Consejo de la Magistratura: hay riesgos de paralización, pese a que la reforma avanza en el Senado
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La reforma del Consejo de la Magistratura propuesta por el Gobierno se encamina a ser aprobada por el Senado este jueves, pero el plazo que dispuso la Corte Suprema para modificar este organismo clave en la selección y remoción de los jueces no se cumpliría y la pelea entre el oficialismo y el máximo tribunal pone en riesgo su funcionamiento en el corto plazo.
El proyecto tiene que pasar a la Cámara de Diputados, donde el Frente de Todos todavía no tiene los votos suficientes y Juntos por el Cambio lo rechaza, razón por la cual la aprobación de una nueva ley antes del 15 de abril -cuando terminan los 120 días que dio la Corte- "está muy difícil", según coincidieron fuentes del oficialismo y la oposición consultadas por iProfesional.
De acuerdo al fallo del máximo tribunal que preside Horacio Rosatti las decisiones del Consejo de la Magistratura serán nulas después de esa fecha y, hasta que haya una nueva ley, el organismo compuesto por 13 miembros tiene que volver a la integración que tuvo hasta 2006, con 20 integrantes y para ello, el Congreso debe sumar a dos nuevos representantes a los seis que ya tiene.
Sin embargo, mientras que el estamento de los abogados y el de los jueces avanzan con la elección de sus nuevos consejeros, la Cámara de Diputados y el Senado tienen en pausa ese trámite, que depende de que Sergio Massa y Cristina Kirchner firmen una resolución conjunta. Si ello no ocurre antes del 15 de abril, el Consejo podría paralizarse.
En ese contexto, los consejeros analizan dictar un reglamento de emergencia para poder seguir funcionando sin la integración completa de 20 miembros, según supo iProfesional de fuentes del organismo.
Por su parte, la nueva consejera elegida por los abogados Jimena de la Torre (cercana a Juntos por el Cambio) adelantó que Rosatti asumiría la presidencia del organismo (de acuerdo a la antigua composición del Consejo) y, con quórum, podrían funcionar sin esperar a la decisión del Congreso.
El Consejo de la Magistratura y la disputa con la Gobierno-Corte
La posibilidad de que el Congreso no designe nuevos consejeros podría abrir un conflicto institucional que profundizaría la pelea entre la Corte Suprema y el Gobierno, donde el rechazo al accionar del máximo tribunal supera a la pelea entre el presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
"No podemos convalidar ese fallo, que es una aberración jurídica", deslizó una fuente del oficialismo a este medio. En el Frente de Todos cuestionan desde el año pasado la decisión de la Corte de anular la ley que regía desde 2006 al Consejo de la Magistratura (redactada por la actual vicepresidenta) y reponer una ley derogada como es la 24.937, funcionó hasta ese entonces.
En diciembre del año pasado, cuando el máximo tribunal emitió el fallo, Alberto Fernández lo calificó como "un error" con "intencionalidad política". Luego, el ministro de Justicia, Martín Soria, lo definió como "una extorsión" al Congreso y la senadora Anabel Fernández Sagasti, de La Cámpora, como algo que "roza el golpe institucional".
Además, al volver a la integración previa a 2006 el Consejo tiene que ser presidido por el presidente de la Corte, muy criticado por los distintos sectores del Frente de Todos. Esto irrita a buena parte del oficialismo y en el ala K son varios los que consideran que designar nuevos miembros mientras se trata la reforma que propuso el Gobierno (que lleva la cantidad de miembros a 17) convalidaría un fallo que consideran ilegítimo.
Días atrás, el jefe del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, consideró que después del 15 de abril, Rosatti debería "sentarse a presidir el Consejo" y notificar formalmente a Cristina Kirchner y a Massa para que firmen la resolución y designen a un senador de la segunda minoría y a un diputado de la segunda minoría.
Si se negaran, opinó Negri, "sería una escándalo institucional" porque estarían desoyendo el fallo de la Corte Suprema. En el Frente de Todos, por el momento, mantienen el suspenso y el panorama para el organismo clave del Poder Judicial es incierto.
La otro pelea política: ¿quiénes deberían sumarse al Consejo?
La otra disputa política detrás del entuerto que supone la reforma del Consejo de la Magistratura es por los bloques a los que corresponderían los dos lugares vacantes. Aquí se da una discusión entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.
En el kirchnerismo sostienen que deben ser para las terceras fuerzas de cada Cámara, pero en Juntos por el Cambio remarcan que la ley "vieja" del Consejo de la Magistratura habla específicamente de "bloques" y afirman que, en ese sentido, deberían entrar un diputado de la UCR y un senador del PRO.
Fuentes de la bancada opositora subrayaron que en la Cámara de Diputados el bloque de la UCR es el que le sigue al Frente de Todos y al PRO en cantidad de miembros (33), mientras que en el Senado el PRO (9) está detrás del Frente de Todos y de la UCR, que ya tienen representantes en el Consejo.
En ese contexto, el oficialismo corre el riesgo de quedar en minoría dentro del organismo ante la oposición y los consejeros alineados con su espacio. De hecho, en la elección de consejeros que realizaron los abogados se impuso Jimena de la Torre, apoyada por Juntos por el Cambio.
A ello se le sumaría la presidencia del cuerpo en manos de Rosatti, y la posición del oficialismo mientras no logre sancionar la ley enviada por el Gobierno sería incómoda dentro del Consejo por donde se la mire.
Qué dice la reforma del Consejo de la Magistratura que presentó el Gobierno
Desde 2006, el Consejo estuvo integrado por tres jueces; seis legisladores (tres senadores y tres diputados, correspondiendo dos a la mayoría y uno a la primera minoría); dos representantes de los abogados; un representante del Poder Ejecutivo y un representante del ámbito académico y científico. En su fallo de diciembre pasado, la Corte consideró que esta integración no respetó el equilibrio entre los estamentos.
El proyecto del Gobierno propone llevar la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura de 13 a 17 al sumar un juez, dos abogados y un representante académico. Contempla también la cuestión de género, de modo tal que al menos la mitad de los cargos deberán ser ocupados por mujeres.
Para lograr la mayoría en el Senado, el oficialismo hizo modificaciones a la iniciativa original a pedido del rionegrino Alberto Weretilneck. A partir de esos cambios, se sumarían "cuatro consejeros ad hoc y ad honorem en representación del Senado" y por las cuatro regiones del país (AMBA, Norte, Centro y Sur).
Estos cuatro consejeros no podrán participar del proceso de selección de los candidatos a jueces (que son enviados en ternas al Poder Ejecutivo) pero sí opinar sobre los aspirantes de cada región.
La iniciativa deberá ser tratada por la Cámara de Diputados, donde hasta el momento la agenda está tomada por la reforma de la Ley de Alquileres y el Frente de Todos no reúne los votos suficientes para forzar un tratamiento exprés que le permita contar con la nueva ley antes del 15 de abril.