Retenciones: el agro mueve sus fichas en la Justicia ante las pocas chances que ofrece el Congreso
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La táctica judicial de la Mesa de Enlace para derribar los decretos presidenciales que aumentaron en dos puntos las retenciones a la exportación de aceite y harina de soja, sumó un pedido de control de constitucionalidad ante la justicia federal de Tucumán, con el objetivo de llegar a la Corte Suprema y buscar que ese máximo tribunal invalide la capacidad del Ejecutivo para fijar las retenciones luego de la caída del Presupuesto 2022, que contenía la prórroga de las facultades delegadas por el Congreso.
El planteo radicado este jueves no es un amparo, como el que fue presentado hace un mes en la localidad cordobesa de Jesús María, sino una acción declarativa de certeza de inconstitucionalidad.
Fue impulsada por la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) y demuestra que las entidades empresarias del agro buscarán reforzar la batalla jurídica ante el escaso rendimiento que podrá aportar el lobby parlamentario en el corto plazo.
De acuerdo al escrito presentado ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, es un método previsto por la Constitución Nacional y por el artículo 322 del Código Procesal Penal para pedir el control de constitucionalidad ante un hecho que genere incertidumbre sobre su legalidad.
Retenciones: el argumento de la presentación judicial de la Mesa de Enlace
El argumento disparador, de acuerdo a los denunciantes, aplica la línea interpretativa de la Mesa de Enlace sobre la ausencia de facultades del Ejecutivo para la firma del decreto 131/2022.
El control de constitucionalidad que pusieron a prueba los empresarios rurales tucumanos es una alternativa al amparo, porque ese recurso ya fue cuestionado por la Corte a fines de febrero. Ante un amparo presentado por la multinacional exportadora Cargill, el máximo tribunal consideró que no es la vía correcta para cuestionar la aplicación de las retenciones.
El planteo presentado en San Miguel de Tucumán busca superar ese obstáculo, aunque podría quedar a mitad de camino. Según le explicó al diario La Nación el vicepresidente de Apronor, Roberto Palomo, si logran que el decreto no pase el control de constitucionalidad luego presentarán un amparo y "un recurso de repetición en AFIP para que se devuelva lo retenido desde el 1° de enero de 2022″, detalló Roberto Palomo.
Retenciones: la postura del Gobierno ante la judicialización del campo
En el Gobierno estiman que esas instancias quedarán invalidas. El único camino posible es una nueva ley porque es el Congreso el que tiene la potestad de definir los derechos de exportación y sólo puede delegar esa facultad al Ejecutivo.
La clave pasaría por el Código Aduanero y reformar el capítulo referido a los derechos de exportación. La Sociedad Rural Argentina considera lo contrario y así lo detalló cuando presentó el amparo en Jesús María.
Sostiene que el cobro de retenciones "más allá del 31 de diciembre de 2021, sin que el Congreso haya prorrogado las facultades delegadas del artículo 52 de la Ley 27.541, se encuentra viciada de nulidad absoluta e insanable, y es manifiestamente inconstitucional". Para este grupo "no hay otra posible discusión interpretativa al respecto".
Los fundamentos de la Sociedad Rural
Lo asegura por cuatro razones. Primero, porque "la ley de emergencia venció el 31 de diciembre de 2020 ". En segundo lugar "porque el plazo específico fijado en dicha ley para imponer retenciones venció el 31 de diciembre de 2021, razón por la cual no pueden ir más allá de dicha fecha".
A eso, como tercer punto, suma que "la ley del presupuesto que prorrogaba esas facultades no fue aprobada por el Congreso".
Culmina con una cuarta razón: que "el Congreso dio por finalizadas en 2010 todas las prórrogas de antiguas delegaciones en el Poder Ejecutivo, como la que contenía el código aduanero, y que por muchos -incluso luego de la reforma constitucional de 1994- fueron utilizadas como base legal para justificar de las retenciones omitiendo su imprescindible sustento legal".
Con esas argumentaciones es posible que distintas filiales de la SRA (y de los demás integrantes de la Mesa de Enlace) promuevan instancias de este tipo o aguarden a la espera de la respuesta de la Cámara de Apelaciones tucumana.
Retenciones: ¿la disputa llega a la Corte?
El tribunal deberá trasladar el tema al Estado Nacional y resta saber cómo llegará la pulseada a la Corte Suprema. Para eso no hay tiempos previsibles, aunque la apuesta de las entidades es acelerar los planteos judiciales y mejorar la puntería.
Este caso se suma a la denuncia que presentó el diputado nacional Ricardo López Murphy, del monobloque Republicanos Unidos, que forma parte de JxC.
"Si traspasaban la linea roja de violar las facultades que tiene el Congreso dije que iba a haber una denuncia penal por abuso de autoridad", justificó el exministro de la Alianza que eligió hacer esa presentación en lugar de impulsar la batería jurídica que está desplegando la Mesa de Enlace.
La intensificación de los planteos ante la Justicia suceden cuando falta un mes para que se concrete el "tractorazo" que se movilizará hasta la Ciudad de Buenos Aires para exigir que no haya aumentos en los derechos de exportación. El planteo retumbó este miércoles en la Cámara de Diputados, en el raid que protagonizaron los dirigentes empresarios del agro con la mayoría de los bloques opositores.
El máximo compromiso asumido por JxC consistió en reunir los votos necesarios para voltear el decreto en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso. Ese cuerpo no está constituído ni tiene autoridades. Todavía no se sellaron los acuerdos para hacerlo.
En el caso de que se ponga en funcionamiento, la oposición debería lograr la firma de un dictamen que rechace el decreto. Después debe ser aprobado por las dos cámaras del Congreso, una instancia que asoma remota y aumenta la vía judicial, por más intrincada que aparezca.