Efecto FMI: asoma el reajuste de tarifas y se acelera el lobby de empresas de gas y electricidad
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El entendimiento con el FMI que anunció el presidente Alberto Fernández para refinanciar la deuda de 44.000 millones de dólares disparó el conteo para que las empresas distribuidoras de electricidad y gas pongan ejecuten uno de los puntos más espinosos del futuro acuerdo: la reducción progresiva de los subsidios a los servicios públicos. Desde que lo anunció, el jefe del Estado no entró en detalles sobre los aumentos que vendrán, pero en el Congreso transcurre una batalla silenciosa dentro del oficialismo que ya desembocó en la renuncia del titular del bloque del FdT, Máximo Kirchner.
El tema tarifario es sólo una de las divergencias que el ahora exjefe de la bancada oficialista tiene con el equipo que conduce el ministro de Economía, Martín Guzmán. En esa pulseada Kirchner comparte fuerzas con el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa. Ambos son muy críticos de la negociación que lleva adelante Guzmán y, tal como escribió este lunes, el diputado oriundo de Santa Cruz considera que el ministro no negoció con firmeza y vendió hacia afuera que se trató de una negociación durísima. Uno de los puntos de esa discusión son las futuras tarifas y las consecuencias políticas que tendrá su aplicación para el Frente de Todos y los dos años de mandato que el Presidente tiene por delante.
En ese escenario la relojería del reajuste tarifario ya está en desarrollo. El Gobierno prepara el nuevo modelo de segmentación tarifaria, en una ambiciosa prueba piloto que todavía no tiene fecha de lanzamiento. El secretario de Energía, Darío Martínez, dijo en el tratamiento del Presupuesto 2022 que trabajan en aplicarla este año pero hasta ahora la única señal contudente es el pedido a las empresas distribuidoras para avanzar en el empadronamiento compulsivo de los usuarios. Esos movimientos ya tienen algunos números: para la electricidad y el gas se espera un aumento anual del 20%. Para la provisión de luz la tarifa será debatida en la audiencia pública del próximo 17, pero en el caso del gas, su aumento fue analizado este lunes. Ahí surgió una ecuación que anticipa dónde impactarán las nuevas metas que se acuerden con el Fondo.
Según expusieron los funcionarios de la Secretaría de Energía en la audencia, si el Estado deja de subsidiar las tarifas de luz y gas, tendrían que aumentar entre el 94% y el 126%. En la actualidad el 70,9% del costo de producción de gas es aportado por el Estado, pero en la cartera energética advierten que para poder bajarlo al 44% el servicio tendría que subir un 35%.
Los representantes de las empresas consideran que eso es parte de un sendero más amplio y reclaman aumentos del 40 a 45%. "Las empresas distribuidoras son, en la cadena de valor de la industria del gas, las responsables últimas de garantizar la calidad, seguridad y el derecho de accesibilidad al servicio público. Para ello, debe atenderse la necesidad de mayores ingresos", reclamó Daniel Martini en la audiencia pública organizada por el ENARGAS. Es el director ejecutivo de la Asociación de Distribuidoras de Gas de la República Argentina (ADIGAS) e impulsa una ofensiva discursiva para plantear el reclamo de las empresas de todo el país que integran esa cámara. Esas firmas son Camuzzi, Ecogas, Gasnea, Gasnor, Litoral Gas, Metrogas y Naturgy BAN.
En el caso de la distribución eléctrica residencial la próxima audiencia contará con representantes de Edenor, Edesur y las empresas de transporte de energía eléctrica Transener, Transba, Distrocuyo, Transnea y Transnoa, entre otras. Sus voceros y directores reclaman reglas claras para programar los aumentos en los próximos años. En el caso de las dos privatizadas que proveen de luz al AMBA, como sucede en todo el sector, están en "modo espera" para saber cómo continuará el negocio, uno de los más cuestionados por los usuarios a partir de los cortes masivos que se registraron este verano.
La expectativa está puesta en los aumentos tarifarios de los próximos años a partir del cumplimiento del acuerdo con el Fondo para reducir los subsidios estatales. La subdirectora del Fondo, Gita Gopinath, confirmó la espera de las empresas. "Acordamos en que será importante una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva", aseguró la funcionaria
La declaración aumenta la atención de las empresas sobre el futuro tratamiento en el Congreso del acuerdo con el Fondo. Si el pacto es aprobado, el sector energético proyecta mayores dividendos a partir del incremento tarifario, aunque la atención está puesta en el modelo de segmentación que finalmente lleve adelante el Gobierno.