Los cambios a la Ley de Alquileres, cerca de definirse: los proyectos más importantes y los reclamos del sector
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Con el fin de alcanzar un consenso para modificar la polémica Ley de Alquileres, la Cámara de Diputados estableció un cronograma según el cual a principios de mayo se votarían los cambios que reclaman distintos actores del sector frente a la crisis que afecta a propietarios e inquilinos.
En el marco del acuerdo al que arribaron el Frente de Todos y Juntos por el Cambio la semana pasada para buscar mejoras a la Ley 27.551, la Comisión de Legislación General se reunió este martes para elegir a sus autoridades y definió iniciar el debate sobre el tema el 12 de abril con la participación de entidades del interior del país que opinarán sobre la situación en torno a las locaciones para vivienda.
La agenda que se acordó luego de la elección de Cecilia Moreau (Frente de Todos) como presidenta y de Carla Carrizo (Juntos por el Cambio) como vice continuará el 19 y 20 de abril, con representantes de inmobiliarias, propietarios e inquilinos, mientras que los días 26 y 27 del mismo mes se llevará a cabo el debate entre diputados para firmar uno o varios dictámenes.
Por esa razón, quedaría para la primera semana de mayo la votación del nuevo proyecto que modificará la controvertida ley y, en caso de ser aprobado, será girado al Senado. De esta manera el oficialismo y la oposición pretenden cumplir con el plazo de 30 días que ellos mismos se fijaron para arribar a un consenso.
La búsqueda de un gran acuerdo para modificar la Ley de Alquileres es casi obligada porque ninguno de los dos sectores reúne por sí solo la mayoría suficiente y tanto las inmobiliarias, como los propietarios e inquilinos insisten en la urgencia de hacer cambios. En ese contexto, la principal coincidencia hasta el momento está en las dificultades que generaron dos artículos en particular: el que extendió los contratos de alquiler de dos a tres años y el que estableció un ajuste anual determinado por una fórmula que combina los índices de inflación (IPC) y de variación salarial (RIPTE).
"El objetivo es intentar en 30 días acercarnos a un dictamen que contemple las modificaciones necesarias a la ley, la cual todos acompañamos pero que evidentemente tiene requerimientos muy importantes", sostuvo Moreau durante la reunión, en alusión a los problemas que generó para todas las partes involucradas.
Ley de Alquileres: ¿qué proyectos hay rumbo a la definición de mayo?
En la Cámara de Diputados ya fueron presentados una veintena de proyectos que apuntan a derogar, modificar o suspender la ley o parte de ella. El oficialista Frente de Todos tiene al menos dos iniciativas sobre el tema y Juntos por el Cambio alrededor de cuatro, contando solo las más importantes.
El diputado del Frente de Todos José Luis Gioja presentó un proyecto que mantiene la fórmula de ajuste indexado pero con topes. En este sentido, establece un límite del 10% adicional al que corresponda con el ajuste anual previsto por la ley en los casos de renovación del contrato y del 20% adicional para el precio inicial del alquiler, al tiempo que estipula beneficios impositivos para quienes registren los contratos en la AFIP y de locación para monotributistas.
Pero además, esta iniciativa abre la puerta a la posible creación de un impuesto a la vivienda ociosa, al encargar al Consejo Nacional de la Vivienda la elaboración de "un modelo de proyecto de ley para gravar en provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles que podrían destinarse a la vivienda y que se encuentran deshabitados".
Por su parte, la diputada del Frente de Todos Gisela Marziotta presentó otro proyecto que plantea la creación de una Cámara Nacional de Alquileres con la facultad de fijar precios máximos de los contratos de locación para la vivienda y establecer un nuevo índice de ajuste anual, a la vez que propone suspender los aumentos previstos hasta la sanción de la nueva ley.
Desde Juntos por el Cambio, los diputados del PRO Cristian Ritondo y Álvaro González presentaron un proyecto que propone volver a los contratos de dos años y que "el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre los cuales pueden realizarse ajustes pactados de común acuerdo entre las partes".
En un sentido similar, Alberto Asseff (PRO) impulsa una iniciativa que, según explicó, apunta a la "libertad de contratación y el equilibrio de mercado" y a facilitar "la contratación y el entendimiento entre las partes", pero que además establece un proceso más rápido para los casos de desalojo, que se haría por juicio sumarísimo. En tanto, el radical Martín Tetaz propuso que los contratos de alquiler tengan una extensión de 12 meses.
Los reclamos de inmobiliarias, propietarios e inquilinos
Varias entidades del sector involucrado ya adelantaron las sugerencias que llevarán a las reuniones de la Comisión de Legislación General durante los próximos días. El último lunes, más de 30 entidades del sector inmobiliario difundieron una carta en la que se expresaron en contra de algunas de las propuestas que emergieron del oficialismo.
En la misiva dirigida al presidente dela Cámara de Diputados, Sergio Massa, cuestionaron la posible creación de un impuesto a inmuebles ociosos y consideraron que establecer topes en los valores "profundizaría el retiro de una mayor cantidad de unidades del mercado y desincentivaría la inversión inmobiliaria".
Previamente, la Federación Inmobiliaria Argentina participó de una reunión con diputados de Juntos por el Cambio en la que advirtió que los cambios más urgentes a su criterio tienen que ver con "los plazos de la ley actual". Al respecto, pidieron derogar "el artículo del plazo de tres años, que generó la elevación de los precios" y el que estableció a los ajustes anuales indexados, debido a que es "muy difícil planificar porque la inflación es alta".
En tanto, la Asociación de Defensa del Consumidor e Inquilino coincidió en el pedido de derogar esos dos artículos para "dar confianza y previsibilidad", al tiempo que remarcó: "En 2015 con el Código Civil y Comercial se puso dos años (para los contratos) y en 2020 se llevó a tres años. Eso quita toda certidumbre".
En tanto, José Griselli de la Asociación Defensa del Inquilino advirtió: "Cuando se sancionó la actual legislación lo que se vio fue el aumento nocivo e inmediato de las locaciones. Por no tener libertad de negociación, por ligar los juicios de desalojo a la registración del contrato ante la AFIP. Nadie ofrece inmuebles en locación".