El arma de doble filo de Rodríguez Larreta: ya empieza a recibir críticas internas por el aumento de impuestos
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Era de manual: después del recorte presupuestario al Gobierno de la Ciudad, el peronismo intentaría hacerle pagar un costo político cuando legara el inevitable momento de subir los impuestos a modo de compensación.
Hay varios antecedentes históricos en ese sentido, por ejemplo cuando en 2012 Cristina Krichner transfirió el subte del ámbito nacional al de la Ciudad, pero lo hizo sin los recursos presupuestarios, y luego llegó la campaña de protesta del kirchnerismo porteño cuando Mauricio Macri subió el precio del boleto del subte.
Ahora, la reacción política no se hizo esperar. Por caso, Leandro Santoro, legislador de la Ciudad por la oposición y uno de los principales asesores del presidente Alberto Fernández a la hora de elaborar la estrategia de comunicación política dio la pauta de cuál será el argumento oficial: el macrismo incurre en la contradicción de criticar el "impuesto a la riqueza" que es un aporte de única vez y sólo afecta a los millonarios, mientras implementa un impuesto al consumo que será permanente.
"La progresividad impositiva es tan importante como la eficiencia del gasto público y la inversión. Aumenten gravámenes ambientales y bajen gastos en publicidad", protestó Santoro. Y la frase ratifica la línea política que empezó hace meses cuando el presidente instaló el debate sobre los privilegios de la "opulenta Ciudad de Buenos Aires" y la necesidad de enmendar injusticias históricas.
Ya en septiembre, cuando se produjo el recorte en la coparticipación (que los economistas de la Ciudad estiman en $53.000 millones que se le sacan a la gestión porteña para auxiliar la caja del gobernador Axel Kicillof), el Presidente había pronunciado una frase sugestiva: "La Ciudad tiene muchos lugares donde puede corregir gastos que pueden esperar. Puede llevar este problema sin ningún inconveniente", planteó el mandatario.
La frase implicaba todo un diagnóstico por parte del Presidente: el hecho de contar con un presupuesto de $480.000 millones y ser el distrito más rico del país lo pone en situación de poder perder de golpe un 7% de los recursos sin que eso genere más complicación que recortar gastos superfluos.
Lo cierto es que la Ciudad ya estaba en "modo austeridad", pero eso, lejos de generar elogios desde la oposición peronista, despertaba críticas. Antes de la pandemia, Buenos Aires proyectaba un equilibrio financiero con déficit cero. Pero el efecto de la cuarentena obligó a Rodríguez Larreta a medidas de emergencia, lo que implicó que el rubro destinado a remuneraciones del personal ejecutó un 15% menos de lo que se había previsto originalmente. Y la oposición kirchnerista "acusó" a Rodríguez Larreta en su celo por el ahorro fiscal, algo que se reflejó en el magro 39% ejecutado sobre los gastos en el primer semestre.
Por caso, un informe del legislador porteño Matías Barrioetaveña, del Frente de Todos, reclamaba que la eximición de ingresos brutos que se dispuso para el sector gastronómico también se extendiera hacia los ámbitos de la cultura y el deporte, y además acusó a Rodríguez Larreta de estar subejecutando lo presupuestado en esas áreas.
"La estrategia de Larreta es simple: dejar que la pandemia impacte en la economía y el trabajo de la ciudad, recostándose únicamente en los aportes del Gobierno nacional (ATP e IFE). De esta manera, se reserva el presupuesto para intervenir cuando comience la recuperación, lo que coincidirá, casualmente, con el inicio del calendario electoral", plantea el legislador kirchnerista.
La búsqueda del "costo político"
Desde el punto de vista kirchnerista, lo que debería hacer Rodríguez Larreta estaba claro: cortar en rubros superfluos (por ejemplo, publicidad de la gestión, un rubro por el cual este año se asignaron oficialmente $1.600 millones) y absorber con una gestión más eficiente la pérdida del punto de coparticipación impositiva.
En otras palabras, recortar obras, publicitar menos y dejar usar la pauta mediática para cuidar las espaldas de jefe de Gobierno.
Pero del otro lado, las cosas se vieron muy diferentes. Primero, Rodríguez Larreta hizo su ofensiva político-judicial al llevar su protesta a la Corte Suprema de Justicia, una situación que lo puso en el centro de la agenda nacional y la ganó la simpatía política.
De hecho, desde ese momento las encuestas de opinión no han dejado de marcar una suba en la estimación a su figura, tanto en la Ciudad como en otras jurisdicciones del país. Por caso, el reciente sondeo de Management & Fit indica que si las elecciones fueran hoy mismo, una mayoría de 48% dice tener intención de votar por alguna corriente opositora, mientras una minoría de 38,5% apoyaría al oficialismo y un 13,5% no responde. Esto revela, en principio, que desde hace un año el Gobierno perdió diez puntos de apoyo en su propia base electoral.
Pero el detalle más llamativo es que mientras Alberto Fernández tiene un nivel de desaprobación de 50,4%, Rodríguez Larreta ostenta una contundente aprobación del 67,1%, e incluso se ha registrado un descenso de cinco puntos en las opiniones negativas desde septiembre cuando se produjo la polémica por el reparto del presupuesto.
Más aun, Rodríguez Larreta supera en popularidad a otras figuras de la oposición, tales como Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Martín Lousteau.
En ese marco fue que Rodríguez Larreta tomó la decisión de hacer lo opuesto a lo que el kirchnerismo le exigía: la victimización generada por el recorte en la coparticipación fue interpretada en la mesa chica del jefe porteño como una oportunidad para la suba de impuestos sin que existiera el riesgo de un rechazo masivo por parte de la sociedad.
Tijera y estrategia
Para el 2021, la estimación de gastos se estima en $612.643 millones, pero con un total de recursos por $587.568 millones, lo que proyecta un resultado financiero deficitario en $25.074 millones.
Es decir, el presupuesto implica una suba en pesos de 27% respecto del que se había diseñado hace un año, mientras en ese período la inflación se estima en 35%. Lo cual, en los hechos implica que efectivamente habrá un recorte, especialmente en rubros como obras públicas.
El ministro de Finanzas porteño, Martín Mura, dijo que se incluyó "una reducción en los gastos de administración del Estado, con la baja de alquileres de las oficinas públicas y el impulso del teletrabajo", lo cual, adelantó, "va a afectar las negociaciones paritarias del próximo año". Pero justificó como inevitable la búsqueda de nuevos ingresos, en los rubros que hoy están generando una fuerte polémica política: la eliminación de las exenciones a las operaciones con Leliqs y de pases, y un nuevo impuesto a los sellos para las compras con tarjetas de crédito.
La decisión de Rodríguez Larreta estuvo además motivada por otra razón adicional: en septiembre, cuando Alberto Fernández le había mandado un mensaje de Whatsapp que decía "Quedate tranquilo que vamos a resolver estos problemas de otro modo", había corrido la especulación de que el Gobierno nacional estaba dispuesto a compensar a la Ciudad a través de la cesión de terrenos fiscales que el jefe porteño podría vender.
Sin embargo, en los últimos días quedó en evidencia que tampoco hay una vocación del peronismo por facilitarle esa salida a la Ciudad, dado el fuerte rechazo que generó la reclasificación de los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco, donde Rodríguez Larreta prevé realizar desarrollos inmobiliarios en manos privadas.
El reciclado debate sobre la privatización de espacios públicos tuvo un inexorable tono político. El argumento de la Ciudad es que, en realidad, tal como están las cosas hoy esos terrenos tienen un uso 100% privado, mientras que con los nuevos proyectos habrá un uso mixto, además de permitirle a la Ciudad un ingreso extra.
Pero lo que en todo caso evidencia el debate es que el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires hace rato que dejó de ser un tema técnico para transformarse en una cuestión política de primer orden. Tal como lo había insinuado la propia Cristina Kirchner, desde el día en que acompañó la asunción de Fernando Espinoza como intendente en La Matanza, que hacía pocos días había sufrido una de sus tradicionales inundaciones.
"Hay una asignación de recursos muy desigual, profundamente injusta e inequitativa. Desde hace tiempo, la Capital concentró riquezas postergando al resto de la periferia", había dicho la vicepresidenta, dejando en claro la línea discursiva: si hay problemas en el conurbano es porque alguien se queda con los recursos que le corresponderían si hubiese justicia en el reparto. Así, apuntó claramente contra el gobierno porteño, porque en la Ciudad, "hasta los árboles tienen luz y agua, te rompen la vereda y ponen baldosas más brillantes; mientras, en el conurbano tenemos a los bonaerenses chapateando en agua y barro".
El peligro del efecto boomerang
Desde el punto de vista de Rodríguez Larreta, lo que está realizando tiene lógica. Si no hiciera el intento de mejorar los ingresos, sería que dar tácitamente la razón a quienes lo acusaban de tener recursos de más y gastar en rubros superfluos.
Así, sus gestos políticos intentan transmitir que trata de compensar un recorte en la coparticipación, se defiende de lo que interpreta como un ataque político y encima obtiene un rédito de imagen por ello. No por casualidad, uno de los argumentos preferidos de la dirigencia "larretista" es que el kirchnerismo incurre en una contradicción al criticarle impuestos que ya existen en otras provincias gestionadas por el peronismo, incluyendo a la propia Buenos Aires de Kicillof.
Sin embargo, esa actitud es una arma de doble filo que le podría implicar costos políticos al jefe de gobierno porteño. Ocurre que, si bien recibió una fuerte corriente de simpatía cuando el Gobierno le recortó los recursos, eso no necesariamente implica que los porteños vayan ahora a justificar las subas de impuestos.
Más bien al contrario, ha sido trending topic en las redes la crítica por el impuesto al gasto con tarjeta de crédito, lo cual ha generado incluso un incipiente movimiento de rebelión fiscal consistente en solicitarle a los bancos el cambio de domicilio, para hacerlo figurar en una provincia que no aplique ese gravamen.
La Ciudad está respondiendo con comunicaciones en las cuales hace constar legalmente los domicilios de los porteños, por la vía del envío de mails, un hecho que está generando protestas.
Pero, sobre todo, el riesgo de Rodríguez Larreta es el de la equiparación con el kirchnerismo. Porque si bien es cierto que en el Gobierno puede haber contradicción y doble discurso al justificar o fustigar impuestos según quién los aplique, algo similar está ocurriendo en la Ciudad.
La eximición del impuesto a las Leliq había ocurrido en pleno debate respecto de si correspondía o no aplicar un impuesto a la renta, algo que la mesa chica macrista en su momento fustigaba y había bautizado como "impuesto al ahorro".
Además, la suba impositivo ocurre en un contexto de intenso debate nacional sobre la presión tributaria que realiza el gobierno en el plano nacional y también las gestiones provinciales. El ala opositora más identificada con posturas liberales ha tomado el tema como una de sus principales banderas y no es raro ver cómo ese debate se cuela en los debates mediáticos y en las manifestaciones opositoras.
En ese marco, una suba de impuestos puede ser intepretada por parte de la base electoral kirchnerista como una "ruptura del contrato" político.
Es así que, al mismo tiempo que las encuestas lo muestran como el político más popular, Rodríguez Larreta incurre en una política tributaria que lo emparenta con el peronismo gobernante. Un arma de doble filo, cuyo daño político todavía no se ha visto en su plena intensidad.