el fracaso electoral del oficialismo, le había contestado a Cristina Kirchner que se equivocaba con su afirmación de que había un ajuste del gasto público, y ahora decidió dejar en claro que no es culpa suya la salida de dólares por el rubro de pago de deudas empresariales.
El tema pasó al centro del debate en la interna gubernamental cuando la vicepresidente, en su comentado discurso de Chaco, cuestionó el hecho de que el "modelo" elegido por Alberto Fernández y su ministro de economía -al que ella caracterizó como "de exportación y salarios bajos"- no estaba logrando cumplir con el único rasgo positivo que ella veía en esa política. Es decir, la acumulación de reservas en el Banco Central.
Esta vez, el ministro mostró una inesperada coincidencia con el diagnóstico de Cristina. No sólo se mostró preocupado por la salida de divisas que implica el pago de deudas privadas, sino que planteó que ese sacrificio de reservas era lo que estaba permitiendo que grandes empresas argentinas puedan exhibir ahora "un balance más limpio". Pero dejó en claro que la situación actual no es culpa suya, porque él desde hace dos años ha defendido, en soledad, la idea de que las empresas con deudas no pueden acceder al dólar al tipo de cambio oficial.
Tras un primer cuatrimestre en el que el campo liquidó más de u$s11.000 millones por exportaciones agrícolas, el Central siguió con dificultades: en mayo, el mejor mes de ingreso de divisas, apenas pudo comprar un promedio diario de u$s49 millones. A primera vista puede parecer un buen número, pero está lejos del objetivo de u$s130 millones que, según estiman las principales consultoras, debe adquirir diariamente para no incumplir el compromiso adquirido ante el Fondo Monetario Internacional.
En el debate interno del Frente de Todos, la situación se torna más irritante cuando se contrasta este hecho con la previsión de exportaciones récord por u$s85.000 millones para este año, una cifra que supera en 9% el ingreso del 2021 y que, en un primer momento, hacía parecer como un objetivo fácil el crecimiento de u$s5.800 millones en las reservas que pedía el FMI.
Según Cristina, la culpa de que no se pueda acumular reservas en el Banco Central es de "funcionarios que no funcionan". Más específicamente, de Miguel Pesce, por no ser más restrictivo a la hora de habilitar el acceso a las empresas privadas para que paguen sus deudas dolarizadas.
¿De cuántos dólares, exactamente, está hablando Cristina? En el informe cambiario del Banco Central, durante 2021, el rubro del déficit del sector privado no financiero -es decir, las empresas industriales y comerciales- marcó un déficit de u$s5,132 millones, un promedio de u$s427 millones por mes. Y, en marzo pasado, cuando ya se sintió en el balance el ingreso del refuerzo aportado por el FMI a las reservas, ese rubro tuvo un déficit de u$s586 millones, de los cuales u$s252 millones correspondieron al saldo de deudas mientras que u$s314 se explican por el pago de tarjetas de crédito con proveedores del exterior.
Sin embargo, desde el Central se aclaró que la salida de divisas por deuda financiera es menor, dado que los préstamos hechos por bancos locales, aun cuando estén nominados en dólares, son convertidos a pesos, lo que hace que tengan un efecto neutro sobre las reservas. El BCRA sostiene que la salida de divisas por el concepto de deuda privada fue u$s6.180 en total desde que se aprobó la nueva normativa en 2020 y que, gracias a esa regulación, se logró un ahorro en la demanda de divisas.
Guzmán no quería dólares baratos para las empresas
Y curiosamente, es un punto en el que el criticado ministro de Economía, parece coincidir con la vicepresidente. En una reciente entrevista en C5N, reconoció que cuando en 2020 se discutió la forma de abordar el problema del endeudamiento privado, él propuso una fórmula diferente, que no fue aprobada.
Guzmán recordó que en aquel momento "las propuestas no se discutían tan en público como ahora, había una que consistía en que hubiera mercados cambiarios diferentes para el pago de esas deudas para evitar el impacto en las reservas, pero se decidió ir por el camino que está vigente ahora".
En otras palabras, el ministro reconoció que él quería venderles a los empresarios endeudados un dólar más caro que el oficial, pero se impuso la visión de Pesce, que consistió en una reestructuración para las empresas que tuvieran vencimientos mayores a u$s1 millón mensual. La medida imponía un tope de 40% para cancelar, mientras el restante 60% se refinanciaba a un plazo promedio de dos años.
Luego Guzmán volvió sobre el tema en declaraciones a AM 750, cuando dijo que la propuesta del Central no terminaba de resolver el problema que se generaría con las reservas: "Pese a eso era tan grande el problema que hubo mucha salida de dólares. Sabíamos que iban a tomar esa deuda y que las empresas se iban a capitalizar para más capacidad productiva a costa de menos reservas. Se decidió ir por ahí", dijo, no sin cierto dejo de acusación velada a quienes hoy lo critican.
Lo cierto es que, en aquel momento, el ministro quedó solo en su postura, ante la mayoría de los funcionarios del equipo económico, empezando por la conducción del Banco Central.
El objetivo declarado entonces por Pesce era el "desendeudamiento" gradual del sector privado, algo que se ha reflejado en la reducción de los pagos netos. Al día de hoy, se sostiene que esa fue una decisión beneficiosa para las arcas del Central: una reciente comunicación institucional afirma que gracias a esa política se pudo reducir pagos por un monto de u$s2.900 millones desde que en 2020 se produjo el refuerzo del cepo cambiario.
Y, en sentido contrario al que reclama Cristina Kirchner, Pesce ahora está planteando una flexibilización del "cepo corporativo" en la medida en que la proyección de exportaciones siga aumentando.
Así, a inicios del año pasado se subió a u$s2 millones el techo de los vencimientos que obligaba a esta reprogramación de deuda para las empresas. Además, permitió a los exportadores el uso de las divisas para cancelar capital e intereses de deudas reestructuradas.
Pesce se mostró confiado en que, tras el acuerdo con el FMI, las empresas podrían mejorar su acceso al crédito en el exterior, de manera de volver a la relación histórica de 75% prestado contra 25% de capital propio. Actualmente esa relación está en 40% contra 60%.
Balances limpios, ¿reservas que caen?
Pero la polémica interna llevó al planteo de si el hecho de que las empresas estén bajando su nivel de endeudamiento es necesariamente un hecho positivo. Puesto en palabras del propio Guzmán: "Por un lado implicó capitalización de las empresas, tienen hojas de balance más limpias, eso tiene un efecto para la producción para el futuro en Argentina, pero también tuvo un impacto en la capacidad de acumular reservas".
Y, de hecho, un tema que agitó la discusión dentro de la coalición gubernamental fue la publicación de balances de grandes empresas, como Arcor y Molinos, donde se registraba un fuerte incremento de las ganancias, pero que no obedecían a una mejor performance en el mercado interno, sino a una "licuación" de las deudas en dólares, provocadas por el retraso cambiario. Las empresas se beneficiaron por el hecho de que entraron más pesos a su caja -producto de la inflación de 51%- pero necesitaron menos pesos para saldar sus deudas dolarizadas -dado que el dólar el año pasado apenas subió 20%-.
Esa afirmación de Guzmán va en línea con su planteo sobre las "ganancias inesperadas": hubo una mejora en los balances -y, en algunos casos, repartos de dividendos- no como parte de una buena performance comercial sino de un alivio financiero por motivos externos a la empresa.
Ese tema fue señalado desde el kirchnerismo como una prueba de que el Gobierno debería adoptar medidas compensatorias. No por casualidad, el propio Guzmán, al hablar sobre el nuevo impuesto con los empresarios, les dejó en claro que habría exenciones para quienes reinvirtieran esas ganancias inesperadas.
Aun así, la propia Cristina Kirchner ya insinuó que la "solución Guzmán" no le parece suficiente para la gravedad de la situación de las reservas del BCRA. Su planteo es que si una empresa argentina consigue crédito dolarizado en el exterior, es altamente probable que los bancos hayan pedido como garantía activos que no estén radicados en Argentina o ingresos por actividades fuera del país.
En consecuencia, ha insinuado con claridad que esas grandes firmas están en condiciones de saldar sus obligaciones sin depender necesariamente de las divisas que aporte el BCRA.
Las empresas buscan un canje post 2023
Por lo pronto, con ese escenario de escasez de divisas y un gobierno preocupado por las reservas, las empresas ya se resignan a que el acceso restringido a las divisas para pagar deudas será la tónica hasta el final de la gestión Fernández.
El Banco Central dejó filtrar que, aunque todavía no se decidió formalmente, habrá una extensión de la medida temporaria que forzaba a las compañías a reestructurar el 60% de su deuda dolarizada. Es por ese motivo que en las gerencias financieras del mundo corporativo están tomando medidas al respecto, de modo de posponer los vencimientos que se produzcan antes del recambio gubernamental.
Los últimos meses han mostrado una seguidilla de propuestas de grandes empresas para refinanciar sus deudas. Por ejemplo, Telecom, que el verano pasado consiguió créditos para refinanciar deudas por un total de u$s350 millones. Entre las entidades que otorgaron los créditos figuran el banco JP Morgan Chase.
En el rubro agropecuario, un ejemplo de esta tendencia a la refinanciación fue la del grupo Los Grobo, que logró "patear" sus vencimientos de u$s50 millones hasta 2025, gracias a un acuerdo alcanzado con la institución holandesa Promontoria Holding para reprogramar el calendario de amortización de capital y pago de tasas.
También se sumaron a esta lista empresas de servicios públicos, entre las que destacan Edenor, Edesur y Metrogas. Es un rubro que está entre los más impactados financieramente, porque además de la recesión del 2020 y los problemas de acceso a divisas, sufren el retraso en la actualización de las tarifas, lo cual las lleva a balances en rojo.
Estas empresas incrementaron su exposición al endeudamiento como forma de hacer frente a los atrasos en el pago a sus proveedores. Es en ese marco que inició un proceso de negociación para saldar impagos que se arrastran desde el 2020. Además, Metrogas inició una renegociación de su deuda bancaria con un grupo de bancos liderado por el ICBC: además del nuevo cronograma de vencimientos, busca una reducción en el costo por intereses.
Edenor, que mantiene deudas con la mayorista Cammesa y que en enero quedó en el ojo de la tormenta por los masivos apagones, está también en proceso de refinanciación de la deuda financiera. Informó recientemente un canje de bonos por u$s52 millones con vencimiento a fin de año.
En la misma tónica se está moviendo IRSA, el gigante del sector inmobiliario y centros comerciales, que intercambió títulos pagaderos en 2023 por nuevos bonos dolarizados con vencimiento en 2028. Y propuestas en el mismo sentido anunciaron Pampa Energía y la agrícola Cresud.
Incluso empresas estatales ya prevén también la necesidad de un canje para oxigenar su cronograma financiero, como es el caso de Aysa, que tiene para comienzos del año próximo un vencimiento por u$s500 millones.
En definitiva, la polémica a nivel político recién empezó, pero las empresas ya tienen asumido que su acceso a los dólares para pagar deudas está lejos de normalizarse. Más bien al contrario, perciben todos los síntomas de un cierre más duro.