Kicillof, en una carrera contrareloj para anunciar ayudas económicas pre electorales
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Axel Kicillof sabe que, más allá de cuáles sean los nombres que la lapicera de Cristina Kirchner designe para las listas de candidatos que deben presentarse el sábado, el mayor peso de la responsabilidad para estas elecciones recaerá sobre sus hombros.
De las 51 bancas que pone en juego el Frente de Todos en la cámara de Diputados, 16 corresponden a legisladores electos en 2017 por la provincia de Buenos Aires. El mayor distrito electoral del país renueva 35 de los 70 escaños que le corresponden, y las esperanzas del oficialismo para sumar diputados que le permitan tener quorum propio recaen en mejorar los números de la elección en territorio bonaerense.
Y, además, está la disputa interna de la legislatura provincial: allí Kicillof espera revertir la relación de fuerzas, que hoy favorece a Juntos por el Cambio, que tiene 26 de las 46 bancas del Senado bonaerense. En esta elección, se renuevan 23 de esos espacios, y para Kicillof es vital ganar independencia de acción con una legislatura que no le ponga obstáculos en la gestión.
Pero el gobernador y sus asesores saben que el desafío no es fácil: en el conurbano es dónde más duramente pegó la pandemia, con su saga de desempleo y pérdida de poder adquisitivo; mientras que en el interior rural se exacerbó el enojo por las medidas intervencionistas.
Es por eso que, en una carrera contra reloj, Kicillof se lanzó a una seguidilla de anuncios y medidas tendientes a reconciliarlo con su electorado antes de septiembre, cuando se realicen las PASO. Sabe que de este resultado dependen muchas cosas: la fuerza con la que contará el Gobierno para impulsar proyectos hoy trabados en el Congreso, la "pole position" para el recambio presidencial en 2023 y su propio rol como "delfín" de Cristina Kirchner y potencial candidato.
En esa carrera, Kicillof tiene en claro la fórmula: primero, las vacunas, una condición sine qua non. Como demostraron las encuestas, entre los propios votantes del Frente de Todos se da un notorio cambio de actitud entre aquellos ya vacunados y los que aún esperan. Segundo, medidas económicas que efectivamente lleguen al sector de ingresos más bajos, sobre todo en el pauperizado conurbano. Hasta ahora, las medidas del Gobierno nacional se consideran insuficientes y no lograron mover la aguja del consumo.
Y tercero, un refuerzo para el "relato" que machaque en la herencia recibida de la gestión de María Eugenia Vidal.
Pero los problemas de la provincia son grandes, como lo muestran las alarmantes estadísticas de pobreza y delincuencia. Kicillof lo sabe mejor que nadie, mientras prepara su nueva oferta para refinanciar la deuda en default por u$s7.100 millones, cuyo canje ya pospuso 20 veces.
La lista de medidas pre-electorales
En la recta final a las elecciones, el gobernador se embarcó en una serie de anuncios, con el objetivo de mejorar la imagen del oficialismo en la provincia. El mayor énfasis está puesto en la economía, que como siempre será el factor que terminará por inclinar la balanza:
* Con los gremios de estatales, un anuncio de adelanto en los ajustes salariales previstos. Una medida que implica un gran esfuerzo presupuestario, si se tiene en cuenta que el gasto en personal equivale al 51% de los ingresos provinciales.
Concretamente, Kicillof anunció que la cuota de 8% que estaba prevista para septiembre se adelantó para el salario de julio, "dada la situación" de la inflación galopante.
El objetivo, espera el gobernador, es descomprimir en el corto plazo una situación potencialmente conflictiva con los gremios de estatales, judiciales, trabajadores de la salud y docentes, que venían dando señales de disconformidad.
* La agencia recaudatoria ARBA benefició a un millón de monotributistas al excluirlos de los regímenes de retenciones y percepciones, lo que implica que dejarán de pagar adelantos vinculados al Impuesto a los Ingresos Brutos.
La medida tendrá impacto sobre autónomos, cuentapropistas, pequeños comercios y microempresas, que están entre los rubros más castigados por la crisis económica. Ahora no se les aplicarán retenciones sobre movimientos en cuentas bancarias u operaciones con tarjetas de crédito, así como tampoco percepciones cuando realicen una compra a sus proveedores.
El beneficio se aplicará durante cinco meses, no sorprendentemente en coincidencia con la fase caliente del calendario electoral. Cristian Girard, el director de ARBA, señaló que el beneficio "se suma al conjunto de medidas extraordinarias que dispuso el gobernador Axel Kicillof para acompañar a las y los contribuyentes desde el inicio de la pandemia y favorecer la recuperación productiva".
* Kicillof, que el año pasado sufrió en carne propia la crisis por la falta de vivienda, con la recordada toma de terrenos en Guernica y otras localidades del conurbano, sabe que los anuncios vinculados a la construcción tocan una fibra sensible.
En esa línea, se propuso sacarle jugo a la ayuda del Gobierno nacional para utilizar la vivienda como factor de reactivación económica. En un acto junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, entregó créditos del programa Casa Propia.
Según el ministro, el plan implica la concreción de 8.900 créditos para la construcción en la provincia, sobre un total nacional de 44.000, a un costo de $355 millones. Son cifras todavía modestas para un diagnóstico de déficit habitacional estimado en tres millones de viviendas, pero el anuncio tiene un innegable impacto político.
"Hemos venido a restablecer la planificación del Estado con políticas de crédito, acceso al suelo y desarrollo de infraestructura social básica; retomamos la vocación que va a permitir la urbanización del conurbano bonaerense y del interior de la provincia", expresó Kicillof en el acto realizado en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno bonaerense.
* La obra pública, un infaltable de las campañas, estuvo presente en el anuncio de un plan de infraestructura, para el cual Kicillof tendrá también el apoyo financiero del Gobierno nacional.
La semana pasada, junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, inauguró instalaciones cloacales en el distrito de Lincoln y anunció la inversión de $1.800 millones para un plan provincial.
Y fue un anuncio que para Kicillof tuvo un gusto particular, porque le permitió renovar las críticas a la gestión Vidal: se trataba de una planta de tratamiento de líquidos cloacales que estaba paralizada por falta de pago y que se reinició a fines del año pasado, después de que la Provincia regularizara la deuda.
"Después de una época en la que se abandonaban las obras porque las había empezado el gobierno anterior, nosotros hemos venido a terminar las que estaban paralizadas", chicaneó el gobernador.
* Ninguna campaña electoral puede considerarse completa si no se atiende al interior rural de la provincia, donde habitan más de cinco millones de habitantes, muchos de los cuales dependen de la actividad agropecuaria.
Kicillof sabe que en ese terreno "juega de visitante" y que no se enfrente a un auditorio de aplauso fácil. Es por eso que suele desplegar largas listas de medidas que demuestran una gestión orientada al campo.
Por caso, hace tres semanas estuvo en Tandil para presentar un "plan de desarrollo rural" que implica una inversión de $172.875 millones por parte del Estado provincial. "Es un anuncio raro, habla de cosas que ya estamos haciendo", dijo Kicillof, dejando en claro que las medida no estaban motivadas por la presión de las protestas sino que obedecían a una planificación.
Hizo mención a una extensa gama de temas, que van desde créditos productivos y refinanciaciones al agro hasta obras viales e hídricas, pasando por la construcción de frigoríficos, un plan de industrialización de productos primarios, fondos de innovación tecnológica y promoción de pueblos turísticos rurales.
Duros de convencer
Sin embargo, en esta saga de anuncios las cosas no siempre le resultan fáciles a Kicillof. Sin ir más lejos, en el acto de Tandil debió recurrir a la protección policial para evitar encontrarse con una columna de vehículos que querían manifestar su repudio a la presencia del gobernador.
Ya antes había ocurrido otra situación incómoda en Pergamino, donde sí asistió Kicillof pero el presidente Alberto Fernández debió suspender su participación en la inauguración de un tramo vial, porque lo estaba esperando un grupo de productores dispuestos a hacer saber su enojo.
Y, por cierto, es inocultable el dato de que el epicentro de la protesta agropecuaria fue la localidad bonaerense de San Nicolás. Es decir, en su propio terreno. Y allí el mensaje de las gremiales enojadas por las retenciones y los cierres de exportación tuvieron como destinatario no sólo al gobierno nacional sino también al provincial. Después de todo, es a Kicillof a quien se considera uno de los impulsores de las medidas económicas más radicales, y cuenta con ascendencia directa sobre funcionarios como la secretaria de Comercio, Paula Español.
Críticas por izquierda
Pero las críticas al gobernador también llegan "por izquierda". Los grupos sindicales no alineados con el peronismo no sólo consideran insuficientes los recientes anuncios de mejora salarial sino que han denunciado que desde el gobierno provincial se promueve una "precarización laboral" en diversos ámbitos.
Desde la izquierda, se acusa a Kicillof de ofrecer lugares en las listas de candidatos a dirigentes sindicales a cambio de mantener una paz social hasta las elecciones. Entre las principales críticas se apunta a la intención del gobierno provincial de extender la jornada horaria y la pérdida del cobro de horas extras y viáticos.
Con esa queja como consigna, el mes pasado se produjo una manifestación de trabajadores estatales bonaerenses -desde el sector de la salud hasta compañías energéticas- que incluyó un corte al puente Pueyrredón y terminó en enfrentamientos con la policía.
La situación fue aprovechada por los dirigentes de izquierda que aspiran a pelear por incrementar su presencia en la Cámara de Diputados -actualmente de sólo dos bancas-.
"De la demagogia de los aplausos a los palos. Trabajadoras y trabajadores de salud protestan en Puente Pueyrredón cansados del maltrato. Salarios de hambre, precarización laboral, falta de insumos, compañeros muertos por el Covid y encima el gobierno les manda la prefectura", dijo en esa ocasión Nicolás del Caño, dirigente del Frente de Izquierda.
Pero además, Kicillof tampoco se salva de las rispideces con las organizaciones sociales aliadas con el Gobierno. Una primera prueba de ello se vio el año pasado, cuando la muititudinaria toma del predio de Guernica. En esa ocasión, el gobernador polemizó en público con Luis DÉlía, que lo acusó de usar los mismos argumentos de la "derecha salvaje" por referirse a los ocupantes como "intrusos". Y luego, cuando la toma fue desalojada por una operativo policial, volvieron las acusaciones de represión.
Por otra parte, ha habido una relación tensa desde el inicio de la gestión entre los funcionarios bonaerenses y los dirigentes piqueteros por la gestión de la ayuda social para los sectores más indefensos.
"Hay que sacar toda la discrecionalidad a la hora de definir quién percibe un derecho y quién no", fue la sugestiva frase de Andrés "Cuervo" Larroque, ministro de Desarrollo en el gabinete de Kicillof, que evidenció otra pulseada por el reparto del presupuesto asistencial.
En definitiva, el gobernador bonaerense está comprobando lo difícil que resulta tratar de quedar bien con todos. Sobre todo cuando los recursos no alcanzan, a pesar de haber recibido la ayuda del punto de coparticipación que se le sacó a la Ciudad de Buenos Aires en pleno conflicto con la policía. Una ayuda estimada en no menos de $35.000 millones.
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Lo cierto es que la imagen del gobernador está entre las que concitan mayor rechazo de la opinión pública. Una reciente encuesta de la consultora Taquión lo ubica con un 25,5% de aprobación y un 64,6% de evaluación negativa, con el dato adicional de que su imagen empeora entre los más jóvenes.